El más reciente informe de International Tax Competitiveness Index 2024, elaborado por la Tax Foundation, ubicó a Colombia en la última posición entre los 38 países de la OCDE, con un puntaje de 45,7 sobre 100. Mientras Estonia lidera el ranking como respuesta a un sistema tributario simple, competitivo y neutral, Colombia refleja la cara opuesta: un esquema tributario complejo, fragmentado, poco eficiente y cargado de distorsiones, que desincentiva la formalización y limita la competitividad internacional. Este resultado no es solo una estadística desfavorable, sino la evidencia de una estructura tributaria que ha dejado de ser un instrumento para impulsar la productividad y la inversión, convirtiéndose en una señal que ralentiza el desarrollo económico.
Las causas de esta posición son diversas. Por un lado, la fragmentación entre impuestos nacionales, departamentales y municipales crea una arquitectura poco coordinada, con aparente duplicidad de gravámenes y trámites excesivos que elevan los costos de cumplimiento. Este entorno genera un clima de negocios poco atractivo para el sector productivo, que enfrenta cargas administrativas que no se corresponden con ganancias en eficiencia fiscal. A ello se suma una tasa efectiva elevada: aunque las tarifas nominales no difieren drásticamente de las de otros países, la permanencia de tributos como el ICA, el 4x1000 o las sobretasas incrementa sustancialmente la carga final para empresas y ciudadanos. El componente corporativo es el más crítico, ubicando al país en la última posición dentro de este subíndice y reflejando un escenario en el que la formalización empresarial resulta poco atractiva frente al costo tributario que implica, discusiones que se han profundizado a la hora de pensar en la alta informalidad que tiene el país.
Otro factor que explica la baja competitividad tributaria es la debilidad en las reglas transfronterizas. Aunque Colombia cuenta con acuerdos de doble tributación, en la práctica persisten costos adicionales y barreras que limitan la neutralidad de su sistema frente al comercio y la inversión internacional. Esta situación reduce la capacidad del país para atraer capitales extranjeros y genera desventajas comparativas frente a mercados con sistemas más flexibles. La inseguridad jurídica también juega un papel central: en las últimas dos décadas se han aprobado más de 15 reformas tributarias, cada una con cambios significativos en tarifas, bases gravables y beneficios. Esta constante modificación de reglas deteriora la confianza de los inversionistas y dificulta la planeación de largo plazo, un elemento esencial para fomentar proyectos productivos sostenibles.
Es así como el reto para el Gobierno Nacional entrante será avanzar hacia un proceso de reforma estructural que permita construir un sistema más competitivo y neutral. Esto implica, en primer lugar, simplificar el sistema integrando tributos nacionales y territoriales para reducir la duplicidad de cargas y mejorar la coordinación institucional. También resulta clave ampliar la base tributaria mediante la lucha efectiva contra la evasión y la informalidad, de modo que la carga no recaiga en un grupo reducido de contribuyentes. Revisar las tarifas corporativas y las sobretasas se convierte en una condición necesaria para equilibrar la tributación entre empresas y personas naturales, reduciendo así los desincentivos a la inversión. Además, se requiere estabilidad normativa, con reglas claras y horizontes de mediano y largo plazo que fortalezcan la confianza, así como una modernización digital de la administración tributaria que haga más ágil, transparente y menos costoso el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Aunque el panorama nacional luce complejo, hay señales alentadoras en el ámbito territorial. Existen municipios que han empezado a alinear sus estrategias tributarias con el propósito de simplificar estatutos, otorgar incentivos a la formalización y atraer inversión hacia sectores estratégicos como las energías limpias y la innovación tecnológica. Estas experiencias muestran que es posible avanzar hacia esquemas más competitivos sin sacrificar la sostenibilidad fiscal, y que la tributación puede convertirse en un instrumento de desarrollo y dinamización de las economías locales. Si estas iniciativas logran escalar y articularse con una reforma nacional más profunda, Colombia tendría la posibilidad de mejorar su percepción internacional, atraer mayor inversión y abandonar la posición rezagada que hoy ocupa en competitividad tributaria.
De permanecer en el último lugar del ranking, el país mantendrá un “marcación” que limitará su competitividad y afectará su senda de crecimiento económico. Sin embargo, si se logra consolidar un sistema tributario más estable, coordinado y eficiente, Colombia no solo podría mejorar su posición en la OCDE, sino también abrir un camino hacia un modelo fiscal que contribuya de forma decidida al desarrollo económico y social en el largo plazo. Este lugar se convierte en un buen medidor del esfuerzo tributario al que se enfrentará el próximo gobierno; por ende, desde la perspectiva tributaria, se convierte en un foco de interés para evaluar las políticas públicas.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
