En las últimas décadas, Manizales ha dejado de crecer sólo hacia el centro de la ciudad. Hoy, cada vez más familias deciden abandonar el centro urbano para instalarse en las periferias, atraídas por la promesa de aire más limpio, paisajes verdes, tranquilidad, seguridad y un estilo de vida más exclusivo. Este fenómeno, conocido como contraurbanización, no es simplemente un cambio en la dirección del crecimiento de la ciudad, sino que se convierte en un reordenamiento profundo de su estructura social, económica y ambiental.
A lo largo del siglo XX y principios del XXI, Colombia vivió un acelerado proceso de desarrollo urbano. La transición de la población rural a la urbana, las inversiones en infraestructura y los cambios en los modos de vida impulsaron la expansión de las ciudades. En el caso de Manizales, los años 80 y 90 fueron claves: la expansión industrial y las mejoras en la infraestructura vial intensificaron la urbanización y extendieron la ciudad hacia nuevas áreas; sin embargo, en las últimas dos décadas, la tendencia ha cambiado; hoy, la expansión se dirige principalmente hacia zonas suburbanas y rurales, generando transformaciones que van más allá del trazado físico de la ciudad.
En lugares como La Florida, San Peregrino, La Trinidad, El Bajo Tablazo, La Cuchilla del Salado, La Siria, El Alto del Naranjo, La Linda, Cerro de Oro, La Alhambra y El Arenillo, antes predominantemente rurales o agrícolas, han surgido nuevos barrios residenciales; muchos de ellos se caracterizan por conjuntos cerrados y desarrollos inmobiliarios orientados a las clases medias y altas. Estos proyectos ofrecen amenidades modernas como parques, gimnasios, zonas recreativas y centros comerciales que responden a las aspiraciones de un sector de la población que busca alejarse de las problemáticas urbanas sin renunciar a la comodidad.
La autosegregación es una de las consecuencias más visibles de esta dinámica, ya que grupos sociales con características socioeconómicas similares tienden a agruparse en estos nuevos desarrollos, reduciendo la diversidad social y limitando la interacción entre diferentes sectores. Esto no solo incrementa la fragmentación urbana, sino que también fortalece las desigualdades y genera espacios de exclusión.
La oferta inmobiliaria desempeña un papel central en este proceso. Constructoras y desarrolladores privados han identificado un nicho de mercado en las periferias, comprando terrenos estratégicos, muchas veces sin planificación integral, para ofertar proyectos de alto valor; esto alimenta la especulación inmobiliaria, elevando los precios del suelo y desplazando a las poblaciones que no pueden asumir los costos. Lo que comienza como una oportunidad de crecimiento se convierte en un ciclo que acelera la gentrificación y restringe el acceso a la vivienda en determinadas zonas.
Este modelo de expansión también tiene impactos ambientales significativos, dado que la presión por construir en áreas de alto valor paisajístico o ambiental implica en ocasiones deforestación, pérdida de biodiversidad y afectación de ecosistemas estratégicos. La transformación de suelos agrícolas en residenciales reduce la capacidad de producción local y altera el equilibrio ecológico; además, el aumento de la población en zonas periféricas genera demandas adicionales de agua, energía, transporte, salud y educación, muchas veces sin que la infraestructura existente pueda responder adecuadamente.
La tradicional dicotomía entre lo urbano y lo rural se está desdibujando. Las periferias ya no son espacios exclusivamente agrícolas ni zonas de transición: son nuevos polos de desarrollo, pero también escenarios donde se acentúan las tensiones entre el crecimiento económico, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.
En este sentido, si la contraurbanización y la autosegregación continúan sin un marco de planificación riguroso, Manizales podría enfrentar un crecimiento desordenado y poco inclusivo. El riesgo no es solo la pérdida de áreas verdes o la presión sobre los servicios públicos; también está en juego la cohesión social, ya que una ciudad fragmentada, con construcciones exclusivas aisladas del resto, limita la movilidad social y dificulta la construcción de un tejido comunitario sólido.
Frente a este panorama, es urgente que la planificación urbana incorpore criterios que integren lo social, lo económico y lo ambiental. Se requiere un modelo de expansión que no solo responda a la demanda inmobiliaria, sino que también garantice acceso equitativo a la vivienda, preserve los ecosistemas y promueva la integración entre comunidades, porque lo que está en juego no es únicamente la forma física de la ciudad, sino la posibilidad de que sus habitantes puedan convivir y prosperar en un territorio compartido.
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