Colombia tiene una habilidad particular: la de convertir cada elección en una batalla existencial. No se vota por un programa de gobierno; se vota contra el otro. No se discute el futuro del país; se define, una vez más, cuál de las dos Colombias tiene derecho a existir. Y cuando termina la jornada electoral, el bando perdedor empieza a prepararse para recuperar lo que considera suyo. Así llevamos casi dos siglos.
A esa dinámica se le puede llamar de muchas maneras. Quizás, bipartidismo es la más precisa, porque captura algo que va más allá de los partidos políticos: una estructura mental, casi cultural, que divide el país en dos bandos irreconciliables y convierte la política en una guerra de baja intensidad permanente. Los nombres cambian. Los colores cambian. Pero la lógica es la misma desde el siglo XIX.
El bipartidismo colombiano no nació en las urnas, sino en los campos de batalla. Como documenta David Bushnell (1994) en “Colombia: una nación a pesar de sí misma”, el siglo XIX colombiano fue una larga secuencia de guerras civiles entre liberales y conservadores, en un contexto de estancamiento socioeconómico y clericalismo radical. No eran conflictos menores: eran disputas sobre el tipo de país que queríamos ser. Centralismo contra federalismo. Iglesia contra Estado laico. Libre comercio contra economía protegida. Las ideas importaban, pero lo que estaba en juego era el control total del Estado, y quien lo perdía quedaba a merced del ganador.
La lógica era simple y devastadora: cada vez que un bando llegaba al poder, su primera tarea era deshacer lo que había hecho el otro. La Constitución de 1886, obra de Rafael Núñez y los conservadores, no fue un pacto nacional: fue una declaración de victoria. Centralizó el poder, entregó la educación a la Iglesia y restringió las libertades que los liberales habían consagrado. Cuando los liberales recuperaron el poder décadas después, hicieron lo propio. No había un proyecto de país compartido. Había dos proyectos incompatibles peleando por el mismo territorio.
El siglo XX heredó esa fractura y la convirtió en masacre. La llamada Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo en los años 30 intentó modernizar al país con reformas agrarias, laborales y educativas. Pero cuando los conservadores recuperaron el poder en 1946, la prioridad no fue construir sobre lo avanzado: fue revertirlo. El país no supo acumular. Solo supo pelear.
El resultado fue La Violencia: entre 1948 y 1958, Colombia vivió una guerra civil no declarada que costó entre 200.000 y 300.000 vidas. No fue una anomalía histórica ni un accidente. Fue la consecuencia lógica de décadas de odio partidista transmitido de padres a hijos, de comunidades enteras identificadas por su color político, de una cultura que había normalizado la idea de que el adversario no era un compatriota con ideas distintas sino un enemigo que debía ser eliminado.
El Frente Nacional (1958–1974) intentó ponerle freno a esa barbarie con un pacto entre élites: liberales y conservadores se repartirían el poder durante dieciséis años. Funcionó en lo inmediato, pero consolidó algo igualmente problemático. Como describe Caballero (2018), aquel fue un pacto de olvido que dejó el Estado “paritaria y milimétricamente distribuido, con exclusión de todo quien no fuera conservador o liberal”. De esa exclusión surgiría la violencia venidera: las FARC, el ELN, el EPL, el M-19. El bipartidismo dejó de matarse entre sí, pero fabricó las condiciones para medio siglo más de guerra.
En el siglo XXI, el eje del conflicto se desplazó. Ya no hubo un Partido Liberal y un Partido Conservador dominantes en su sentido clásico. Hoy tenemos nuevos partidos, pactos y protagonistas, etiquetados por la prensa como derecha e izquierda, establecimiento y cambio. Los rótulos son distintos, pero los preceptos que se disputan son sorprendentemente parecidos a los del siglo XIX.
En un lado: mano dura en seguridad, defensa irrestricta del capital privado, alineamiento con las potencias del norte, desconfianza frente al Estado como agente de desarrollo. En el otro: inversión pública como motor del bienestar, reforma agraria pendiente, renegociación de los términos con el gran capital, búsqueda de soberanía en política exterior. Son debates legítimos y necesarios. El problema no es que existan: el problema es que se libran como si el que pierde dejara de tener derechos, y como si el que gana tuviera licencia para empezar desde cero.
Esa lógica produce un efecto perverso: cada gobierno llega convencido de que su tarea principal es desmantelar lo hecho por el anterior. Y el siguiente hará lo mismo. Colombia no acumula; oscila. Avanza cuatro pasos en un período, retrocede tres en el siguiente, y dedica el tiempo restante a pelear sobre si los avances fueron reales o los retrocesos fueron necesarios.
El costo más alto: debatir lo que ya está resuelto
Quizás la consecuencia más absurda del eterno bipartidismo es que nos obliga a gastar energía política defendiendo derechos que ya están establecidos. La Constitución de 1991 fue un pacto extraordinario. Reconoció la diversidad étnica y cultural del país, consagró derechos sociales fundamentales, creó mecanismos de protección ciudadana como la tutela, y estableció un Estado Social de Derecho que comprometió al país con la garantía de condiciones mínimas de dignidad para todos sus ciudadanos. Eso no fue un capricho de izquierda: fue el consenso más amplio que Colombia ha logrado en su historia.
35 años después, seguimos debatiendo si ese pacto vale. Si la tutela es un exceso judicial o una garantía esencial. Si los derechos sociales son un lujo que el país no puede pagar o una obligación que el Estado debe honrar. Si la educación pública es un derecho o un servicio que debe abrirse al mercado. Mientras peleamos esas batallas —que deberían estar saldadas— no tenemos tiempo ni energía para las preguntas que realmente definen el futuro: ¿Cómo nos insertamos en una economía global que ya no necesita la mano de obra que tenemos? ¿Cómo preparamos al país para la transición energética? ¿Cómo construimos ciudades que no colapsen en 50 años? ¿Qué tipo de país queremos ser en 2050?
Esas preguntas requieren debates largos, técnicos, complejos y transversales a las ideologías. Requieren que distintas fuerzas políticas sean capaces de sentarse a construir juntas, aunque tengan visiones distintas sobre el papel del Estado o el modelo económico. Pero el bipartidismo no deja espacio para eso. Cuando todo se convierte en una batalla existencial entre dos bandos, el horizonte se achica. Solo cabe el presente, y en el presente solo cabe la pelea.
La pregunta que no nos hacemos
Las elecciones de 2026 volvieron a confirmar el patrón: un país partido casi exactamente por la mitad, donde el resultado dependió menos de un proyecto de futuro que de la intensidad del rechazo al bando contrario. La mitad que ganó votó, en gran medida, contra lo que representaba el gobierno saliente. La mitad que perdió votó, en gran medida, para defenderlo. En ese escenario, el ganador llega al poder con un mandato de reacción, no de construcción.
El riesgo no es que Colombia elija mal. El riesgo es que Colombia siga sin hacerse la pregunta correcta. No quién gobierna, sino para qué. No qué deshacemos, sino qué construimos. No cómo derrotamos al otro bando, sino cómo convertimos los avances de una generación en la base de la siguiente.
Mientras el eterno bipartidismo siga dictando los términos del debate, Colombia continuará exactamente donde ha estado desde el siglo XIX: avanzando lo suficiente para no quedarse quieta, pero muy poco para llegar a algún lado.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
Referencias
Bushnell, D. (1994). Colombia: una nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos hasta nuestros días (3.ª ed.). Planeta.
Caballero, A. (2018). Historia de Colombia y sus oligarquías (1498–2017). Crítica.
