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Análisis - Motocicletas en Colombia: entre la economía y la sostenibilidad* - Juan Manuel Aristizábal

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Recientemente en el Diario La República se publicó que, según la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en febrero 2025 la venta de motocicletas nuevas aumentó 25,45% en Colombia, con más de 80 mil unidades vendidas. Esta cifra seguramente pasa desapercibida entre una cantidad de información estadística que se produce periódicamente sobre la actividad económica y empresarial en el país, pero es un hecho de percepción cotidiana de las personas y que refleja un significativo crecimiento del parque de motocicletas en Colombia en los últimos años.

 

De acuerdo con la ANDI, las motocicletas se han consolidado como un medio de transporte clave para la movilidad de gran parte de la población, especialmente en ciudades y áreas metropolitanas intermedias, en las que 1 de cada 6,7 colombianos usa la motocicleta para transportarse, con más de 50 millones de viajes diarios de todos los motociclistas en el país. Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE en el 2023, la distribución de motocicletas en el país varía considerablemente entre departamentos, reflejando patrones de urbanización, niveles de ingreso y estructura del mercado de trabajo.

 

De acuerdo con la ANDI, el crecimiento de las motos en Colombia obedece a que estas ofrecen un transporte eficiente para los individuos en términos de tiempos más reducidos para los viajes, fundamentalmente en ambientes urbanos. A su vez, estos vehículos tienen comparativamente un bajo precio de compra, lo que, en combinación con una buena economía de combustible y bajos costos de mantenimiento, ofrece a los conductores un medio económico y eficiente de gran movilidad.

 

Revisando el número absoluto de motocicletas por departamentos en Colombia, se observa una alta concentración en regiones con dinámica económica intensa y densidad poblacional elevada, como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, en contraste con los departamentos de menor desarrollo urbano y económico que exhiben un menor número de motocicletas.

 

Según datos de la ECV-DANE 2023, la motocicleta logró establecerse en más de 4,1 millones de hogares colombianos, y más del 15% de esos hogares, en los estratos 2 y 3, tenían más de uno de estos vehículos. Desde una perspectiva económica, la expansión de las motocicletas ha generado impactos relevantes, dinamizando la economía local a través del incremento en la demanda de repuestos, combustibles y servicios de mantenimiento, y, adicionalmente, el acceso a una moto seguramente ha permitido el desplazamiento para inserción laboral a una gran cantidad de personas, incluyendo las actividades realizadas con el transporte asociado, como el mototaxismo en unas regiones en particular y los servicios de domicilio extendidos por todo el país.

 

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Figura 1. Número de motocicletas por departamento en Colombia (en miles) 2023.

Fuente: elaboración propia con base en DANE (ECV-2023).

 

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Figura 2. Índice de penetración de motocicletas por departamento en Colombia (número de motos por cada 100 mil habitantes) 2023.

Fuente: elaboración propia con base en DANE (ECV-2023).

 

Sin embargo, este fuerte crecimiento plantea retos en términos de regulación, movilidad urbana, seguridad vial, formalización laboral y sostenibilidad ambiental, que en la mayoría de las administraciones municipales no se están discutiendo con seriedad, desde una óptica de planeación para el desarrollo territorial. 

 

El incremento en el uso de motocicletas presenta desafíos ambientales-urbanos, ya que, si bien estos vehículos consumen menos combustible que los automóviles particulares, su eficiencia energética depende de factores como el tipo de motor y la calidad del combustible utilizado.

 

En ciudades con altos niveles de congestión, el uso masivo de motocicletas contribuye a la emisión de contaminantes atmosféricos y al deterioro de la calidad del aire. Además, el aumento del parque de motocicletas ha estado acompañado de un aumento en los accidentes de tránsito, lo que impone costos significativos sobre el sistema de salud y la seguridad vial.

 

Para abordar estos desafíos, es necesario diseñar estrategias integrales de movilidad que incluyan incentivos para la transición hacia motocicletas híbridas y eléctricas, y, en paralelo, regulaciones que mejoren la seguridad de los conductores. También se requiere fortalecer la infraestructura para estos vehículos de transporte, incluyendo espacios de parqueo y vías especializadas que reduzcan la interacción riesgosa con otros actores viales, sumada a unos patrones de conducta cultural. La expansión de sistemas de transporte públicos integrados, accesibles y eficientes podría reducir la dependencia de las motocicletas en ciertas regiones y segmentos de población, mejorando la sostenibilidad global del sistema de movilidad en el país.

 

El Estado no debería quedarse con una posición pasiva frente a los cambios de consumo de la población, lo cual no invita a limitar ese tipo de libertades, sino a ser un agente de desarrollo que genere discusiones en torno a las problemáticas económicas, sociales y ambientales de los individuos y colectivos, que proponga entornos de solución articulados con el sector privado para mitigar los potenciales efectos negativos de las actividades y generar nuevas sinergias de comportamiento que promuevan el bienestar integral de la población y el hábitat territorial.

 

 

*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.  

 

 

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