El mercado laboral colombiano enfrenta desafíos complejos que afectan especialmente a la población juvenil. A pesar de los avances en educación y formación, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo una de las más altas del país, lo que evidencia una brecha preocupante en las oportunidades para los jóvenes. El informe del DANE correspondiente al trimestre junio-agosto 2024 resalta que la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 17,8%, una cifra significativamente superior a la tasa de desempleo general, que fue del 9,7%. Este dato refleja las múltiples dificultades que enfrenta este segmento de población al intentar integrarse al mercado de trabajo, en un contexto de desigualdad socioeconómica, informalidad laboral y falta de experiencia.
Según el DANE, más del 55% de los jóvenes empleados en el país se encuentran trabajando en el sector informal, lo que implica que no cuentan con acceso a un trabajo con ingresos y beneficios propios del sistema de protección social, creando un ciclo de precariedad que limita las oportunidades de expansión de libertades para el desarrollo profesional y personal de la juventud. A lo anterior se suma el desajuste entre las habilidades adquiridas en el sistema educativo y las exigencias del mercado, donde los jóvenes no encuentran un empleo relacionado directamente con sus estudios, y, en consecuencia, terminan ocupándose en perfiles por debajo de su nivel educativo y expectativas personales. En efecto, más del 35% de los jóvenes con educación superior trabajan en empleos que no requieren dicha formación, lo que genera frustración y subempleo, además de una percepción negativa del valor agregado de la educación.
Desde la perspectiva de la desigualdad, las mujeres jóvenes enfrentan un mayor obstáculo. Durante el mismo trimestre, la tasa de desempleo juvenil femenina fue del 22%, frente al 14% en los hombres, reflejando tanto las dificultades que enfrentan las mujeres en su inserción laboral como los obstáculos culturales y sociales que perpetúan la desigualdad de género en el mercado de trabajo. Esto evidencia una exclusión estructural que requiere atención urgente en términos de políticas públicas inclusivas.
Por otro lado, una proporción significativa de la población joven se encuentra ausente de actividad en la fuerza laboral, particularmente en un fenómeno preocupante de no estudiar ni trabajar. Según datos del mismo trimestre, el 22,8% de los jóvenes en edad de trabajar se encuentra en esta situación, con mayor incidencia en las mujeres, con un 15,1% en comparación con el 7,6% en los hombres. Sobre esto, existen factores multidimensionales para analizar: recursos económicos para acceder a educación, asesoría, orientación y capacitación formativa y vocacional-laboral, responsabilidades de cuidado de familiares o de hogar, motivaciones generacionales, entre otros.
Este panorama requiere políticas públicas que no solo busquen generar empleo, sino que también se centren en mejorar su calidad y garantizar inserción a los grupos más vulnerables, donde la relación entre el aparato productivo, el sistema de educación y las instituciones y programas de apoyo socioeconómico tienen un rol de promoción fundamental en su articulación. Es fundamental por ejemplo impulsar programas de formación que aborden habilidades demandadas por las empresas, como competencias digitales, habilidades interpersonales y conocimientos técnicos en áreas estratégicas; fomentar el emprendimiento a través del acceso a financiación, capacitación y redes de apoyo; y continuar con los incentivos a la contratación formal de jóvenes por medio de beneficios fiscales para las empresas.
El desempleo juvenil en Colombia es un reto económico, político, social, cultural e institucional, y para lograr hacer los cambios previstos y otros no mencionados, es necesaria la colaboración entre los sectores público, privado y educativo. Las instituciones educativas deben generar una oferta de formación que responda a las tendencias actuales y emergentes del mercado laboral en un contexto de cambio; las empresas gestionar los espacios de capacitación y empleo para los jóvenes, así como la retroalimentación con las instituciones de educación media y superior; y el Gobierno garantizar redes de articulación y coordinación de iniciativas, programas y proyectos que faciliten la transición de los jóvenes desde la educación hacia el trabajo, buscando su fluidez en la inserción e integración laboral y la consecución de un trabajo digno y decente. A largo plazo, se esperaría que este círculo virtuoso contribuya a reducir la desigualdad y a generar un mercado laboral más inclusivo y dinámico, donde las oportunidades sean accesibles para un mayor número de jóvenes, independientemente de sus características individuales.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
