Hasta el 31 de mayo del año 2025, algunas empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán presentar informes de sostenibilidad ambiental por el ejercicio del año anterior, acatando la Circular Externa 100-000010 de 2023, derivada de la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Colombia Potencia Mundial de la Vida"', donde se estipula claramente como objetivo “propiciar el desarrollo sostenible y la competitividad del país…”.
Si bien existe una buena intención en la materia, la Superintendencia de Sociedades no remite una estructura específica del informe a presentar y deja libres a las empresas para aplicar reportes de sostenibilidad bajo algún estándar internacional reconocido (Numeral 6.2.2 Anexo 1, Circular Externa 100-000010) que dé cuenta de la “Debida diligencia en las operaciones y relaciones de negocios” (Ibid., 6.2.1). Con el propósito de garantizar el proceso, estos reportes deberán expresar:
1. Evidencia de la evaluación y alcance de actividades realizadas por la organización en lo referente a la sostenibilidad ambiental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2. Un adecuado sistema de gestión de riesgos que ayude a la organización a evaluar los diferentes impactos ambientales que la actividad empresarial genera.
3. Evidencia del seguimiento a los distintos procesos de mitigación, prevención y reducción de impactos negativos en términos ambientales o los que pudiesen llegar a suceder.
Frente a este nuevo requerimiento, puede existir una interpretación de algunos sectores de que esto será un aspecto más por cumplir y del poco impacto sobre la dinámica interna de la empresa y su rol en el entorno social y ambiental. Frente a esto, surge una pregunta sustancial: ¿Cuál es la relación entre los reportes de sostenibilidad y la competitividad empresarial?
Para responder a la pregunta, hay que recordar que, a propósito de la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia…”, se afirmó que con el advenimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se contribuiría a mejorar “la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial…” (Artículo 1), lo cual se ha cumplido parcialmente, teniendo presente que la competitividad empresarial es un proceso complejo y multidimensional de mediano y largo plazo, donde los mecanismos de representación, medición y valoración contable se han utilizado para generar información hacia los inversionistas, pero quizás su uso hacia los demás grupos de interés aún es limitado, mostrando las debilidades de dichas exigencias de información, pero también sus oportunidades.
Es importante mencionar que los reportes de sostenibilidad generalmente no implican un interés genuino por atender las expectativas, necesidades y requerimientos de los distintos grupos de interés (Moratis Brandt, 2017) y se usan como mecanismos de legitimación social (Manetti, 2011). Pero, en un contexto nacional, si se hace una revisión del Índice de Competitividad Departamental (IDC) del Consejo Privado de Competitividad (2024a), se evidencia que el departamento de Caldas registró una leve mejoría en su resultado global, posicionándose en el puesto 6 entre 32 departamentos y Bogotá como distrito capital. Entre los 13 pilares, se resaltó el desempeño de Caldas en salud, educación superior, innovación y TIC, mientras que entre los aspectos por mejorar estuvieron: entorno para los negocios, educación básica y media, sistema financiero y sostenibilidad ambiental.
Este último pilar se mide a partir de seis indicadores distribuidos en dos subpilares: activos naturales y gestión ambiental y del riesgo, dentro de los cuales existe un indicador que hace referencia a negocios verdes, y alcanzó un puntaje de 1,82, ubicándose en el puesto 26 entre 33, refiriéndose a la proporción del tejido empresarial en el departamento que se dedica a líneas de negocio verdes sobre el total nacional, lo cual alcanza una cifra del 3,9% según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Una coyuntura similar tiene Manizales, que según el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) del Consejo Privado de Competitividad (2024b), alcanzó un puntaje de 1,96 y un puesto de 24 entre 32 ciudades del país.
Si bien este es un indicador aproximado, no perfecto, de la medición de la sostenibilidad ambiental empresarial en el territorio, es relevante tener presente que es un tema con gran impacto para la generación de valor agregado responsable en el Siglo XXI, y lo será con mayor fuerza a través de los años, siendo un componente fundamental de la sostenibilidad empresarial y ambiental, en un círculo virtuoso del proceso de desarrollo. En este sentido, los informes de sostenibilidad se convierten en una oportunidad estratégica para representar, medir, comunicar y evidenciar esta generación de valor económico, social y ambiental.
La relación entre competitividad empresarial y reportes de sostenibilidad dará cuenta en términos de lenguaje, comunicación y representación, de los impactos ambientales derivados de la actividad económica privada y de los mecanismos de mitigación medioambiental que integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Esto se corrobora con los estudios empíricos de relación confirmatoria entre creación de valor sostenible (CVS) y desempeño organizacional (Acosta Prado & Gómez Sánchez, 2023; Yang et al., 2017; Laukkanen & Tura, 2020; Hart et all., 2003; Figge & Hahn, 2004; Hart & Milstein, 2003; Rosca et al, 2017; Bocken et al, 2014; Geissdoerfer et al, 2017).
Los informes de sostenibilidad serán de carácter obligatorio para las pequeñas y medianas empresas en el corto plazo, y, posiblemente, estas no están preparadas para enfrentar los retos de la medición, valoración y representación de sus acciones o actividades medioambientales, su impacto a los grupos de interés y sus implicaciones en la competitividad de sus negocios y su entorno territorial. Esta tarea será un reto académico, privado, institucional y social, y si bien el departamento de Caldas tiene posiciones comparativamente positivas en competitividad, las mediciones cercanas a la sostenibilidad ambiental de las empresas parecieran estar lejos de involucrar en su andamiaje productivo la responsabilidad ambiental que les corresponde para generar valor social, ambiental y económico que redunde en el bienestar general de la población.
El compromiso, no solamente de ley, con la construcción de los informes de sostenibilidad empresarial, contribuye significativamente a tener nuevas discusiones territoriales sobre la competitividad y el rol del sector privado en la sostenibilidad, y a revisar como sociedad las iniciativas para esforzarnos en ayudar en ese proceso a las unidades productivas más pequeñas, avanzando en sistemas de información pertinentes para la toma de decisiones.
Referencias bibliográficas
Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P. & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42-56.
Colombia, Congreso de la República, Ley 2294 de 2023, Numeral 4 del Artículo 30.
Consejo Privado de Competitividad (2024a). Índice Departamental de Competitividad 2024. Universidad del Rosario.
Consejo Privado de Competitividad (2024b). Índice de Competitividad de Ciudades 2024. Universidad del Rosario.
Figge, F. & Hahn, T. (2004). Sustainable value added—measuring corporate contributions to sustainability beyond eco-efficiency. Ecological Economics, 48(2), 173-187.
Función Pública. Ley 1314 de julio de 2009.
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P.& Hultink, E.J. (2017). The circular economy. ¿A new sustainability paradigm? Journal Cleaner Production, 143, 757-768.
Hart, S. & Milstein, M. (2003). Creating Sustainable Value. Academy of Management Executive, 17(2), 56.
Laukkanen, M. & Tura, N. (2020). The potential of sharing economy business models for sustainable value creation. Journal of Cleaner Production 253. School of Engineering Science, LUT University, Finland.
Manetti, G. (2011). The Quality of Stakeholder Engagement in Sustainability Reporting: Empirical Evidence and Critical Points. Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt, 18, 110-122.
Moratis, L., y Brandt, S. (2017). Corporate stakeholder responsiveness? Exploring the state and quality of GRI-based stakeholder engagement disclosures of european firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24(4), 312-325.
Rosca, E. & Bendul, J.C., (2017). Business models for sustainable innovation an empirical analysis of frugal products and services. J. Clean. Prod. 162, 133-145.
Superintendencia de Sociedades. Circular Externa 100-000010 de noviembre de 2023, adición del Capítulo XV a la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 12 de julio de 2022.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
