Manizales reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir el derecho humano a la alimentación

Manizales, martes 10 de noviembre de 2026. La Universidad de Manizales será una de las instituciones anfitrionas del III Congreso Nacional del Derecho Humano a la Alimentación, un encuentro que convocará a representantes de organismos internacionales, entidades gubernamentales, universidades, organizaciones sociales y líderes políticos para construir propuestas frente a los desafíos de la seguridad alimentaria en Colombia. 

El evento, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) Capítulo Colombia y la Universidad de Manizales, se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en el Club Manizales, sede Centro. 

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Derecho Alimentar, financiado por la convocatoria de subvenciones del programa Expertos Internacionales del ICETEX 2025-2026.

“La reprogramación del congreso, inicialmente previsto para agosto, responde a la contingencia nacional generada por el reciente sismo. Por esta razón, la agenda académica fue replanteada con el propósito de impulsar acciones orientadas a la rehabilitación de los sistemas agroalimentarios, la recuperación productiva de los territorios y la protección del derecho humano a la alimentación en escenarios de post-emergencia”, indicó Rodrigo Giraldo Quintero, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UManizales.

La programación incluye conferencias magistrales, ponencias y paneles enfocados en temas como la transformación de los sistemas agroalimentarios, la lucha contra el hambre, el papel de las mujeres en las compras públicas locales, los retos legislativos del derecho humano a la alimentación y las experiencias desarrolladas por mujeres y juventudes rurales. 

De igual manera, el encuentro abrirá espacios para discutir la asociatividad rural, el acceso a la justicia alimentaria, el patrimonio agroalimentario y cultural, y la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen alimentos suficientes, adecuados y nutritivos para las comunidades.