Pensemos en un hogar que cada mes debe cubrir su arriendo, alimentación y servicios públicos. Sus ingresos, sin embargo, no son constantes: algunos meses entran más recursos, otros menos. Esta situación los obliga, a veces, a cubrir el déficit con deuda. Para no caer en créditos impagables, la familia se impone una regla sencilla: no gastar más de lo que, en promedio, gana. Esa lógica, trasladada al Estado, es la base de lo que en Colombia se conoce como Regla Fiscal.
El país adoptó esta regla en 2011, a través de la Ley 1473, y la actualizó en 2021 con la Ley 2155. Su corazón es un indicador técnico: el Balance Primario Neto Estructural (BPNE). Este mide cuánto puede gastar el gobierno, descontando ingresos y gastos excepcionales o temporales. Al tratarse de un balance entre ingresos y gastos, su valor puede ser positivo si los ingresos superan los gastos, o negativo en caso contrario. La Ley 2155 establece metas para este balance como proporción del PIB, fijando que el BPNE pase de -4,7 % del PIB en 2022, a -0,2 % en 2024 y a 0,5 % en 2025.
Además, se establece un “ancla” para la deuda pública —el acumulado total de obligaciones del Estado— que no debe superar el 55 % del PIB, y un “límite” del 71 %, que al ser alcanzado activa mecanismos correctivos. Superar ese umbral implica entrar en una zona de riesgo fiscal que exige ajustes más rápidos y estrictos. Para verificar que se respete la regla, existe un organismo técnico e independiente: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que vigila que las cuentas públicas estén bien fundamentadas y no se disimulen desequilibrios con maniobras contables.
2024: cumplimiento ficticio y señales de alarma
En 2024, el gobierno declaró haber cumplido la regla. Pero lo hizo gracias a ingresos extraordinarios —las llamadas transacciones de una sola vez (TUV)— por valor de 32 billones de pesos. Sin este salvavidas, el déficit habría superado los límites permitidos. Aún con esa ayuda, los indicadores preocupan. El déficit real cerró cerca del 6,8 % del PIB, la deuda se aproximó al 60 %, y la DIAN recaudó menos de lo previsto. A esto se suma la acumulación de reservas presupuestales por 52 billones de pesos: obligaciones de gasto que no se ejecutaron, pero que siguen vigentes y deberán asumirse en 2025. Es como si el gobierno hubiese aplazado cuentas importantes en 2024, que deberá cancelar en 2025.
2025: proyecciones insostenibles
El gobierno proyecta un déficit cercano al 5 % del PIB, incumpliendo lo establecido en la ley. Sería el sexto año consecutivo con un déficit superior al 4 %. Además, prevé un crecimiento del recaudo tributario del 22 %, pero el CARF estima que, en realidad, solo crecerá un 6 %. Esa diferencia obligaría al gobierno a ajustar las cuentas por al menos 46 billones de pesos; incluso hasta 75 billones si la economía se desacelera más de lo previsto.
Además, uno de cada tres pesos recaudados se irá a pagar intereses de la deuda, y cerca del 90 % del presupuesto nacional está comprometido en gastos inflexibles como educación, salud, pensiones, subsidios y transferencias a territorios. Es decir, el margen de maniobra para recortar gasto es mínimo.
Las raíces del problema: economía que se frena, gastos que no paran
Dos conceptos claves ayudan a entender este escenario:
Primero, la elasticidad del recaudo tributario con relación al PIB, que mide cuánto aumentan los ingresos fiscales cuando crece la economía. Según el CARF, esta elasticidad tiende a ser unitaria: los ingresos crecen al mismo ritmo que el PIB. En un contexto de bajo crecimiento económico, esto significa que los ingresos también crecerán poco.
Segundo, el PIB tendencial, que representa el ritmo de crecimiento sostenible a largo plazo. Las proyecciones indican que este potencial caerá gradualmente de 3 % a 2,6 % en la próxima década, debido al envejecimiento poblacional y al debilitamiento estructural de la inversión. En otras palabras, la economía pierde impulso, y con ello, se debilita la capacidad fiscal del Estado. Mientras tanto, los gastos estructurales siguen en aumento. La reforma al Sistema General de Participaciones añade 0,7 % del PIB por año. La reforma pensional implica otro 0,5 %, sin contar el componente contributivo aún pendiente de reglamentación. El gasto en salud podría crecer hasta en 0,7 % adicional si la UPC mantiene su tendencia. Y los intereses de la deuda han alcanzado ya niveles récord.
La cláusula de escape: riesgo de credibilidad
La ley permite suspender temporalmente la Regla Fiscal en situaciones excepcionales, a través de la llamada “cláusula de escape”. Sin embargo, el CARF ha sido claro: actualmente no existe un evento externo extraordinario que justifique su activación. Usarla sin razones técnicas válidas sería como decirle al banco que no se pagará la deuda sin haber perdido el empleo: los mercados castigarían al país con mayores tasas y menor confianza. De hecho, las tasas que se pagan hoy por los bonos colombianos ya están aumentando como reflejo de este riesgo fiscal.
El 9 de junio, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobó la activación de esta cláusula, suspendiendo la aplicación de la Regla Fiscal por tres años. Esta decisión ha generado profundas inquietudes técnicas, ya que las condiciones actuales no justifican una medida de emergencia de esa magnitud: el PIB crece, la inflación está controlada y el desempleo sigue bajando. La activación parece responder más a la necesidad de ampliar el margen de gasto en un ciclo político y electoral, lo que tensiona el equilibrio entre responsabilidad fiscal y conveniencia política. Esto plantea un riesgo serio para la credibilidad del marco fiscal colombiano y para la confianza de los mercados en la conducción económica del país.
Como en un hogar responsable, las cuentas públicas deben planearse con disciplina: no gastar más de lo que se puede pagar, ahorrar en tiempos de bonanza y no comprometer el futuro con decisiones cortoplacistas. Preservar la Regla Fiscal —o al menos su credibilidad— no es un lujo técnico: es una condición necesaria para mantener la estabilidad macroeconómica, proteger la inversión pública futura y blindar al país frente a escenarios externos adversos. Desdibujar su aplicación sin razones sólidas solo agravará las brechas fiscales, aumentará la vulnerabilidad y deteriorará la confianza que tanto costó construir.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
