El Dane publicó los resultados mensuales a octubre 2025 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia, con una variación de 0,18% en el mes, lo que se traduce en una inflación de 4,74% en el año corrido(enero-octubre) y 5,51% anual, mensaje desalentador para los mercados, debido a que la presión de costos seguirá en 2026 y el margen de maniobra de la política monetaria por parte del Banco de la República será limitada.
En términos mensuales, las mayores contribuciones a la inflación se presentaron por la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y en la lectura año corrido, esta división también lidera, con el 29% de la inflación (principalmente por el grupo de alquileres), seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (especialmente por el grupo de alimentos), transporte (particularmente servicios de transporte) y restaurantes y hoteles (exclusivamente servicios de comida), para un total acumulado del 80% de contribución a la inflación entre enero y octubre 2025. La mayor parte de las divisiones experimentan variaciones IPC mayores al 5,5% (alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, tabaco) y algunas superan el 6% y 7% (servicios de hospital, servicios de comida, servicios de protección social, educación prescolar, básica primaria y secundaria, y servicios de transporte).
Por subclases, en el año corrido 2025 lideran productos con inflaciones entre 19% y 54% (yuca, café y productos derivados, zanahoria, cebolla, dulces y confites, artículos de oro, concentrados para refrescos y frutas frescas) y las mayores contribuciones por arriendos, comidas por fuera del hogar, transporte urbano, frutas frescas y carne de res, sumando el 49% del total de inflación en el periodo. En resumen, la inflación año corrido en octubre 2025 en Colombia es de apenas 0,20% en bienes durables, 1,75% en bienes semidurables, 4,37% en bienes no durables y 5,60% en servicios.
Esta coyuntura es negativa en el contexto de fin de año, en el que, por última vez en su gobierno, el presidente Petro tendrá la oportunidad de definir el incremento del salario mínimo para el 2026. Las apuestas indican que será un aumento por encima del 8% o 10%, lo cual se sumará a un quinto año de excesiva subida de los costos laborales en Colombia, en los cuales, la variación acumulada ha sido de más del 35% después de pandemia. Para algunos, esta variación es positiva para los ocupados y hecho de celebración desde nuestro rol de fuerza de trabajo, desde una perspectiva de demanda de consumo. Sin embargo, este argumento, muy utilizado en la narrativa política, representa un sofisma económico, debido a que omite la realidad de un país en el que más del 50% de los ocupados están en la informalidad laboral y al menos un 40% recibe ingresos laborales inferiores a la equivalencia de un salario mínimo.
En esencia, los aumentos elevados del salario mínimo, frente al crecimiento económico general del sistema y la productividad laboral, provocan una expansión en las brechas regionales en el país, asociada a la disparidad de las estructuras empresariales en los territorios, y una menor probabilidad de que las unidades productivas (empresas) puedan y deseen contratar más personas en términos formales, por una cuestión sencilla de balance entre ingresos, gastos y margen de ganancia. En el ámbito macroeconómico, la alta inflación continuará golpeando a los grupos sociales más vulnerables, en quienes los ingresos no necesariamente crecen al mismo ritmo de la inflación para al menos mantener su poder adquisitivo, y también obligará a mantener elevadas tasas de interés que enfriarán las dinámicas de consumo y de inversión productiva en la economía.
El panorama hacia 2026 es complejo, porque efectivamente el país está experimentando bajas tasas de desempleo, aunque mayor informalidad e inactividad laboral, combinadas con una resistencia inflacionaria y presión de costos laborales por decisión gubernamental, y una menor capacidad de maniobra de la política económica (fiscal y monetaria) para enfrentar choques, que manda un mensaje de alerta al estar perdiendo de vista la proyección de mediano y largo plazo de la economía colombiana, por resultados de corto plazo que ubican en un segundo plano la sostenibilidad del sistema económico y social y la discusión de problemas estructurales.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.