El auge de las criptomonedas en los últimos años ha sido un tema candente en el mundo de las inversiones, la macroeconomía y la política. Las discusiones han girado en torno a múltiples cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos activos en términos de consumo energético, trazabilidad fiscal, estabilidad de precios y su impacto en los sistemas financieros tradicionales.
Algunos gobiernos han adoptado posturas extremas respecto a las criptomonedas. Un caso único es el de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha promovido activamente el uso de Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal. Esto significa que la criptomoneda puede ser utilizada como medio de pago o como reserva de valor en el país. Además, el Gobierno ha especulado con este activo utilizando recursos públicos, lo que ha generado críticas, elogios y preocupaciones. Hasta el momento, los rendimientos obtenidos han sido favorables, contribuyendo al crecimiento económico y al proceso de transformación del país. Sin embargo, el debate sigue vigente: ¿es prudente que un gobierno asuma este nivel de exposición macroeconómica y financiera a un activo altamente volátil? La política monetaria de un país debe garantizar la estabilidad y previsibilidad, y el respaldo de una criptomoneda no exime de los riesgos asociados. De hecho, esta postura ha generado reacciones de organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha condicionado su asistencia financiera y líneas de crédito a la eliminación del BTC como moneda de curso legal. A pesar de esto, la adopción de cripto-activos sigue ganando terreno en diversas administraciones públicas.
En Argentina, el presidente Javier Milei, quien ha implementado un agresivo programa de estabilización macroeconómica, con resultados interesantes en el corto plazo, generando adhesiones y críticas, tuvo un controvertido episodio al mencionar indirectamente a la criptomoneda $Libra en su red social X. Tras el comentario, el precio del activo se disparó de $0,23 a $0,75 en pocos días, para luego desplomarse a $0,06, lo que representó una caída del 92% desde su punto máximo. Como resultado, se han presentado más de 100 denuncias acusándolo de haber influido en una operación fraudulenta; el presidente ha minimizado el hecho, pero las reclamaciones de las victimas y la oposición política exigen una investigación exhaustiva del caso, ya que su papel como líder de Estado plantea límites claros sobre hasta dónde puede o debe involucrarse con estos activos.
Imagen 1. Precio $LIBRA/USD.
Fuente: CoinGecko.
Cuando un líder político, y fundamentalmente un gobernante, expresa su apoyo explícito o implícito a un activo financiero como la criptomoneda, puede desencadenar movimientos especulativos irracionales en los mercados, recordando la relevancia de la prudencia en redes sociales y discursos, pues estas figuras públicas deben centrarse en crear condiciones favorables para la inversión y el crecimiento corporativo.
Otro caso polémico fue el del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó su propia criptomoneda, $TRUMP, semanas antes de su segundo mandato. La historia de este token ha sido tumultuosa, porque su precio inicial de $28,72 se disparó hasta $75,35, solo para desplomarse posteriormente a $10,6, dejando a muchos inversionistas con pérdidas superiores al 85,9%. Este fenómeno refleja el riesgo del "comportamiento de manada" en los mercados financieros, en el que personas-inversionistas sin conocimiento técnico compran activos impulsados por la emoción o el respaldo de figuras públicas influyentes, sin considerar los fundamentos económicos subyacentes.
Imagen 2. Precio $TRUMP/USD.
Fuente: CoinGecko.
El empresario Elon Musk, recientemente nombrado funcionario como administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca en el Gobierno Trump, también ha sido clave en la volatilidad del mercado cripto. Su influencia quedó evidenciada cuando Dogecoin (DOGE), una criptomoneda creada originalmente como un chiste, experimentó grandes valorizaciones tras varios comentarios del empresario en sus redes sociales. Recientemente, tras el triunfo de Trump y el nombramiento de Musk, DOGE volvió a experimentar un repunte temporal. Y, más allá del impacto de figuras individuales, el nuevo gobierno estadounidense ha mostrado un interés sin precedentes en las criptomonedas. En las últimas semanas, el presidente ha declarado a Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano como activos estratégicos de reserva, siendo una postura más reguladora y de posible intervención estatal en estos mercados.
Regulación y responsabilidad en el mundo cripto
El panorama de las criptomonedas es complejo y plantea desafíos significativos para los gobiernos. Mientras algunos países prefieren la prudencia o incluso el distanciamiento, otros adoptan un enfoque más agresivo, promoviendo o regulando estos activos. Un problema recurrente es la proliferación de monedas e inversiones sin respaldo técnico sólido. Muchas de estas iniciativas utilizan la imagen de celebridades o figuras políticas para captar inversionistas sin ofrecer garantías reales. Esto ha dado lugar a fraudes y pérdidas millonarias para quienes participan sin la debida diligencia.
En su reciente presentación postdoctoral, el economista colombiano Beethoven Herrera abordó el tema de la evolución bancaria y los retos regulatorios que conlleva el auge de las criptomonedas. Uno de sus puntos más contundentes fue la contradicción inherente en la comunidad cripto, en la que muchos inversionistas rechazan la regulación estatal, la intermediación y el papel de los bancos centrales, pero cuando enfrentan pérdidas significativas, exigen la intervención del gobierno para protegerlos.
Este dilema continúa abierto: ¿Cuál debería ser el verdadero rol de los líderes políticos y de opinión en el mundo cripto? ¿Deberían mantenerse al margen y permitir que el mercado opere libremente? o ¿es necesaria una regulación más estricta para evitar abusos y manipulaciones? Es innegable que existen una alta volatilidad y riesgos inherentes en las criptomonedas, que no pueden ser ignorados por ningún agente en la economía. En cualquier caso, los inversionistas deben actuar con responsabilidad, haciendo un llamado de atención urgente a la educación financiera para adquirir conocimientos y competencias en finanzas personales y sobre el funcionamiento de los mercados financieros; y los líderes políticos deben ser sensatos y conscientes del impacto de sus declaraciones y acciones en este ecosistema.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
