Manizales, miércoles 18 de noviembre de 2026. Hay acontecimientos de la historia colombiana que no pueden convertirse en propiedad de una ideología, de un partido político o de una organización armada. La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, es uno de ellos.
Por eso, ver Palacio, la miniserie de Netflix, no debería ser solamente una experiencia de entretenimiento ni una oportunidad para discutir cuál sector político tiene la razón. Debería ser, ante todo, una invitación a recordar, a escuchar y a comprender que detrás de las cifras de la violencia hubo personas con nombres, familias, proyectos de vida y seres queridos que todavía reclaman respuestas.
La historia del Palacio de Justicia no puede narrarse desde la comodidad de escoger buenos y malos según nuestras simpatías políticas. Tampoco puede reducirse a una competencia de responsabilidades en la que reconocer los crímenes de un actor implique negar los del otro. Si algo debería enseñarnos esta producción es que la memoria histórica exige abandonar las lealtades ideológicas cuando estas terminan justificando la violencia.
Comencemos por algo que no admite ambigüedades: el M-19 tiene una responsabilidad histórica y moral ineludible en lo ocurrido. La decisión de ingresar armado al Palacio de Justicia, tomar como rehenes a magistrados, funcionarios, trabajadores y visitantes, y convertir una institución judicial en escenario de confrontación armada fue una acción injustificable.
No existe discurso revolucionario, reivindicación política ni argumento ideológico que permita legitimar el secuestro de civiles y el sometimiento de personas que se encontraban cumpliendo sus actividades cotidianas. La lucha política no concede permiso para poner en riesgo la vida de otros.
Pero aquí es donde comienza una de las discusiones más incómodas para Colombia: reconocer la responsabilidad del M-19 no significa absolver al Estado. La operación militar de retoma también debe ser examinada con toda su gravedad.
El Gobierno de Belisario Betancur, como autoridad política de la época, y los mandos de las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades que no pueden desaparecer detrás de la explicación de que se estaba recuperando el orden institucional. El Estado tiene la obligación de proteger a la población, incluso en circunstancias extremas. La existencia de una acción armada insurgente no suspende los derechos de quienes se encuentran en medio de ella.
La retoma no puede justificarse como una operación militar exitosa simplemente porque el Ejército recuperó el edificio. ¿Qué significa recuperar una institución cuando quienes estaban dentro terminaron muertos, desaparecidos o sometidos a graves vulneraciones de sus derechos? ¿Qué significa defender la democracia si en nombre de esa defensa se desconocen las garantías fundamentales de las personas que debían ser protegidas?
No estamos hablando únicamente de interpretaciones políticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por desapariciones forzadas y otras violaciones relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia.
También estableció que varias personas que salieron con vida del edificio fueron conducidas a instalaciones bajo control estatal y posteriormente desaparecieron. El Consejo de Estado ha recogido estos pronunciamientos y las decisiones judiciales que reconocen la responsabilidad estatal.
Por eso resulta tan importante escuchar a las víctimas. Durante décadas, familiares de personas desaparecidas tuvieron que enfrentarse no solamente al dolor de perder a sus seres queridos, sino también a la incertidumbre, al silencio institucional, a las versiones contradictorias y a la dificultad de conseguir respuestas.
Pensemos en las familias de los trabajadores de la cafetería, de quienes estaban allí realizando labores cotidianas, de quienes salieron vivos del Palacio y nunca regresaron a sus hogares. ¿Cuántos años tuvieron que pasar preguntándose dónde estaban sus familiares? ¿Cuántas veces tuvieron que insistir para que alguien los escuchara? ¿Cuántas veces debieron enfrentarse a la indiferencia de una sociedad que prefería discutir sobre política antes que escuchar su dolor?
La desaparición forzada tiene una dimensión especialmente cruel: no permite siquiera elaborar plenamente la pérdida. La familia no sabe dónde está su ser querido, qué ocurrió, quién fue responsable o dónde puede llevarle una flor. La ausencia se convierte en una herida que no termina de cerrar. El tiempo pasa, pero la pregunta permanece. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, la violencia continúa produciendo consecuencias en el presente.
En este sentido, Palacio tiene una importancia que va más allá de su reconstrucción audiovisual. Pone nuevamente en circulación una historia que las nuevas generaciones necesitan conocer.
Sin embargo, también debemos recordar que estamos ante una producción de ficción inspirada en hechos reales, no ante un expediente judicial ni un documental definitivo. La serie puede despertar preguntas, acercarnos a testimonios y motivar nuevas conversaciones, pero el conocimiento histórico debe contrastarse con investigaciones, archivos, informes y decisiones judiciales. La memoria no puede depender exclusivamente de una dramatización televisiva.
Y no. No hay una memoria selectiva que pueda considerarse justa. No podemos condenar los crímenes del M-19 y guardar silencio frente a las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales. Tampoco podemos denunciar la violencia estatal y utilizar ese argumento para relativizar la responsabilidad de quienes tomaron el Palacio por la fuerza.
Las dos responsabilidades deben reconocerse, investigarse y asumirse. No son idénticas en su naturaleza ni en las obligaciones jurídicas que corresponden a cada actor, pero ninguna puede desaparecer de la historia.
También es necesario hablar del Gobierno de entonces. La responsabilidad política no puede quedar reducida a los soldados que participaron directamente en el operativo. El poder civil tiene obligaciones de dirección, control y protección de la población.
La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio invitó expresamente a los integrantes del extinto M-19, a los altos mandos de la Fuerza Pública y al Estado colombiano a reconocer sus responsabilidades y pedir perdón. Esa recomendación muestra que la discusión no puede agotarse en señalar a un solo protagonista.
El filósofo Paul Ricoeur, en La memoria, la historia, el olvido, plantea una reflexión fundamental sobre la relación entre recordar, narrar y construir una comprensión del pasado. Recordar no significa reproducir una versión cómoda de los acontecimientos. Significa asumir la dificultad de reconstruir lo ocurrido, reconocer los silencios y evitar que el olvido se convierta en una forma de injusticia.
La memoria democrática no consiste en imponer una versión oficial, sino en permitir que las distintas voces puedan ser escuchadas y contrastadas, especialmente las de quienes padecieron directamente la violencia.
Por eso, las víctimas no pueden seguir siendo personajes secundarios de una discusión protagonizada por políticos, militares, antiguos guerrilleros y defensores de distintas ideologías. Los familiares de los desaparecidos no son instrumentos para validar una narrativa política. Son personas que llevan décadas reclamando verdad, justicia y dignidad. Escucharlos no es un gesto de generosidad ni una concesión ideológica: es una obligación ética y democrática.
Hay algo especialmente preocupante cuando, cada vez que se recuerda el Palacio de Justicia, la conversación termina convertida en una disputa entre sectores que buscan defender sus propias versiones. Mientras unos intentan presentar al M-19 como si sus acciones no hubieran tenido consecuencias criminales, otros pretenden convertir toda la operación militar en una defensa impecable de las instituciones. Ambas posiciones empobrecen la comprensión de la historia y terminan desconociendo a las víctimas.
La democracia no se defiende ocultando sus errores. El Estado no pierde legitimidad por reconocer que agentes suyos cometieron graves violaciones de derechos humanos; por el contrario, demuestra su compromiso con la justicia cuando investiga, reconoce y repara. De la misma manera, ningún proyecto político puede reclamar legitimidad histórica mientras evite asumir las consecuencias de sus propias decisiones violentas.
Ver Palacio debería llevarnos a una reflexión que trascienda la pantalla: ¿qué clase de país somos si todavía necesitamos escoger entre las víctimas de la guerrilla y las víctimas de los agentes estatales? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que una persona desaparecida merece verdad independientemente de quién haya sido responsable de su desaparición? ¿Por qué seguimos defendiendo organizaciones y discursos mientras las familias continúan esperando respuestas?
La historia del Palacio de Justicia no necesita más defensores incondicionales de bandos. Necesita ciudadanos capaces de reconocer responsabilidades sin matices justificatorios, instituciones dispuestas a esclarecer lo ocurrido y una sociedad que comprenda que la vida humana no puede subordinarse a ninguna causa política o militar.
Porque una democracia que solamente recuerda los crímenes de sus adversarios, pero justifica los de sus propios aliados, no ha aprendido de su historia. Y un país que todavía obliga a las familias de los desaparecidos a luchar para que su dolor sea reconocido, sigue teniendo una deuda profunda con la humanidad.