El Catatumbo es una región transfronteriza que comparte territorio entre Colombia y Venezuela, y está ubicada al nororiente colombiano, entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar. En épocas de colonización, los sectores de la caña de azúcar y el cacao permitieron la explotación económica y agrícola, pero serían el café en la época de la independencia y el petróleo en el Siglo XX los productos que le permitirían su mayor crecimiento. También podemos encontrar riqueza en recursos naturales y variedad climática, lo que permite que la minería, la agricultura e incluso la ganadería, sean actividades que se pueden desarrollar sin problema dentro de los 13 municipios que conforman esta región, como Tibú, El Carmen, Hacarí, Ocaña, Sardinata, Río de oro, entre otros.
Estas características privilegiadas y su ubicación fronteriza, han llamado la atención de los grupos armados al margen de la ley que pretenden aprovechar las condiciones climáticas y selváticas para escabullirse del control de las Fuerzas Militares del Estado y desplegar actividades de cultivo y fabricación de cocaína. Los principales grupos armados al margen de la ley que han controlado la región son las FARC (hoy sus disidencias, específicamente con el frente 33) y el ELN.
Desde el 2016, con el Acuerdo de Paz, y hasta los últimos meses, se había mantenido una especie de tregua entre estos actores armados, por el arraigo de los integrantes de cada grupo, que en su mayoría son familiares entre sí. Sin embargo, el ELN rompió la tregua en el marco del proceso de paz con el gobierno e inició una escalada militar. Ese aumento de la violencia se ha visto representado principalmente en la comisión de delitos como la extorsión, el secuestro y el homicidio, para incrementar su control territorial especialmente sobre la frontera colombo-venezolana. Lo anterior, le permite al grupo dominante controlar la política, la economía, la sociedad y el tránsito fronterizo, para monopolizar el comercio ilegal.
Según la Defensoría del Pueblo, hoy estamos frente a la crisis humanitaria más grave de la historia de esta región, con cifras de 36.139 personas desplazadas y más de medio centenar de homicidios confirmados. Las víctimas incluyen excombatientes, desmovilizados, líderes sociales, mujeres, niños y líderes políticos.
Toda la violencia histórica que ha sometido a la población del Catatumbo es responsabilidad de la ausencia de la institucionalidad del Estado, independientemente del gobierno que se encuentre de turno, pues ninguno ha podido garantizar el acceso a la justicia y la implementación de políticas públicas de seguridad. A lo único que acuden los diferentes gobernantes es a proponer la militarización de la región y lo único que se logra con eso es la recuperación temporal de algunos territorios. Entonces, ¿Qué se debe hacer?
El panorama es desolador, teniendo en cuenta que la mayoría de los municipios que integran esta región están ubicados en sexta categoría. Hay que aceptar que los gobiernos municipales y departamentales, que son los llamados a ejercer control directo sobre lo político, territorial, económico y social, no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades requeridas por la población; por ejemplo, para hacer inversión social, apoyo policial o garantizar el acceso a bienes y servicios.
Esta guerra entre grupos ilegales está generando, además, el desabastecimiento de alimentos e insumos de salud, lo que se suma al daño cultural, debido a que en la región se encuentran pueblos indígenas como la comunidad Yukpa y el Resguardo Cataluña, que están cumpliendo labores humanitarias acogiendo a familias desplazadas.
Tendremos que esperar entonces la reacción del gobierno más allá de la militarización de la región y la suspensión de los diálogos de paz, pues debemos aprender de las experiencias del pasado, donde hemos comprendido que el fin último es la paz, pero esta no se puede alcanzar sin hacer transformaciones de fondo en las regiones olvidadas y en las poblaciones marginadas, que hasta el momento, parece que seguirán siendo las mismas durante mucho tiempo, porque seguimos mirando algunos de nuestros departamentos y municipios como territorios destinados al sometimiento del conflicto armado interno, mientras que las transformaciones sociales escasamente se hacen evidentes en el centro del país.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento de la Universidad de Manizales.
