Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas con la reducción de la jornada laboral es el aumento de los costos operativos. Al trabajar menos horas, muchas compañías podrían verse obligadas a contratar más personal o a pagar horas extras para mantener los niveles de producción. Para entender los efectos de este cambio es prudente conocer cuál ha sido la evolución de las normas correspondientes a la jornada laboral en el mundo y en Colombia.
Sobre la historia de la jornada laboral, en la antigüedad no se contaba con una regulación frente a ella, contexto que propició un sistema económico basado en la explotación laboral con la esclavitud, caracterizada por el trabajo forzado, el agotamiento físico y mental extremo, la falta de una remuneración digna, extensas jornadas diarias y todo tipo de desprotección de derechos humanos y laborales. Durante la época medieval, el sistema migró hacia relaciones de dependencia económica y lealtad, en un contexto de sociedades con condiciones de ingresos de básica subsistencia. Posteriormente, entre los siglos XV y XVIII, con el surgimiento del capitalismo comercial, se comienzan a dar relaciones laborales con mayor dinamismo económico, pero aún sin reglas claras y justas de derechos y protección, lo que se intensificó con la entrada del siglo XIX y la Revolución Industrial, que generó una expansión sin igual del capitalismo con muchos beneficios económicos modernos, pero también con el desnudo de realidades de vulnerabilidad de largas jornadas de trabajo, poca remuneración, trabajo infantil y condiciones de miseria de la mayoría de esa nueva población trabajadora industrial.
En este contexto, surgen de manera formal los movimientos sociales, ideológicos y políticos de lucha de la clase obrera, buscando garantías de sus derechos, la protección social y la igualdad, raíces de lo que hoy se celebra mundialmente en el Día del Trabajo.
En 1886, bajo el mandato del presidente Andrew Johnson de los Estados Unidos, se promulgó la Ley de Ingersoll, estableciendo la jornada laboral de ocho horas, en la que uno de los protagonistas fue el obrero estadounidense Ira Steward. Desafortunadamente, esta ley no se cumplió en ningún término, produciendo la movilización de organizaciones y sindicatos, en la que los obreros unidos a la huelga manifestaban: "A partir de hoy, sólo ocho horas diarias; ni una más", arengas que vocearon en la huelga del 1 de mayo de 1886.
En 1890, se reunieron 15 países en la ciudad de Berlín para discutir el tratamiento e intervención del Estado en lo relacionado con las tareas laborales, y fue así como nació la idea y necesidad de crear un organismo internacional que informara, asesorara y velara por los derechos y deberes emanados del trabajo: la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Colombia no ha sido ajena a este proceso. La historia de la jornada laboral en el país ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando por diversas reformas y ajustes que han buscado mejorar las condiciones de los trabajadores y adaptar las recomendaciones internacionales y las normas nacionales a las necesidades económicas del país y su mercado de trabajo. Antes de la regulación del trabajo, las jornadas laborales diarias eran extensas, oscilaban entre 12 y 14 horas, sobre todo en las actividades agrícolas y mineras. No existían leyes que protegieran los derechos de los trabajadores, y las condiciones sociolaborales eran precarias.
En el año 1915, se establecieron algunas restricciones a la jornada laboral para los menores de edad, aunque no se reguló de manera general para todos los trabajadores. En 1934, la Ley 53 estableció por primera vez una jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, siguiendo el modelo promovido por la OIT. En 1945, la Ley 6 ratificó la jornada máxima de 48 horas semanales y estableció la obligatoriedad del pago de horas extras. En 1950, con el Código Sustantivo del Trabajo, se consolidaron las normas laborales en Colombia, manteniendo la jornada de 48 horas semanales y regulando el trabajo nocturno, dominical y festivo. Durante la segunda mitad del siglo XX, se fortalecieron los derechos laborales, sin cambios significativos en la jornada de trabajo.
En 2002, la Ley 789 flexibilizó la jornada laboral, permitiendo que el trabajo nocturno comenzara a partir de las 10:00 p.m. (antes era desde las 6:00 p.m.), generando controversia al afectar el pago de recargos nocturnos. En 2021, se aprobó la Ley 2101, que estableció una reducción de la jornada de 48 a 42 horas semanales, sin disminución en la remuneración salarial de los trabajadores. Esta debía aplicarse de manera progresiva entre 2023 y 2026, pasando de 47 horas semanales en 2023, 46 horas en 2024, 44 horas en 2025, a 42 horas semanales en 2026.
En su intención, esta reforma busca mejorar la calidad de vida de los empleados, incrementar la productividad y fomentar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero ha existido un debate amplio en estos años porque los cambios también plantean desafíos económicos, financieros y operacionales para las empresas.
Uno de los argumentos más fuertes a favor de la reducción de la jornada laboral es su potencial efecto para aumentar la productividad de los trabajadores, desde el argumento de que jornadas más cortas pueden llevar a una mayor eficiencia individual, ya que los trabajadores tienen más tiempo para descansar y reducir los niveles de estrés. Sin embargo, este efecto depende de variables estructurales como el sector económico y la capacidad empresarial para optimizar procesos y entornos culturales y organizacionales.
En países europeos, donde se han implementado jornadas laborales reducidas, se han observado incrementos en la productividad, pero esto no significa que para Colombia sea igual, porque se desconocería la heterogeneidad del tejido productivo y la estructura de la fuerza de trabajo del país. En este sentido, una de las claves para que esta medida sea exitosa radica en la capacitación laboral y la adopción de tecnologías que optimicen el tiempo de trabajo, asunto que conllevará a las empresas a inversiones de mediano y largo plazo en el marco de la innovación.
La realidad es que las horas extras generan mayores costos laborales, debido a que no es solo el pago de la hora laborada, sino los costos por prestaciones sociales que se deben adicionar a este pago. Además, las horas extras se realizan después de terminada la jornada laboral ordinaria, donde normalmente el trabajador ha bajado su índice de productividad, con el riesgo financiero de pagar más y producir menos, donde una alternativa a implementar es la contratación de una mayor cantidad de trabajadores, aumentando igualmente los costos laborales asumidos.
Para el año 2026, cuando se haya reducido 6 horas la jornada, las empresas deberán contratar un trabajador adicional por cada ocho empleados que requiera en su normal funcionamiento, para compensar la reducción de horas laboradas de todos los trabajadores. Esto es especialmente preocupante para las micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen un menor margen de maniobra financiera, con un posible camino a recurrir al endeudamiento para tecnificar su producción. En aquellos establecimientos abiertos al público en horario continuo se tenderá a realizar una reorganización de horarios de servicio, con impacto en el consumidor final o incremento de trabajadores parciales.
Para mitigar costos, las empresas deberán adoptar estrategias de reorganización del trabajo, invertir en automatización y mejorar su eficiencia operativa. Sin estas medidas, el impacto podría traducirse en menor margen de beneficios, reducción de niveles de producción y empleabilidad, mayor informalidad laboral o traslado de costos a los precios finales. En este proceso de tránsito es sustancial el acompañamiento del Gobierno Nacional.
La reducción también tiene efectos positivos y negativos desde lo macroeconómico. Por un lado, podría aumentar el bienestar de los trabajadores, dinamizando actividades de consumo, comercio y entretenimiento, pero, por otro lado, si las empresas no logran adaptarse adecuadamente, podrían enfrentar pérdidas económicas que afectarían la competitividad del país y el cierre de empresas, con mayor vulnerabilidad de las pequeñas unidades.
La reducción de la jornada laboral en Colombia representa una oportunidad para mejorar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores, aumentando la productividad y el equilibrio de vida-trabajo, aunque también impone retos significativos para las empresas y la economía. El éxito de esta medida radica en la adaptación empresarial, la inversión en tecnología y la formulación de políticas que promuevan la formalización del empleo. Si se implementa de manera adecuada, esta reforma puede generar un impacto positivo en el bienestar de todos los trabajadores, sin comprometer la estabilidad del país y de las empresas, su productividad y competitividad. No se puede omitir que la jornada ha pasado de ser extremadamente larga y sin regulación, a estar alineada con los estándares internacionales, representando un avance social mundial.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
