De acuerdo con las Naciones Unidas, la disponibilidad de agua en América Latina ha disminuido un 22% por habitante en los últimos 20 años, lo que ha generado consecuencias significativas en la capacidad de abastecimiento tanto para los sistemas productivos como para el consumo humano. El agua ha sido, históricamente, un factor determinante en el desarrollo del mundo: las principales ciudades se han asentado cerca de grandes fuentes hídricas, como ocurre con urbes próximas a los ríos Paraná o de la Plata en Argentina, al Rímac en Perú o al Río Bogotá en Colombia. Esta relación ha contribuido al crecimiento económico y social de los territorios. Sin embargo, el agua, entendida como bien común y desafío regional, enfrenta problemáticas de gran magnitud, como la contaminación ambiental a gran escala y la sobreexplotación para diferentes usos. Asimismo, el agua ha sido víctima de los conflictos armados, utilizada como arma para contaminar a los adversarios, y convertida en depósito de los residuos bélicos, con efectos nocivos no solo en mares, sino también en ríos y demás cuerpos hídricos.
En Colombia, la situación es crítica: en los últimos 60 años se ha perdido más del 60% de los espejos de agua de los humedales, reduciendo drásticamente su capacidad de proveer servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales. Este deterioro hace cada vez más necesaria la puesta en marcha de procesos activos de participación social que garanticen la acción conjunta entre la academia, la investigación y el reconocimiento de los saberes tradicionales, con el fin de implementar prácticas orientadas a la recuperación o mitigación de la pérdida del patrimonio hídrico. Este enfoque se enmarca en la ciencia ciudadana, una ciencia que reconoce la importancia de escuchar y comprender a las comunidades, aprender de ellas y, en articulación con la academia, promover un aprendizaje colectivo.
El papel de las comunidades en el estudio del agua es fundamental, ya que no solo aportan datos locales relevantes, sino que además dotan de sentido a esos datos, aportando conocimiento práctico y, sobre todo, un compromiso social indispensable para garantizar la sostenibilidad de los procesos participativos en el tiempo. A ello se suma la integración de saberes ancestrales y cotidianos, como el reconocimiento de nacimientos, quebradas y cambios en las características sensoriales del agua, lo que constituye indicadores ambientales valiosos para detectar tempranamente alteraciones en los ecosistemas. Este involucramiento fortalece la gobernanza del agua al generar corresponsabilidad en su gestión y conservación, al tiempo que promueve la democratización del conocimiento, posicionando a las comunidades no solo como observadoras, sino como actores activos en la toma de decisiones.
Por su parte, la responsabilidad de las universidades en los procesos de investigación va mucho más allá de la simple recolección de datos o de la generación de información para las comunidades locales. Las universidades deben reconocer y respetar el conocimiento local, construyendo de manera conjunta acuerdos que conduzcan a la resolución compartida de los problemas relacionados con el agua. También están llamadas a ser instancias articuladoras entre el conocimiento científico, el saber tradicional y ancestral, y las instituciones públicas, con el propósito de incidir en decisiones que impulsen transformaciones en las políticas públicas orientadas a la gestión efectiva del territorio. Su labor se refleja además en la sistematización y análisis de la información obtenida, transformándola en insumos útiles para la toma de decisiones y la incidencia política. En este sentido, las universidades no solo cumplen un papel de soporte técnico, sino que actúan como mediadoras en la gobernanza del agua, contribuyendo a que los procesos de ciencia ciudadana adquieran legitimidad, continuidad y capacidad real de impacto en la gestión del patrimonio hídrico.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
