Lecciones del Covid-19 para el diseño de políticas públicas territoriales de largo plazo*
La crisis causada por la pandemia demostró ser de características únicas, principalmente por los impactos que generó en la oferta y demanda de bienes y servicios, sus implicaciones en casi todos los sectores de la sociedad, y porque reveló la existencia de sistemas económicos fundamentados en inequidades sociales, pobreza y una explotación perversa de nuestros recursos naturales. Aunque ésta fue una crisis global, tuvo una marcada dimensión territorial con importantes implicaciones de política pública para hacerle frente a sus consecuencias.
Una adecuada política pública territorial debe construirse a partir de lineamientos que mitiguen las consecuencias de las crisis en el corto plazo, pero con una visión de planeación de largo plazo. Debe tener presente la heterogeneidad de los habitantes del territorio y diseñar estrategias acordes a sus capacidades, situación social y económica, ubicación espacial y la posibilidad de contar con redes de apoyo y protección social. Partiendo de estas premisas, una política pública territorial debería basarse en cuatro pilares fundamentales: la preservación de la salud y de la vida, la minimización del impacto regresivo de las crisis sobre las poblaciones más vulnerables, el fortalecimiento de los sectores más relevantes en el sostenimiento del sistema social y económico y la capacidad de retomar la senda de crecimiento en el período post-crisis.
Una política pública adecuada debe volcar su atención hacia los sectores económicos y sociales que a pesar de su importancia en la creación de valor y en la generación de empleo, no han recibido suficiente apoyo estatal. Entre estos sectores destaco la economía familiar campesina, pilar indispensable para la seguridad y soberanía alimentaria de las ciudades. Debe tener la prioridad, accediendo a créditos en condiciones favorables y a otros mecanismos de liquidez para aumentar la oferta agropecuaria, el acceso a los canales de distribución, a mejores condiciones de comercialización, y por esa vía, a una mejor calidad de vida.
Una política pública adecuada no debe desconocer el componente fiscal. La crisis ocasionada por la pandemia encontró nuestras finanzas públicas territoriales con poca solidez y una baja capacidad de respuesta contracíclica. La financiación de una política pública que siente bases reales para la recuperación ante eventuales crisis debe acudir a acciones, en coordinación con el gobierno nacional, como el re-direccionamiento de rentas de destinación específica para la atención de los gastos que demanda, el aumento de la capacidad de endeudamiento y la flexibilización temporal de reglas de disciplina fiscal para expandir el gasto público con destino a la reactivación del empleo, consumo, producción y a la garantía de ingreso básico universal para la población más golpeada por la crisis.
Esta pandemia retó a los gobiernos locales y nacionales a poner en escena nuevos procesos de gobernabilidad que reconozcan las heterogeneidades de la población que habita un territorio. Esto implica redirigir las agendas públicas hacia el diseño de intervenciones que favorezcan en mayor medida a la población que ha estado en último lugar en el estado de bienestar, pero con un rol esencial en el sostenimiento de la economía y la sociedad.
*Catalina Zárate Robledo
Magíster en Economía de la UManizales e investigadora del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, Crece.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen a la Universidad de Manizales.