Por: Juana Valentina Bustos
Colombia es pluricultural y étnico, según la Constitución, pero los problemas en la distribución de tierra, poner a dialogar distintas formas de pensar y saberes y la violencia, han marcado el presente, pasado y futuro de las poblaciones indígenas.
La población indígena en Colombia -que constituye el 4.4% del total del país- ha cargado por siglos una cruz a causa de las ideas racializadas y el legado heredado del colonialismo: el desplazamiento forzado y el despojo territorial a través de formas violentas. Esta es una de las grandes problemáticas a las que los pueblos originarios deben enfrentarse y que se agrava con el conflicto armado de larga duración que ha sufrido el país por más de 50 años.
Colombia es un país pluricultural y multiétnico, así lo señala la Constitución Política de 1991 al reconocer que a lo largo y ancho del territorio nacional habitan comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, gitanas, room e indígenas. Pueblos que han sido excluidos de manera histórica de las estructuras políticas, sociales, jurídicas, económicas e incluso territoriales y que llevaron a la aún no culminada pero necesaria discusión sobre su representatividad, derechos y garantías.
La lucha por el territorio se resume en esta frase del pueblo Misak o Guambianos (del Cauca) y que ha sido bandera común para muchos indígenas: “Recuperar la tierra para recuperarlo todo”.
Para los pueblos originarios el territorio es mucho más que un espacio físico, así lo explica Carlos Alberto Dávila Cruz, abogado, profesor e investigador de la Universidad de Manizales: “No es solamente un medio de producción sino un lugar simbólico, va más allá de un contenedor, es un espacio de relaciones de poder y relaciones simbólicas para mantener sus identidades”, afirma.
La concepción y apropiación es distinta si se compara con la sociedad blanca mestiza o citadina, que, aunque diferente, también la tiene. Para los indígenas el territorio es ancestral y la tierra representa la colectividad. Un despojo no solamente se dificulta porque se pierde el medio de producción, sino que se pierde la corporalidad, el equilibrio, las creencias, el mundo simbólico y la fuente de vida que se debe respetar por su ímpetu sagrado. Mucho más grave si se piensa en la forma en que se desplaza del territorio que históricamente se ha hecho a través de repertorios de violencia como masacres, asesinato de sus principales autoridades, homicidios y desaparición forzada, entre otros.
Según el censo del DANE 2018, en Colombia hay 1.900.000 personas que se reconocen como indígenas y 115 pueblos originarios. Los departamentos en los que tienen más presencia son La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Chocó.
Imaginarios obsoletos que hacen mucho daño
“Los negros roban, atacan y matan” fue uno de los insultos racistas que se le escuchó a una mujer contra la vicepresidente Francia Márquez en medio de la jornada de manifestaciones convocadas en contra del gobierno actual el 26 de septiembre del año pasado. Ese hecho, dice Dávila Cruz, refleja esa herencia del colonialismo en la que, aún en pleno siglo XXI, se mantiene la creencia de razas superiores e inferiores, una pirámide social en el que los afrodescendientes e indígenas están de últimos.
Estos imaginarios sociales se investigan bajo el concepto de dispositivo de raza en la que la raza blanca es superior y los indígenas y los afrodescendientes son inferiores. “Por más que nosotros nos independizamos del siglo XIX y que supuestamente rompimos con el colonialismo, sí nos queda en la subjetividad un componente racializado que hoy conocemos como racismo”, puntualiza.
Carlos Alberto Dávila Cruz es abogado, magíster en Derecho, doctor en Estudios Territoriales, profesor e investigador de la Universidad de Manizales y de Caldas.
Un «genocidio silencioso» contra los indígenas en el Eje Cafetero
Sabemos, por el capítulo del Eje Cafetero del Informe de la Comisión de la Verdad, que esta macro región conformada por Caldas, Quindío y Risaralda ha sufrido una invisibilización de la violencia y que a diferencia de lo que se creía, no fue un remanso de paz. En este territorio en el que hoy habitan más de 2,5 millones de personas, se encuentran dos pueblos Embera: Chamí y Katío, comunidades que han sido víctimas de despojos territoriales, reclutamiento forzado por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, persecución y estigmatización por parte de la fuerza pública, entre otras tantas formas de violencia.
Así quedó plasmado en una de las narraciones de los encuentros territoriales de reconocimiento La verdad indígena liderado por la Comisión de la Verdad, en la que se habló sobre los hechos ocurridos con el desplazamiento y la incursión paramilitar del resguardo Escopetera Pirza en Riosucio que tuvo como resultado el despojo territorial del pueblo originario el 25 de noviembre de 2001. “Esos fueron unos hechos muy lamentables porque ahí había escuela, estaba toda una comunidad y eso es lo que he querido enfatizar aquí, que es una comunidad que desapareció por culpa de la violencia”, expresa una de las mujeres indígenas.
Hechos victimizantes. Comunidades indígenas en Caldas 1985-2020
4818 desplazamiento
442 homicidios
242 amenazas
69 desapariciones forzada
32 actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos
En luchas y resistencias se puede recapitular el ir y venir de las comunidades indígenas en Colombia. Un camino lleno de espinas para mantener vivas sus identidades. Un canto a grito herido que dice “el territorio es nuestro hogar, queremos visibilizar nuestra historia, nuestras raíces, que se cuente la verdad”.
“Nupirau” es el libro escrito por Dávila Cruz en el que analiza las emergencias y las transformaciones en la territorialidad y la territorialización del pueblo indígena Misak. En la publicación se hace un acercamiento a la lucha de los Misak por recuperar su tierra y defender sus derechos como pueblo originario a partir de su reconocimiento en la Constitución Política de 1991.