Cielo Liliana Muñoz Noreña
Colombia es un país que necesita una revisión urgente de su política criminal. Las penas irrisorias, por un lado, exageradas en otros; aquellas que van en contra de la Constitución misma; el desconocimiento social de la proporción en que se dan los delitos; la influencia de los medios de comunicación en la relevancia social que se asigna a estos; por mencionar algunas situaciones, son evidencia de ello.
Se observa igualmente, cómo la promesa de aplicación de penas más severas para algunas conductas punibles, se convierte en el caballo de batalla con el que muchos se abren paso en la política. Esto sumado a que en Colombia es precisamente en el entorno político en el que se toman decisiones de este orden y, generalmente, sin la participación de profesionales y expertos de disciplinas que tienen mucho para aportar en la materia.
Luis A. Vélez Rodríguez es profesor investigador de la Universidad de Manizales y coordina el Grupo de Investigación Política Criminal, Víctima y Delito que se creó en 2018. Desarrollan un proyecto que nació de la hipótesis de que la política criminal colombiana es una fuente de dolor, sufrimiento y exclusión social, que se integra en las causas estructurales de los conflictos sociales del país. El objetivo es revisar la actividad legislativa penal, entender las actitudes punitivas de la ciudadanía y revisar el papel de las víctimas y grupos de presión a la hora de sancionar leyes penales.
¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando actualmente en el grupo de investigación?
Venimos trabajando un macroproyecto denominado El derecho penal colombiano en el marco de un modelo de justicia transicional transformativa. Básicamente lo que se plantea es hacer un diagnóstico del estado de la política criminal tomando como marco temporal la vigencia del Código Penal actual, que es del 2001 hasta el 2018, donde identificamos una abultada producción legislativa en materia de leyes penales y teniendo en cuenta que en este periodo hubo dos procesos de justicia transicional, uno de Justicia y Paz del 2005 con organizaciones paramilitares y el último proceso con las Farc. Es importante señalar que este último no es un acuerdo de sometimiento sino de paz que involucra mecanismos de justicia transicional, entendiendo esta como una serie de instrumentos para, no solo cesar las violaciones a los derechos humanos que se venían presentando, sino para construir o intervenir en la estructura social.
¿Cuáles son los principales avances de esa revisión de la actividad legislativa en materia penal?
Hicimos una revisión de la política criminal a través de las técnicas de formación de las leyes en Colombia, que es muy deficiente. Sobre este aspecto del proyecto estamos a punto de la publicación de un libro de política legislativa penal comparada, titulado Racionalidad legislativa penal y cuestiones de política criminal. Allí tenemos la experiencia de Colombia que es la que generamos nosotros, pero también de España, Estados Unidos, Chile, Italia, Perú y Brasil, de unos trabajos colaborativos con investigadores de esos países.
En esa comparación hallamos, primero, y que creo que es un rasgo común, el uso abusivo y desmedido del derecho penal para solucionar un montón de problemas sociales relacionados, entre otros, con la salud pública, la libertad sexual, con la familia, la protesta social y la economía. Un segundo rasgo es el rechazo de los políticos a incorporar y considerar en el proceso de toma de decisiones legislativas las opiniones de expertos en política criminal, economía, psicología, trabajo social, necesarios para la calidad de la decisión. Finalmente, un uso desmedido de la prisión en Colombia y Latinoamérica.
En cuanto a ese segundo plano del acercamiento a las actitudes punitivas de la ciudadanía, ¿qué han encontrado?
Una finalidad de nuestro trabajo es reconocer si el discurso de quienes toman las decisiones de políticas públicas a nivel de gobierno legislativo encuentra respaldo en la realidad social. Es frecuente oír a los políticos decir: “Vamos a subir las penas porque la gente lo pide”, queríamos saber si realmente la sociedad reclama esto y qué tanto. Hicimos una encuesta de actitudes punitivas, de tipo abstracto, el siguiente paso es hacer encuestas de tipo concreto, y lo que han mostrado es que lo que llaman opinión pública no existe. Las personas son menos punitivas cuando son confrontadas con la realidad de la pena y de la prisión, pues muchos tienen seres queridos en prisión o personas que se han visto sometidas a un proceso judicial, y conocen de cerca el sufrimiento que el sistema penal encierra. Estas personas no aparecen en la opinión pública, así que lo que queremos demostrar es que el discurso oficial o dominante en el que la gente es muy punitiva y pide más penas, no es tan cierto.
Y en relación con el tercer plano, ¿cuál es el papel de la víctima y de grupos de presión diversos en la sanción de las leyes penales?
Las leyes penales son defendidas en el nombre de las víctimas. Se suele sostener que penas más duras contra el delincuente son favorables a las víctimas. La realidad es que estas leyes rigoristas, aunque se presenten como un favor a las víctimas, no son así. No hay ningún estudio que demuestre que disminuir las garantías de los ciudadanos que delinquen contribuya a mejorar la situación de las víctimas.
El problema de utilizar el discurso de la víctima por parte de los actores de política pública en materia criminal es que parecen creer que la sola mención de estas los exonera de hacer estudios empíricos que den cuenta de la realidad social de la delincuencia y a justificar por qué el derecho penal es necesario. Lo vemos con la seguidilla de leyes penales que intervienen sobre la delincuencia sexual contra menores de edad. Más de ocho leyes han aumentado las penas, han eliminado beneficios, han creado registros y han llegado a modificar la Constitución Política para incorporar la prisión perpetua, sin que esto haya contribuido en beneficio de la población infante y adolescente que es vulnerable para este tipo de criminalidad.
En todo este contexto que viene planteando, se deduciría que hay un papel importante de los medios de comunicación y del manejo que dan a estos temas
Correcto, justamente una de las preguntas que planteábamos en el trabajo sobre actitudes punitivas era para saber en qué fuentes de información se basaba la percepción de los encuestados sobre el delito y la pena. Dimos una escala para que las personas definieran cuáles eran las fuentes más importantes y, mayoritariamente, consideraban que era la prensa nacional pero consultada a través de las redes sociales. En segundo lugar, estaba la televisión. Hemos analizado que la población más joven no va directamente al periódico a leer los titulares, sí leen periódicos, pero hay un filtro previo, las redes sociales. Prácticamente las redes les dicen qué leer.
¿Qué proyectan a futuro con estos estudios?
Creo que las dos líneas que nos hemos trazado son, primero hacer más trabajos de campo. Esta es una carencia que tenemos quienes nos hemos formado en escuelas de derecho, nuestros trabajos han sido tradicionalmente de observación documental y poco trabajo de campo. Tenemos un semillero, ahí los estudiantes han estado motivados para hacer esos trabajos cercanos a la realidad social. Por otro lado, es fundamental insertar el discurso crítico de la academia en el desarrollo de la política legislativa. Las universidades y sus grupos de investigación deben constituirse en verdaderos grupos de presión expertos a estas tendencias irracionalistas de la política criminal. En este último sentido ya hemos hecho intervenciones ante el Congreso de la República y acciones de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.