Carlos Andrés Urrego Zuluaga
“Decir que: dejen de deforestar ¡y ya! es muy fácil cuando se vive en las ciudades”. Eso comenta la ingeniera forestal de la subdirección de Cormacarena (Meta) Jully Andrea Forero Riaño, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, acerca de lo que encontró al preguntarse cómo cambiaron los bosques antes y después de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en 2016.
Antes de la llegada de los españoles, La Macarena, en el departamento del Meta, estaba habitada por los indígenas Guayaberos. A mediados de los años cincuenta del siglo pasado los colonos caqueteños llegaron a esta zona que, por lo inhóspito de su selva, se mantuvo más o menos intacta hasta los años setenta cuando la coca, la violencia guerrillera y paramilitar tocaron sus montañas, ríos, bosques y biodiversidad. Durante años se mantuvo un equilibrio tensionante bajo la autoridad de la guerrilla de las Farc pero, al firmar el Acuerdo con el gobierno, todo cambió. Jully quería saber qué tanto y por qué.
En 1989 el presidente Virgilio Barco Vargas batallaba para que Colombia no fuera considerada un Estado fallido por la lucha contra los carteles del narcotráfico, los ataques guerrilleros y el prefacio de un complejo y convulso capítulo que tuvo como autores a los paramilitares. En ese contexto se demarcó el Área de Manejo Especial de La Macarena, con cerca de 39.000 kilómetros cuadrados (el 3,4% de la superficie de Colombia, más o menos, 4,5 veces el departamento de Caldas). Esa área está integrada por cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN) y tres Distritos de Manejo Integrado (DMI).
Uno de los resultados de la investigación es un artículo científico publicado en la revista Colombia Forestal. Allí se entregan las siguientes cifras: “El área más afectada corresponde al PNN Tinigua donde la deforestación aumentó 1176.1 %, seguida del DMI Ariari Guayabero con 159 %, el PNN Sierra de La Macarena con 91.8 % y el DMI Macarena Sur con 62.5 %”.
Para Manuel Francisco Polanco Puerta, docente de la Universidad de Manizales y tutor de Jully, estos datos, en términos de biodiversidad son un “desastre”. Esta zona no solo es relevante por las figuras de protección que allí se aplican, sino que es un corredor biológico importante por tratarse de un territorio de transferencia entre montaña y llanura. “Cuando se tala, tras el árbol va se destruye una gran cantidad de sistemas biodiversos, organismos vivos desde lo macro y lo micro; las pérdidas son incalculables. Tampoco conocemos muy bien todos los tipos de organismos que allí habitan”, dice, aunque los registros nacionales identifican más de 500 especies de aves, 2000 de flores, osos hormigueros, jaguares, entre otros.
Estos resultados se obtuvieron luego de analizar las imágenes satelitales Landsat 7, Landsat 8 y Sentinel 2 con el software QGIS, capaz de cuantificar las áreas afectadas por la deforestación. Los datos son certeros y preocupantes, pero para Jully esto no era suficiente.
¿Qué hay detrás?
La Macarena dista un poco más de 200 kilómetros de Villavicencio, la capital del departamento. Tiene un poco menos de 30 mil habitantes y es pura naturaleza, incluso, luego del Acuerdo de Paz el turismo se convirtió en uno de los motores económicos.
Toda esta biodiversidad debe congeniar con grupos humanos. “Me dio curiosidad saber qué pasó, ¿por qué se dan estas circunstancias? y empezamos a ver un contexto socio político complejo: la firma de los acuerdos y las expectativas dadas a un territorio en donde algo estaba ocurriendo”, explica Forero Riaño. Para conocer qué piensan, cómo viven los habitantes y cuál es su relación con los bosques, aplicaron 23 entrevistas a ganaderos y campesinos de la región, y desde el inicio se dio cuenta que no iba a ser una tarea fácil. Las imágenes satelitales son dicientes, pero, el día a día en terreno resultó mucho más complejo de lo que esperaba.
En otros países -Ruanda, República Democrática del Congo y Sierra Leona, por ejemplo- los acuerdos de paz entre diferentes actores armados también fueron seguidos de un incremento en la tasa de deforestación.
Cuando iniciaron a hacer reuniones grupales para aplicar las encuestas, Jully empezó a relacionarse con la comunidad; uno de los líderes interesado en el proceso estaba cada vez más cercano al ejercicio, pero un día llegaron a su casa y personajes desconocidos lo asesinaron. “Eso nos hizo frenar y reconsiderar de cierta manera muchas cosas desde lo académico y personal, porque yo soy diferente después de esa fase. Valorar las personas, las comunidades…”, comenta.
La realidad del territorio está marcada por una mano invisible: actores que nadie nombra con intereses por mantener el control. Aunque la deforestación ha crecido exponencialmente, el papel de campesinos y ganaderos es mucho menor si se compara con el efecto de los grupos armados ilegales. “Antes, el acceso a los recursos naturales era un proceso de necesidad, ahora es una forma de afectar al mismo Estado, de venganza, una forma de lucha contra la legalidad”, afirma la investigadora.
Las encuestas aplicadas perseguían tres objetivos: establecer qué relación existe entre la población y las actividades económicas, la relación con el bosque natural, y las alternativas de mitigación al daño ambiental. La ganadería resultó la actividad más desarrollada en el municipio de La Macarena con un 46 %, seguida de la agricultura con 34.9 %. “El tipo de ganadería más frecuente en la zona es de mediana escala con 46 %, y el producto agrícola predominante es la yuca, que representa un 24 %”, destaca el artículo. También señala que la madera es el producto de bosque más usado (48%) y que el recurso natural más afectado por esas actividades es el bosque (40,5%), seguido por el agua (28,6%).
Acerca del tercer punto, los encuestados sostienen que es necesario implementar proyectos productivos con maquinaria para los suelos; también identifican la necesidad de aumentar la cobertura mediante reforestación y la creación de incentivos para la conservación; en menor medida indicaron que se requiere una política pública de ganadería intensiva y una adecuada titulación de predios.
Sobre el futuro
La deforestación acumulada en el departamento del Meta en 2021 se calcula en 38.993 hectáreas. Aunque hay acciones y figuras jurídicas que resguardan estas zonas, las comunidades siguen siendo convidadas de piedra. “¿Qué hay para ellas? Jully Andrea afirma que hay necesidades insatisfechas, presencia de grupos armados y figuras de ordenamiento territorial que si bien tienen intención de conservar los recursos naturales desconocen las necesidades y la relación de los seres humanos con esos recursos”.
Una de las preguntas pendientes es qué va a pasar con esas áreas protegidas que, aunque según la norma son restrictivas, inalienables, inembargables e imprescriptibles, la realidad es otra ya que esos términos no son compatibles con la presencia humana. “El reto es equilibrar las necesidades básicas con las posibilidades de ingresos y la ausencia de Estado”.
Para el profesor Polanco, la presencia estatal es necesaria para evitar la intervención de grupos armados ilegales, pero también se debe fortalecer la educación de quienes viven en esas zonas para entender la riqueza que representa el bosque, la gran despensa de que disponen allí. “Pensar en una explotación más ordenada o pensar esto en áreas que no estén protegidas”, concluye.
"El incremento de la deforestación en este municipio se dio no por la firma de los Acuerdos en sí, sino por la incapacidad para implementarlos... La deforestación no debe ser vista como un problema netamente ambiental sino de manera integral, incluyendo el contexto sociopolítico”, concluye el artículo.
Según el Ideam, después de la firma de los Acuerdos de Paz se registra un incremento de 5238 hectáreas de bosque perdido en 2016 y de 11461 hectáreas en 2017
Título de la investigación: Análisis de la deforestación en La Macarena, antes y después de los acuerdos de paz.
Investigador(a) principal: Jully Andrea Forero Riaño.
Coinvestigadores: Manuel Francisco Polanco Puerta. Grupo de investigación a la que pertenecen los investigadores y coinvestigadores.
Financiación: Privada
Período de la investigación: 2015 a 2018