Desde la RECTORÍA

 

La reforma tributaria 2021

 

Columna del Rector

La reforma tributaria aprobada la semana anterior por el Congreso de la República es la número 13 en los 21 años que van corridos del siglo XXI. Esto significa en promedio una reforma cada 19 meses, lo que indica una inestabilidad tributaria, pocas posibilidades para los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, de planificar su tributación y una falta de claridad en las reglas de juego.
Es necesario que el país adopte un marco tributario de largo plazo mediante una reforma tributaria integral; pero como este no es el caso, por el momento conviene analizar los efectos del nuevo régimen de tributación al que se deben someter los contribuyentes.

Las nuevas condiciones impositivas a partir del año 2022 muestran un importante proceso de redistribución de la renta al destinar cerca de $13 billones a mejorar las condiciones de vida de los sectores con mayores dificultades económicas y de los más perjudicados por los efectos económicos negativos de la pandemia. Los principales rubros del gasto que se financiarán con la reforma son: $8,7 billones para el ingreso solidario entre lo que resta de 2021 y todo 2022; otros $1,1 billones para el programa de apoyo al empleo formal (PAEF); $0,7 billones para 2021 y 2022 para nuevos subsidios a jóvenes y resto de la población; $1,4 billones destinados a matrícula cero en las universidades públicas para los dos años mencionados, y beneficios para el sector turismo por $1,0 billones para 2022.

De estos recursos solamente $2,1 billones que equivalen al 16,15% se destinan al estímulo empresarial o sea a la generación de oportunidades laborales. Es claro que en las circunstancias globales de hoy y en especial en los países menos desarrollados se requiere apoyo del Estado, pero también es cierto que el desarrollo de un territorio no se logra con subsidios al consumo, sino con incremento de la producción de bienes y servicios que contribuya a la creación de nuevas oportunidades laborales para la población.

Sobre el origen de los fondos, se pretende recaudar $15,2 billones provenientes de fuentes fijas y $2,7 billones de fuentes transitorias para un total de $17,9 billones para atender los gastos antes mencionados y otros rubros para cubrir el funcionamiento del Estado. Se proyecta un incremento del impuesto de renta a las empresas que pasa del 30% al 35% y una sobretasa del 3% para el sector financiero, o sea un impuesto de renta del 38%. Del incremento del impuesto a la renta quedan excluidos los negocios que facturen menos de $3.600 millones al año.
Se espera que la lucha contra la evasión genere $2,7 billones y que otros $1,9 billones resulten de medidas de austeridad en el gasto, lo cual está por verse en un año electoral.

Es importante destacar que la reforma no incrementa impuestos a las rentas de trabajo, ni a las pensiones, como tampoco traerá modificaciones del IVA. Este último impuesto sólo presenta una afectación incluyendo envíos por tráfico postal con un costo inferior a USD 200, sin afectar las mercancías provenientes de países con los que Colombia tiene tratado de libre comercio vigente.

Más allá de las diferentes tarifas y del volumen de los recaudos, la actual reforma no cumple con la condición de integralidad que se ha venido reclamando y prometiendo al país en materia tributaria. Bien sabemos que los tributos deben permitir el logro de los objetivos del Estado como estructura política y jurídica de la sociedad cuya obligación constitucional es atender las necesidades básicas de la población tales como seguridad, educación, salud, preservación de los derechos fundamentales, entre otros, así que recaudar los recursos que permitan cumplir estos objetivos será el segundo propósito del sistema tributario, porque el primero ha de ser la honestidad y la eficiencia en el manejo del gasto público en todos los niveles administrativos.

Columnas del rector escritas durante el 2021

Martes, Agosto 31, 2021

En las actuales circunstancias del mundo, con grandes afectaciones a los sistemas naturales y sociales como la deforestación, el cambio climático, las migraciones forzadas e intervenciones bélicas sin resolver que pueden llegar a destruir la vida como hoy se conoce, conviene revisar diferentes soluciones teóricas propuestas desde diversos campos de la ciencia, pero ignoradas por quienes toman grandes decisiones de alcance planetario.

Una de ellas se funda en el concepto del “Bien común” acuñado por Tomas de Aquino (siglo XIII) e incorporado en el análisis económico durante el siglo XX, especialmente por Christian Felber y Jean Tirol, con la denominación de “economía del bien común”, cuyos principios son la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad, la transparencia y la participación democrática, y está dirigido a proporcionar mayor felicidad a los seres humanos. En este contexto, el producto interno bruto (PIB) como indicador típico de la economía de las naciones y los estados financieros de las organizaciones es considerado insuficiente. En su lugar, la economía del bien común propone medir la riqueza de un territorio incluyendo indicadores de carácter social y ambiental como la cohesión social, la solidaridad, la participación, la calidad de la democracia, la política medioambiental, el justo reparto de los beneficios y la igualdad de género, en lo que se ha denominado el “Producto del Bien Común”. Desde el punto de vista de las organizaciones, su éxito no depende solo de la obtención de beneficios económicos y financieros para los propietarios, sino también de su benéfico impacto social y ambiental.

El modelo de la economía del bien común es cercano a las propuestas de los pioneros del cooperativismo de Rochdale (1844), movimiento que valora a las personas por encima del capital y destaca el papel de la participación directa y la cooperación como capacidades clave en el desarrollo de las organizaciones. Destaca que la cooperación ha de primar sobre la competencia en el comportamiento de las empresas, incluyendo la participación democrática como uno de los valores que se deben fortalecer. La democracia en las organizaciones del bien común se concreta en las personas empleadas y los clientes como dos de los grupos de interés fundamentales. En ambos casos, la democracia participativa se traduce en una participación activa y directa en la toma de decisiones, uno de los principios cooperativos.

Al anterior modelo ha de añadírsele hoy el valor de la sostenibilidad de las organizaciones y del entorno en el que realizan su actividad, que contempla una triple dimensión de su negocio: económica, social y ecológica o medioambiental, conocido como triple balance o, triple resultado. El enfoque del desarrollo sostenible se basa en el equilibrio de las tres dimensiones. Entre los indicadores del modelo resultante se destacan: a) la sostenibilidad de la cadena de suministro que implica el análisis de los impactos ambientales negativos de cada producto o servicio, compra de las opciones más sostenibles y porcentaje de productos o servicios que son sostenibles; b) la sostenibilidad financiera, que incluye inversiones socialmente responsables y sostenibles; c) la promoción de la sostenibilidad entre las personas empleadas que involucra medidas de promoción de la conciencia y formación ambiental, porcentaje de alimentación ecológica y uso de medios de transporte ecológicos, d) el uso y la gestión de residuos, por medio de la medición de los impactos negativos y aplicación de medidas para reducirlos y, e) medición de impactos negativos sobre la sociedad teniendo como base las necesidades que se cubren, solución a problemas sociales y ambientales y grado de satisfacción  que generan los productos o servicios. Quizás este sea el medio para enderezar los rumbos tortuosos que parecen seguir las sociedades humanas actuales.

Martes, Agosto 17, 2021

En el mundo actual, caracterizado por un alto y creciente déficit de empleo y pobreza generalizada, agravada por los efectos de la pandemia, es perentorio pensar, diseñar y proponer posibles caminos que contribuyan a impulsar la dinámica empresarial, porque aparte de cualquier preferencia política será sin duda un factor que mejorará las cifras de empleo y pobreza en la región.

Bien se sabe que los territorios, las naciones y las ciudades, compiten cada vez con mayor intensidad para atraer inversionistas nacionales y extranjeros, acudiendo usualmente a exención de impuestos territoriales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que este no es un modelo que permita generar sostenibilidad en el largo plazo de las inversiones realizadas, que buscan beneficiarse de estas políticas. La permanencia de las firmas en el mercado y su proceso de localización son mas bien la expresión de su nivel de productividad y competitividad en los mercados de bienes y servicios, siendo las condiciones del territorio las que determinan un porcentaje alto de esa productividad y competitividad empresarial.

Un factor que puede contribuir a mejorar la productividad y competitividad de las diferentes organizaciones presentes y futuras que operen en la ciudad y el departamento es la creación de un modelo de desarrollo de proveedores que atienda la demanda de insumos que requieran las diferentes empresas activas en Manizales y Caldas y que actualmente provienen de otras latitudes. Las empresas que aumenten su producción o que sean creadas para este fin serían una buena fuente de nuevos y duraderos empleos que subsistirían más allá de las obras públicas que se promuevan en estos tiempos en el territorio. Desarrollar proveedores locales permitiría mantener la dinámica generada a través de la obra pública.

Esto requiere de la acción conjunta de los diversos actores de la economía (empresas, niveles gubernamentales, academia, gremios, entre otros). La matriz insumo-producto es una herramienta que permite identificar el origen y las demandas de bienes y servicios por parte de las organizaciones locales para determinar qué tipo de actividades se deben incentivar para atender esta demanda generando así nuevos puestos de trabajo.

Este modelo responde al concepto de “crecimiento endógeno”, el cual asume que la acumulación de capital y el cambio tecnológico e innovación son consecuencia de decisiones de inversión tomadas por agentes económicos racionales maximizadores de ganancias en un determinado contexto histórico, que como diría Adam Smith, buscando el interés particular contribuirían a generar un beneficio colectivo representado en este caso por nuevos puestos de trabajo y una mayor dinámica de la actividad económica. De esta forma, la idea central de la nueva geografía económica es que el crecimiento regional debe obedecer a una lógica de causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de las empresas conduzcan a una aglomeración o concentración espacial de la actividad económica y de los procesos productivos para que se autorrefuercen progresivamente, generando una especie de circulo virtuoso de crecimiento económico.

Resulta interesante pensar para Manizales y Caldas en un sistema de encadenamientos productivos a partir de la actual base económica y educativa, para facilitar la acumulación de las diferentes formas de capital requeridas por los procesos de desarrollo endógeno, permitiendo generar economías de la aglomeración, y así impulsar nuevos emprendimientos e innovación en los procesos productivos que contribuyan a bajar los costos de producción, disminuir los tiempos de almacenamiento de materias primas, bajar los costos financieros. y a su vez generar nuevos puestos de trabajo de alta calidad tan necesarios por estos tiempos en la ciudad y el departamento.

Martes, Agosto 3, 2021

De cara a las elecciones de 2022 es importante comprender el modelo de desarrollo implementado en el país, que durante los últimos 50 años ha mantenido la misma tendencia, para poder evaluar las propuestas de los diferentes candidatos y determinar sus fundamentos y viabilidad. Un nuevo rumbo es necesario para superar los grandes problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el país, acrecentados por la pandemia y el reciente paro nacional.

El modelo que ha venido orientando la actividad económica y social en Colombia se ha fundamentado en los postulados del liberalismo económico que privilegia el papel protagónico del capital privado en la provisión de la mayoría de los bienes y servicios que requiere la sociedad, y que condiciona el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de la población, al tiempo que restringe el papel del Estado a la satisfacción de las necesidades básicas de seguridad, justicia y leyes.

La política económica de los últimos gobiernos ha favorecido la inversión privada. Entre las medidas implementadas se pueden destacar: disminución de los costos laborales, eliminación de restricciones financieras, fomento del ahorro, disminución de los costos del capital originados en barreras comerciales, transparencia del Estado, apoyo a la microempresa y fomento a las exportaciones principalmente de bienes básicos y extractivos. Este modelo requiere eliminar el déficit público, canalizar el ahorro privado mediante mecanismos alternativos como los fondos de pensiones. Además, busca flexibilizar y promover la competencia en los mercados de capitales, para reducir las tasas de interés y la inflación, fortaleciendo el sector financiero como punto de apoyo para el crecimiento.

En relación con los problemas de distribución del ingreso y la pobreza, el modelo ha planteado acciones básicamente en tres frentes: El primero, descentralizar funciones y transferir recursos, entregando a las regiones la responsabilidad de garantizar la cobertura en los servicios de educación, salud y saneamiento básico. El segundo busca liberar al Estado de la carga fiscal que representa la provisión de seguridad social para toda la población, por considerar que el capital privado está en capacidad de ofrecer esos servicios con mayor eficiencia y con posibilidad de generar más empleo. En tercer lugar, en el frente social se han implementado instrumentos para orientar el gasto con la intención de que los recursos públicos tengan como beneficiarios a los grupos poblacionales pobres, aportando subsidios a la demanda.

Sin embargo, en sentido es necesario recordar que ningún territorio puede lograr altos niveles de desarrollo con base en subsidios y resulta más adecuado generar oportunidades laborales y de acceso a educación. Con relación a la infraestructura, el modelo incentiva la participación de los particulares en la construcción, administración y operación de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones por medio de concesiones, esperando así eliminar las ineficiencias en esos servicios cuando son administrados por la burocracia estatal. Frente a los grandes problemas económicos y sociales que no se han logrado resolver se podría pensar que “tenemos qué cambiar el modelo”, pero esta resulta ser una frase fácil de pronunciar, pero complicada de realizar. ¿Cómo? ¿por cuál otro? ¿acaso ya existe un modelo de desarrollo económico completo y coherente que genere equidad y satisfacción en países no ricos como el nuestro? Parece que no. ¿Cómo lograr una mayor equidad en el reparto de la riqueza? Tales son las preguntas y el reto para los candidatos presidenciales, cuyas respuestas han de orientar a los votantes más allá de los discursos populistas y las propuestas simplistas, como las que tienen al borde del colapso a varios países del continente, cuyos habitantes más pobres “ya no saben para donde echar”.

Martes, Julio 20, 2021

El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) presenta un análisis de las tendencias de la economía latinoamericana en el año 2021 y las perspectivas para el 2022. Destaca que, aunque en el año en curso se espera un importante crecimiento económico, este no representa un cambio destacado en la dinámica de la economía respecto del proceso de estancamiento observado en los años anteriores a la pandemia. Se puede inferir entonces que los datos positivos de crecimiento obedecen más a la caída de la actividad económica en el año 2020. No obstante, los datos esperanzadores para el 2021, no se llegará al nivel que mostraba la economía en el 2019. Las cifras esperadas para la economía colombiana serán similares al promedio regional.

Para 2021 la Cepal prevé un crecimiento económico en la región del 5,2%, y se reducirá al 2.9% en el año 2022. En Colombia se anticipa un 5,4% para 2021 y un 3,8% para 2022. En este sentido es importante recordar que antes de la crisis la región estaba prácticamente estancada: el crecimiento promedio fue de solo un 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo en el período 2014-2019. Este periodo fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro, solo comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. Esto indica que la región estaba muy mal preparada desde la perspectiva económica para enfrentar las consecuencias de la pandemia, tanto en el sistema económico como en los sistemas de salud y bienestar social.

Un elemento que contribuye a que el crecimiento no sea suficiente para recuperar y superar el nivel de la economía de 2019 es el peso del endeudamiento externo de la región con relación al PIB, que es en promedio del 56,3%, con un servicio de la deuda del 59% según datos del Fondo Monetario Internacional. Esto reduce la capacidad fiscal de los países para adoptar medidas que permitan mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y afrontar de una manera más efectiva el problema desde el sistema de salud, todo lo cual pone en riesgo la recuperación y el crecimiento futuro. La vulnerabilidad financiera de la región se ve agravada por las calificaciones de las tres principales agencias internacionales de calificación de riesgo, lo cual dificulta el acceso al crédito externo y encarece el servicio de la deuda. 21 economías de la región, de una muestra de 27, no cuentan con grado de inversión y por lo tanto sus bonos son considerados basura, como es el caso de la economía colombiana. Estas economías fueron las que experimentaron las caídas más fuertes en 2020.

Las principales secuelas de la situación económica ocasionada por la pandemia han llevado a la pérdida del empleo y la reducción de los ingresos laborales en 2020, especialmente en los estratos de menores ingresos, lo cual se vio reflejado en el crecimiento de la pobreza extrema, que alcanza el 12,5%, mientras que el índice de pobreza se ubica en el 33,7%. Por tanto, el número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría los 78 millones en latinoamérica (8 millones más que en 2019) y el número de personas en situación de pobreza llegaría a 209 millones (22 millones más que el año anterior). En este contexto, habrá aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso, con un incremento del 2,9% en el Índice de Gini (concentración de la pobreza). Para el caso colombiano esta tendencia ya venía creciendo en los últimos 5 años, como explicamos en una columna anterior.

Martes, Julio 6, 2021

A simple vista reducir la jornada de trabajo puede parecer deseable desde la perspectiva de quienes cuentan con un empleo formal, por cuanto dispondrán de más tiempo para disfrutar de actividades recreacionales y familiares que mejorarán la calidad de vida, o para generar oportunidades de nuevos ingresos. Además, también se puede considerar que en diferentes países del mundo con distinto grado de desarrollo se tienen jornadas laborales mas bajas. Sin embargo es importante considerar cuáles son las condiciones propias de la economía colombiana, pues actualmente no están claras las repercusiones de esta medida. Uno de los aspectos a analizar es el del incremento en los costos laborales sin que necesariamente signifique un mayor ingreso para los trabajadores. En consecuencia no incrementará de manera directa la capacidad de consumo de los hogares que aumentaría la demanda agregada, logrando una mayor dinámica económica que pudiera generar un circulo virtuoso de mayor actividad para las empresas, que permitiría compensar los mayores costos generados sin afectar sus estados de resultados. En el corto plazo la disminución de seis horas en la jornada laboral representa un incremento en los costos laborales del 12.5%. Seguramente disminuirá el nivel de   competitividad de algunas empresas y la única forma de recuperarlo sería por medio de reconversión tecnológica,  poco factible para las microempresas colombianas (con menos de 10 trabajadores), las cuales  generan el 66.45% del empleo total. También puede tener un efecto negativo en la formalización del empleo, en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la capacidad de las empresas, especialmente las micro, para competir en una economía globalizada. Muchos pequeños negocios optarán por contratar trabajadores sin el cumplimiento de toda la normatividad laboral o incluso verse en peligro de cerrar. Un 12.5% puede estar por encima del margen de utilidad de muchos negocios que operan cerca al punto de equilibrio, por lo que esta medida los impactará de manera directa. Más allá del incremento en los costos para las empresas que se generará con una jornada laboral de 42 horas es importante analizar el verdadero beneficio para los trabajadores colombianos. Según el Dane, para mayo de 2021 en el país había 20.578.000 personas ocupadas; de ellas 9.231.000 –que representan el 44.85% de los ocupados– trabajan por cuenta propia y seguramente no tendrán el beneficio de la disminución de la jornada laboral. Además, el mismo reporte del Dane  señala que 56.2% de las personas ocupadas –11.564.836– trabajan más de 40 horas y teóricamente éstas podrían ser las verdaderamente beneficiadas. Sin embargo entre estos ocupados se puede encontrar un buen número de trabajadores por cuenta propia que no tendrían el beneficio; además,  el 27.5% –5.658.950 personas– trabaja entre 20 y 40 horas y el 16.4% –3.374.792– trabaja menos de 20 horas, es decir que estas 9.033.742 personas no tendrían ningún beneficio. Si a esto se le suma 3.792.000 desocupados que tampoco se verían beneficiados con la medida se concluye que 12.408.534 personas no tendrán el beneficio de la disminución de la jornada laboral. Además hay un número importante de empleados que ya tienen jornadas de 40 horas semanales, especialmente en grandes empresas, y en consecuencia se disminuye el total de trabajadores que efectivamente serán beneficiados por esta ley. Aunque la ley no tiene vigencia inmediata y su aplicación plena será a partir del año 2026, tendrá un efecto importante sobre la generación de empleos formales en un país como Colombia, en el que la población económicamente activa suma 40.292.000 personas de las cuales 19.825.000, que representan el 49.5%, son inactivas o desempleadas. Cabe recordar que el país ha mantenido un alto nivel de desocupación con una tasa global de participación relativamente baja, un alto nivel de informalidad y la principal preocupación debería ser generar nuevos empleos de calidad.

Martes, Junio 22, 2021

Con un escenario macroeconómico caracterizado por el decrecimiento económico mundial, disminución de los precios del petróleo en los mercados internacionales, una menor demanda en los mercados mundiales por las materias primas que exporta el país y una alta incertidumbre global, el gobierno nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), proyectando la política fiscal al período 2022-2032, estableciendo algunos elementos que soportarán la próxima propuesta de reforma tributaria -o Proyecto de Ley de Inversión Social- como una pieza fundamental para implementar esta estrategia, tanto en las iniciativas expansivas de corto plazo, como en las que se pondrán en marcha en el mediano plazo para asegurar la sostenibilidad fiscal. En el mediano plazo, esta iniciativa contendría cambios en los ingresos y gastos fiscales, una financiación de la cuenta corriente principalmente por flujos de Inversión Extranjera Directa, (IED) lo cual parece poco probable considerando la pérdida del grado de inversión según una de las principales calificadoras de riesgo internacionales, aunque también es importante destacar que las otras dos calificadoras aún mantienen el grado de inversión calificado al país. En este sentido, el Gobierno cree que el crecimiento económico sostenido y la confianza inversionista perfilarían la IED como la principal fuente de financiamiento externa durante la siguiente década.

Se plantea realizar un ajuste fiscal en dos etapas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. La primera etapa estará contemplada en el proyecto de reforma tributaria que permitirá incrementar los ingresos, la cual recaerían fundamentalmente sobre el sector empresarial y las personas naturales con mayores ingresos. La segunda busca reducir el gasto público y hacerlo compatible con los ingresos disponibles para financiarlo. Lo anterior es consistente con el objetivo de lograr una transición gradual desde una postura de política expansionista en el corto plazo, a una posición fiscal consolidada en el mediano plazo. Otra fuente de financiamiento sería incrementar el recaudo tributario derivado del proceso de modernización de la DIAN; esto refleja los frutos, principalmente, de la implementación de la factura electrónica desde 2020, y de iniciar el programa de modernización de la entidad. Con lo anterior se espera que a partir de 2021 se incrementen los recaudos derivados de estas políticas. Este efecto será marginalmente creciente hasta 2023, en la medida en que estas políticas fortalezcan gradualmente la capacidad de fiscalización de la administración tributaria y se logren reducciones permanentes en la evasión.

La materialización de la senda decreciente de gasto tiene un rol fundamental en la necesaria reducción del déficit fiscal, de tal manera que se estabilice y reduzca la deuda pública. Sin embargo, por los menos en lo que resta de 2021 y todo 2022 esto se podría ver limitado si no se alcanza el ritmo de recuperación de la economía esperado; la implementación de las acciones de política consistentes con la reducción del gasto público es necesaria para consolidar las finanzas públicas, dado el nivel de ingresos fiscales que se proyecta. De lo contrario, la solvencia del Estado se podría ver comprometida, pues no se podría asegurar la estabilidad de la deuda pública en el mediano plazo. Por el otro lado, si fuera necesario implementar una senda de gasto público superior a la contemplada, se estaría generando un mayor déficit fiscal que pondría en dificultades las finanzas públicas y restaría al gobierno capacidad para reaccionar frente a choques adversos.

En general, se observa que el Marco Fiscal de Mediano Plazo planteado por el Gobierno Nacional contempla los criterios expresados en esta columna meses atrás cuando se empezó a hablar de la reforma tributaria: incremento en los ingresos del gobierno especialmente por la contribución de los sectores de mayores ingresos, mejoramiento del recaudo tributario evitando la evasión y disminución del gasto público sin afectar la política social.

Martes, Junio 8, 2021

Libertad y orden es la leyenda que aparece en el escudo colombiano. Además, en varios artículos de la Constitución Política se menciona la palabra libertad. Uno de ellos plantea: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley….” Y de la misma forma, en el preámbulo se reconoce la libertad como uno de los elementos fundamentales del marco jurídico que rige la nación. Sin embargo, pareciera que la forma de interpretar la libertad establecida solo contempla el derecho propio, más no los derechos de los demás, lo que ha llevado a que reclamar derechos implique violar los derechos de otros ciudadanos. Como quiera que la libertad es el derecho más reclamado pero también el más violado, es importante comprender a qué se refiere. Una de las formas de interpretarlo es la planteada por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, quien concibe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de los individuos. Este enfoque considera la expansión de las libertades como el fin primordial y el medio principal del desarrollo: el papel constitutivo de la libertad está relacionado con su importancia para el enriquecimiento de la vida humana. Considera que las libertades instrumentales son fundamentales y base para expandir la libertad general de los seres humanos, que le permitan a cada uno vivir la vida que quiere vivir. En general, se consideran cinco tipos de libertades instrumentales. Primero: las libertades políticas, que se refieren a las oportunidades de los individuos para decidir quién los debe gobernar y con qué principios. Estas libertades políticas incluyen la posibilidad de investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión y la existencia de una prensa sin censura. Segundo: los servicios económicos, que tienen que ver con la libertad de acceso de los individuos a los recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios. Como quiera que los derechos económicos que tiene una persona dependen de los recursos que posea o a los que tenga acceso, a medida que se eleva la renta de un país ésta debería traducirse en el incremento de los derechos económicos de la población. Pero no basta con el crecimiento de la renta; para que la población pueda incrementar su libertad económica es necesario que existan mecanismos que permitan una adecuada distribución de los beneficios del crecimiento de la renta nacional. Esto debe verse reflejado en oportunidades para toda la población y por esto la política fiscal debería estar orientada a democratizar las oportunidades de acceso a los bienes económicos disponible en el país. Tercero: las oportunidades sociales relacionadas con la existencia de unos sistemas de educación y sanidad que implican la libertad de los individuos para vivir mejor. Estos servicios son fundamentales para llevar una vida sana, lo que les permite participar de las actividades económicas y políticas. En el mundo contemporáneo esta libertad se ha visto seriamente afectada por la presencia de la pandemia. Sin embargo, es evidente que el grado de afectación en los diferentes territorios ha estado marcado por el acceso a los servicios económicos de las diferentes naciones, evidenciando una clara interconexión entre la libertad económica y las oportunidades sociales. Cuarto: las garantías de transparencia permiten la divulgación de información necesaria, que le facilita a los individuos interrelacionarse libremente con base en la confianza; también contribuye a la realización de todo tipo de intercambios, y a la participación en la vida política del territorio. En la actualidad, a pesar de los grandes desarrollos en los sistemas de comunicación, es evidente la falta de calidad de la información disponible en la sociedad, lo cual afecta de manera negativa la libertad para interrelacionarse. Quinto: la seguridad protectora, necesaria para proporcionar una red de protección social frente a las vulnerabilidades generadas por los cambios materiales que puedan afectar de manera negativa la vida de la población. La seguridad protectora debe impedir que la población afectada caiga en la mayor de las miserias. Esta libertad material también ha sido severamente afectada en el último año y ha puesto a prueba la capacidad de los Estados para ofrecer seguridad protectora a su población.

Manizales, Mayo 25, 2021

Las agencias de calificación son organizaciones encargadas de evaluar la situación económica para determinar la capacidad o intención de pago de un deudor, lo que permite establecer la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de un país o de las empresas ubicadas en su territorio. Las de mayor reconocimiento mundial y más consultadas por los mercados financieros internacionales son Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P).

Esta última le retiró el grado de inversión a Colombia la semana pasada y es posible que las otras dos sigan el mismo camino, dada la actual coyuntura económica y social. Para mayor claridad sobre lo que esto significa es necesario conocer la escala de evaluación, que inicia en AAA, y es otorgada a los países que por su elevada solvencia no representan riesgo para los inversionistas. En la medida que se perciban algunas situaciones que puedan incrementar el riesgo, la escala empieza a bajar así: AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB y BBB-. Hasta ese punto los países tienen grado de inversión y esta última (BBB-) fue la calificación de Colombia hasta la semana pasada. La escala sigue bajando: BB+, BB y así sucesivamente. A partir de BB+ sus bonos se consideran basura por su baja calidad crediticia o mayor probabilidad de riesgo de impago se denominan también “high yield” (o de alto rendimiento) porque los países emisores con estas calificaciones deben ofrecer un tipo de interés más elevado, generalmente por encima de la media del mercado, para poder conseguir financiamiento en los mercados internacionales de dinero.

Decíamos que Colombia la semana pasada pasó de BBB- al poco honroso BB+, primer grado en la escala de bonos basura lo que implica baja calidad crediticia. Esto significa que el alto rendimiento que deben obtener los inversionistas será asumido por el p

Martes, Mayo 11, 2021

En el reciente informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre pobreza monetaria en Colombia aparece un elemento que pasó inadvertido, pero que resulta de innegable importancia para orientar las políticas sociales y económicas. Se trata del coeficiente de Gini, uno de los indicadores sintéticos más significativos para describir la desigualdad en la distribución del ingreso y el consumo en un país. La medida se expresa entre el 0 y el 1, números teóricos de la distribución de la riqueza: el cero indicaría el paradisíaco caso donde el ingreso de una nación se distribuyera en perfecta igualdad, y el uno la situación donde una persona obtuviera todos los ingresos y los demás ninguno. Poco importa que sea  una sociedad capitalista o socialista, rica o sea pobre; lo que mide es cuán equitativa o inequitativamente está distribuida su riqueza Para entender las cifras conviene comparar varios países. Por ejemplo, en 1918 y entre 157 países analizados, el más igualitario fue Islandia (0,246), el menos Sudáfrica (0,630), el  32 la Unión Europea ( 0,308), en el medio  -78- Georgia (0,365) y  Colombia ocupó el lejano  157 escaño con el 0,508. Según los datos del Dane, el año anterior (2020) la situación empeoró: Colombia  alcanzó un Gini de  0,544, lo cual significa que estamos en una economía con un alto nivel de concentración del ingreso. Pero tal vez lo más importante es observar como se ha venido comportando el coeficiente en los últimos años en Colombia: entre 2012 y 2014 mostró cierta estabilidad, al estar en 0,539 y 0,538, y luego descendió –mejoró- al 0,508 en 2017, indicando que en ese periodo los colombianos más pobres fueron un poquito menos pobres y los más ricos un tris menos ricos. Esta sería la tendencia deseable en una economía como la colombiana caracterizada por una alta concentración de la riqueza. En desigualdad, el año anterior la peor ubicación la conservó Sudáfrica y Colombia ocupó el poco honroso décimo lugar (0,54) ¡flanqueado por Honduras y el Congo! Esta tendencia creciente se verá acentuada con los impactos de la pandemia, toda vez que los efectos han sido más graves en los sectores de menores ingresos. Aparte de la disminución en la calidad de vida, la desigualdad en la distribución de la riqueza incrementa las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios básicos, como la educación y la salud, y reduce el crecimiento de capital humano, uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico en la actual  economía del conocimiento. Los gobiernos pueden reducir la desigualdad en la renta mediante una política fiscal progresiva, luchando contra el acopio de beneficios por parte de grupos de poder, de presión, de acumulación,  y redistribuyendo el ingreso a través de la generación de oportunidades. Sin embargo, las reformas tributarias de los últimos 38 años en Colombia ha conducido a  una política fiscal que ha favorecido la concentración del ingreso, al centrarse en el recaudo en impuestos regresivos como el IVA, gravar las rentas del trabajo, y generar transferencias por medio de subsidios. Sería mucho más benéfico para el país mejorar las oportunidades de acceso a la educación y formación de alta calidad en todos los niveles e incentivar la formalización del empleo y la creación de empresas productivas, entre otras medidas de política económica y social que nos alejen progresivamente de ese reciente décimo lugar.

Martes, Abril 27, 2021

Si se cuentan las reformas tributarias en Colombia desde 1983, se puede afirmar que el país sufre de inseguridad jurídica en materia tributaria. En 38 años se han hecho 18 reformas, además de los ajustes que por la vía de decretos se han realizado al Estatuto Tributario. Si bien las distintas modificaciones han logrado aumentos en los ingresos del gobierno que permiten aliviar el déficit fiscal, ese logro es apenas transitorio, toda vez que también se presenta un aumento de tipo estructural e inflexible a la baja en el gasto público. Así las cosas, la pretensión de mantener equilibradas las finanzas públicas no se cumple, porque los ingresos tributarios dejan de crecer y el gobierno se ve obligado a llevar a cabo una nueva reforma tributaria cada dos años, en promedio. Esta inseguridad jurídica afecta especialmente a las rentas provenientes del trabajo. Esto último resulta evidente si se observan las principales modificaciones efectuadas, encontrando lugares comunes en el proceso, como que se ha venido cargando el peso de sostener al Estado a un mismo sector de la sociedad. El incremento de la tarifa del IVA y la ampliación de su base ha sido un proceso recurrente: en 1990 se pasó de una tarifa del 10% al 12% y desde entonces se han venido presentando incrementos en todos los proyectos hasta llegar a la tasa del 19% vigente hoy. Agotado el mecanismo de subir la tarifa se pasa a la ampliación de la base por medio de la inclusión de nuevos productos. Desde la reforma de 2019 se empezó a aplicar un mecanismo para mitigar la inconformidad social por el incremento en la base de productos incluidos, la promesa de devolución del IVA pagado por sectores de menores ingresos. Seguramente esta figura seguirá presente en las próximas reformas tributarias que se darán en pocos años, ya que la que se ha presentado en 2021 está lejos de resolver de una manera definitiva el problema fiscal del país. Otro tributo, creado por decreto durante la década de los noventa haciendo uso de la figura de la emergencia económica, es el impuesto a las transacciones financieras, que inició como un impuesto temporal en dos por mil, pero ya está en el cuatro por mil y a pesar de que se considera un tributo anti-técnico parece que no será posible eliminarlo en el mediano plazo. Ya con la Ley 1607 o Reforma Tributaria de 2014 se había planteado su desmonte gradual a partir de 2019, pero sigue vigente y no será fácil su eliminación. Otro tema recurrente es la ampliación de la base de declarantes y contribuyentes, que se logra bajando el monto mínimo de ingresos a partir del cual las personas naturales están obligadas a declarar y pagar impuestos de renta. En 2009 el ingreso medio gravable del decil más bajo era de $6.660.816 mensuales, en 2014 era de $3.268.750 y en el proyecto de reforma de 2021 se pretende llevar la base mínima gravable a $2.500.000 mensuales. Esta tendencia no parece conveniente, porque no favorece la equidad, en lugar de incrementar la tarifa a los niveles de ingresos superiores se amplía la base en los ingresos inferiores, lo cual es muy grave en un país como Colombia donde se observa un alto índice de desigualdad. Esto también ratifica una costumbre en los procesos de reforma tributaria, que es gravar las rentas provenientes del trabajo de las personas naturales, sin afectar, por ejemplo, de manera significativa las rentas de capital que las personas naturales obtienen, segmento donde se concentran los más altos ingresos de estos contribuyentes. De esta manera las personas que poseen más riqueza e ingresos no son las que contribuyen en mayor porcentaje al recaudo fiscal. Hay otros caminos que podrían contribuir a mejorar las finanzas públicas, pero ningún gobierno se ha comprometido con ellos. Se pueden mencionar algunos: control a la corrupción, control a la evasión, recuperación de cartera morosa en diferentes entidades estatales y reducción del gasto público en ciertos sectores que hacen pocos aportes al bienestar de la sociedad, entre otros. Entre tanto, seguimos avocados a la inestabilidad tributaria en Colombia.

Martes, Abril 13, 2021

Desde la perspectiva teórica de la administración de riesgos e incertidumbre, la adopción de estrategias inicia con algún tipo de análisis de la situación, es decir determinar cuales son las circunstancias actuales que afectan los resultados. La identificación de los niveles de incertidumbre ayuda a definir lo que cabe esperar a la hora de describir cada uno de los posibles futuros. El riesgo y la incertidumbre siempre han estado presentes en los procesos que involucran a los seres humanos y esto ha llevado a desarrollar diferentes herramientas para reducirlos. En este sentido se han planteado cuatro niveles de análisis dependiendo del grado de complejidad de las diversas situaciones. El primer nivel muestra un futuro suficientemente claro, en el cual por medio del análisis de la información disponible se puede determinar una previsión delimitada para apuntar hacia un grupo de objetivos estratégicos determinados. El segundo nivel habla de futuros alternativos: el proceso de toma de decisiones permite prever escenarios específicos y si bien no se puede identificar a que resultado se va a llegar, sí se pueden establecer resultados predecibles con altos porcentajes de probabilidades de ocurrencia, con menor nivel de riesgo e incertidumbre. El nivel tres permite identificar un abanico de posibles futuros definidos por un número limitado de variables esenciales: el resultado real puede situarse en cualquiera de los puntos comprendidos dentro de los límites de ese abanico, pero no se pueden identificar escenarios específicos naturales. El nivel cuatro se conoce como auténtica ambigüedad: múltiples dimensiones de incertidumbre en interacción crean un entorno altamente complejo y volátil, prácticamente imposible de prever, siendo muy difícil identificar resultados posibles. En este cuarto nivel ni siquiera es factible determinar y mucho menos prever todas las variables pertinentes que van a incidir en la definición del futuro. El mundo actual se caracteriza por altos niveles de volatilidad, ambigüedad, incertidumbre y complejidad, incrementados por la pandemia, que desde la perspectiva social, económica y política se han sentido con mucha mayor fuerza en los países de América Latina y el Caribe. El contexto latinoamericano se puede caracterizar como un escenario de nivel cuatro o de autentica ambigüedad, en el que se presentan múltiples dimensiones de incertidumbre.  Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se observan cinco canales externos a través de los cuales el covid-19 afecta a la región: el primero la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; segundo, la caída de los precios de los productos primarios; tercero, la interrupción de las cadenas globales de valor; cuarto la menor demanda de servicios de turismo, y quinto la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Estos elementos señalados por la Cepal incrementan el nivel de riesgo e incertidumbre en los procesos económicos, sociales y políticos de los diversos territorios latinoamericanos. La alta dependencia de la exportación de materias primas básicas, fundamentalmente resultado de la actividad extractiva, sin incorporación de valor agregado afecta los niveles de ingreso, especialmente como consecuencia de la disminución de la actividad económica de los principales compradores de estas materias primas en el ámbito mundial, generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda con el efecto en la caída de los precios en los mercados internacionales, lo cual lleva a un deterioro de las condiciones de intercambio y una disminución de los ingresos de los países, agravada por restricciones en el mercado mundial de dinero. Toda vez que, como consecuencia de las condiciones de ambigüedad e incertidumbre generadas por la situación mundial, se ha incrementado la aversión al riesgo de los mercados financieros mundiales, hay una disminución de la oferta de crédito en los mercados internacionales, con el consecuente incremento en las tasas de interés, en momentos en que los países de menores ingresos y menor capacidad de ahorro interno requieren de financiamiento externo para atender las demandas originadas por la pandemia. En este orden de ideas, los futuros probables de América Latina presentan un alto nivel de riesgo e incertidumbre, lo que dificulta cualquier proceso de planificación en el mediano y largo plazo.

Martes, Marzo 30, 2021

El pasado 23 de marzo el Concejo de Manizales se ocupó de analizar la influencia de la educación superior en la reactivación económica de la ciudad, en una sesión que convocó a diferentes actores del sistema educativo. Más allá de las conclusiones y decisiones que de este evento se pudieran derivar, resulta interesante destacar que la corporación se haya dado un espacio para debatir alrededor de la contribución de este sector a la economía. Con cifras contundentes sobre el aporte al Producto Interno Bruto de Manizales y Caldas se demostró que la educación tiene un peso importante en el mejoramiento de diferentes indicadores de la economía. Sin embargo, tal vez no sea ese el aporte más destacable que la educación le hace al mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio: como lo planteó el premio nobel de economía Gary Becker, la educación es un factor que puede explicar el crecimiento económico en forma de productividad, dando de este modo una nueva interpretación de los factores no observables en la economía y no dependientes exclusivamente de la cantidad sino también de la calidad y el aprovechamiento que de ellos haga la sociedad. De esta manera se puede plantear que la educación es un sector necesario no solo como sector de la economía que contribuye a promover la prosperidad económica, sino también como factor determinante de las características de una sociedad. El acceso a la educación se convierte en un factor fundamental de movilidad económica y social en cualquier ámbito. Diversos estudios han demostrado una estrecha relación entre el acceso y la calidad de la educación y el progreso de las naciones y por lo tanto resulta urgente que la sociedad se tome en serio las afectaciones que el sistema educativo está sufriendo en todos sus niveles como consecuencia de la ampliación de la brecha en acceso y calidad que se está observando no solo en Manizales y Caldas sino en todo el país entre los diferentes estratos socioeconómicos. En este sentido, resulta importante avanzar en el debate y las soluciones sobre las implicaciones que están teniendo las medidas de distanciamiento físico, que la pandemia ha obligado a tomar, sobre la brecha en calidad de la educación como consecuencia de las diferencias de acceso a los equipos de cómputo y la conectividad entre diferentes grupos poblacionales, que afecta especialmente un sector considerable de niños y jóvenes. Las consecuencias de esta situación no son observables en el corto plazo, pero se sentirán en el mediano y largo plazo cuando quienes hoy están siendo excluidos de una educación de calidad se integren a la fuerza laboral del territorio y no cuenten con el conocimiento necesario para insertarse en una economía que cada día demanda en mayor medida el aprovechamiento de los conocimientos, habilidades y destrezas en lo individual y colectivo. Como lo plantea Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional de Colombia, “….en gran medida somos lo que nuestro pasado educativo nos ha permitido ser, y vemos esperanzados un futuro, basado en gran medida en la forma como vayamos a educar a nuestros jóvenes…”, en consecuencia seguramente Manizales, Caldas y Colombia serán lo que en el presente educativo se le está entregando a la juventud, y de acuerdo con lo que está sucediendo con la educación, se está avanzando en la construcción de una sociedad más desigual y por tanto menos viable. Es urgente avanzar en el cierre de esta brecha que se ha ampliado con los acontecimientos del último año.

Martes, Marzo 16, 2021

Los diversos indicadores que miden el comportamiento de la economía, tanto en el ámbito nacional como en el local, dan cuenta de un comportamiento negativo que un año después de iniciada la pandemia no da signos de recuperación. Esto a pesar de haberse iniciado el proceso de vacunación y de existir cierta claridad con relación a que la ciencia ha encontrado una salida, que sin embargo no parece haber causado el esperado efecto psicológico en los mercados para producir una reacción importante en la actividad económica que permita revertir la tendencia decreciente de los diferentes indicadores. Esto puede tener, entre otras causas, que aún no se han superado las circunstancias que provocaron un comportamiento decreciente del ciclo económico, que ya se observaban en el contexto nacional e internacional antes de la pandemia; por lo cual no solo se trata de los efectos de la situación de salud, sino también de la acumulación de factores internos y externos con importante incidencia en la actividad económica, que se observaron durante el año 2019 y que se acentuaron con las medidas restrictivas de la actividad general de principios de 2020. No obstante que las preferencias de política económica prevalecientes en el mundo a partir de los años 80 del siglo XX hasta la actualidad han recomendado la reducción del tamaño del Estado, el fomento de la libertad económica, la no intervención del Estado en la economía y por lo tanto la privatización de las empresas estatales –cartilla que los países latinoamericanos en su mayoría siguieron con entusiasmo– dadas las actuales circunstancias se hace necesario recurrir a la historia económica del mundo y a la teoría keynesiana, que parecía desgastada pero que en estos momentos de dificultad recobra su importancia. En este sentido, resulta pertinente recordar que el economista inglés John Maynard Keynes recomendó como salida a la gran crisis económica de la segunda década del siglo XX una intervención del Estado por medio del gasto público para estimular la demanda agregada y por esta vía incrementar la producción, la inversión y el empleo. Sin embargo, en una economía globalizada como la actual no resulta pertinente aplicar los postulados keynesianos como se hizo a principios del siglo XX. Para que el gasto público tenga el efecto esperado, de acuerdo con el modelo keynesiano, es necesario que se cumplan algunos requisitos: en primer lugar, debe estar orientado a generar ingresos en las familias o personas con una alta propensión marginal a consumir, esto es, aquellos que por cada peso obtenido como nuevo ingreso tienen la tendencia a gastar el mismo volumen de crecimiento en el ingreso. En segundo lugar, se debe estimular el consumo de bienes y servicios producidos en el mismo territorio de tal manera que el mayor ingreso no se vaya a generar empleo en un territorio diferente, y un tercer elemento sería generar capacidades en los empresarios locales para cubrir mercados externos de tal forma que la producción que genera empleo local sea vendida en otros mercados. En este orden de ideas, para encontrar la senda de la recuperación de la economía sería necesaria la intervención tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales por medio del gasto público, especialmente en aquellos sectores intensivos en mano de obra. De esta manera se dinamiza la oferta de nuevos puestos de trabajo, lo que traería como consecuencia un incremento en el ingreso de las familias y por lo tanto un crecimiento del consumo inducido, es decir aquel que depende del nivel de ingresos de la población y que genera un circulo virtuoso por medio del cual, según la ley de Say, toda oferta crea su propia demanda. Pero como se trata de un problema complejo también se requiere de soluciones complejas en las cuales debe haber un compromiso de toda la sociedad. No es suficiente con la intervención del Estado, sino que también es necesaria la vinculación del sector privado asumiendo parte de la responsabilidad por medio de la inversión que contribuya a incrementar la demanda de mano de obra.

Martes, Marzo 2, 2021

Se viene planteando un proyecto de reforma tributaria impulsado por Gobierno Nacional, con el cual se pretende, entre otros aspectos, lograr la sostenibilidad de la relación entre la deuda del Gobierno Central respecto del PIB manteniéndola por debajo del 70%, teniendo en cuenta que ha presentado un crecimiento de 17 puntos porcentuales durante la pandemia ubicándose en el 52%; también se busca contribuir a la formalización laboral desmontando 17 de 51 puntos que representan costos adicionales no laborales para las organizaciones que operan en el país. Entre los principales rubros que serán afectados se encuentra la renta a personas naturales, disminuyendo el nivel de ingresos de quienes estén obligados a declarar y tributar; en este sentido se espera que se aumente el porcentaje de recaudo a cargo de personas naturales que en la actualidad son responsables de alrededor del 20,1% de los ingresos, esto llevaría a poder  disminuir el recaudo proveniente de personas jurídicas que representa alrededor del 79,9% del total recaudado; además, se buscaría ampliar la base de productos por los que se debe pagar Impuesto al Valor Agregado, aprovechando la experiencia que se ha ganado en la devolución del IVA para las familias de menores ingresos. Si bien es cierto que el comportamiento fiscal del país indica que es necesario incrementar los ingresos del gobierno o reducir los gastos (poco probable); también es necesario considerar que esta situación se hizo más evidente con los costos no presupuestados para atender la pandemia; pero también es verdad que existen otras posibles fuentes de ingresos que podrían permitir mejorar considerablemente la situación fiscal del Gobierno Central y evitar una reforma tributaría en momentos de dificultad para los diferentes sectores de la economía. Uno de varios caminos que se podrían explorar está relacionado con mejorar el recaudo de los dineros por deudas que personas naturales o jurídicas tienen con entidades estatales cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que presentan más de seis meses de mora y que habiendo suscrito un acuerdo de pago lo han incumplido; esta información se encuentra en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) que periódicamente publica el Ministerio de Hacienda, a través de la Contaduría General de la Nación, que según el boletín No 34 de noviembre de 2020, elaborado con la información reportada por 1.696 entidades públicas, las cuales registran deudas morosas a favor del Estado por un valor de $117.061,4 miles de millones de pesos (MM) que corresponden a 1.133.097 morosos, de los cuales 956.6245 son personas naturales con deudas por un valor de $86.103,7 mil millones que representan el 73,6% de la deuda y 176.470 personas jurídicas con deudas por un valor de $30.957,6 mil millones de pesos, que representan el 26,4% del porcentaje total de la deuda. Del total de la deuda $94.789,6 mil millones de pesos son adeudados a entidades públicas del nivel nacional representando el 82% de la deuda total; el resto corresponde a entidades del orden territorial; siendo importante destacar que en lugar de tenerse un proceso de recuperación de las deudas, estás cada día presentan un incremento significativo teniendo en cuenta que en un período de dos años la deuda paso de $71.044,6 mil millones en 2018 a $117.061,4 mil millones en 2020, con un incremento del 64%. Mientras esto ocurre con las acreencias del gobierno para con los particulares se aspira a recaudar entre 15 y 20 billones que representan aproximadamente el 5% del PIB, mientras la cartera morosa equivale a un poco más del 10%. Lo anterior indica que si se hiciera un esfuerzo por recaudar sólo entre el 20 o 25% de la deuda con entidades públicas del orden nacional, se alcanzaría a recolectar el dinero que se pretende con la propuesta de reforma tributaria que esta en proceso  y que seguramente tendrá un efecto negativo sobre la actividad económica y sobre el ingreso disponible de las personas naturales; sin lugar a dudas el dinero saldrá de los contribuyentes, pero es diferente que se impongan nuevos tributos a que se recauden dineros que tanto las empresas como las personas ya deberían tener comprometidos toda vez que representan un pasivo en sus respectivas contabilidades.

Martes, Febrero 16, 2021

Un tema de mucha importancia para el desarrollo de la región se está debatiendo por estos días en el Departamento de Caldas, tiene que ver con la conformación del Área Metropolitana del llamado Centro Sur, conformada por los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría; seguramente para el ciudadano desprevenido se trata de un tema que poco llama su atención porque no alcanza a visualizar de que forma afecta su cotidianidad, ni que efectos traerá sobre su vida. La Ley 1625 de abril de 2013 denominda Ley Áreas Metropolitanas en su artículo segundo señala que estas son son entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación, coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. La conformación de este tipo de entidades busca el tratamiento de problemas comunes que afectan a las ciudades, tales como la disposción final de las basuras, el transporte intermunicipal, la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial y la integración del uso del suelo. Todo, con el fin de hacer más eficiente la gestión de sus municipios, desde el concepto de hechos o fenómenos de carácter metropolitano. Esta iniciativa, de origen gubernamental, tiene componentes de ordenamiento físico territorial, económico, social, urbanístico y ambiental, que le permitirán a los entes administrativos tener planes integrales de desarrollo metropolitano, ejecutar obras para la atención de emergencias y crear bancos inmobiliarios para promover programas de vivienda de interés social. En los próximos meses los habitantes del territorio conformado por los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina y Neira podrían ser llamados a las urnas para manifestar sí están o no de acuerdo con que se constituya un ente administrativo denominado Área Metropolitana del Centro Sur de Caldas. Es de vital importancia que los ciudadanos participen de este proceso con su voto positivo, para poder darle luz verde a esta iniciativa que con seguridad traerá múltiples beneficios al territorio; seguramente no será un proceso fácil, toda vez que no contará con la actividad de los partidos políticos propia de las campañas electorales; en este caso le corresponde a los gremios, las organizaciones ciudadanas y los propios gobiernos departamental y municipales hacer la pedagogía necesaria para que los ciudadanos tengan perfecta información y salgan a las urnas para respaldar con su voto esta iniciativa.

Martes, Febrero 2, 2021

La educación ha sido reconocida como uno de los principales factores que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la sociedad; desde la economía se acuñó el concepto de capital humano, entendido como un conjunto de habilidades y capacidades que contribuyen a incrementar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad y por lo tanto a mejorar sus condiciones de vida; el capital humano como cualquier otra forma de capital puede aumentar o disminuir, se forma por medio de diferentes influencias y fuentes, incluyendo el acceso a la salud, el desarrollo de actividades de aprendizaje organizado por medio de la educación en sus diferentes versiones, o por medio de entrenamiento organizado por las empresas, así como el conocimiento, las habilidades, las destrezas, las competencias y otros atributos combinados en diferentes formas de acuerdo con cada individuo y cada contexto de uso. De esta forma, la adquisición del conocimiento resultado del aprendizaje complejo en grados crecientes y un estado de salud que contribuya a la prolongación de la vida es el punto de partida de un proceso de acumulación de capital humano que tendrá que transformarse en la medida que el progreso tecnológico, económico y social se aceleran como esta ocurriendo en la sociedad del siglo XXI. El cambio estructural en los sectores económicos a nivel mundial por la acelerada incursión de las llamadas industrias 4.0 transforman la empleabilidad de las personas entendida como la capacidad para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales; por lo tanto, si una persona aspira a mantener o mejorar su empleabilidad se ve en la obligación de adecuar su capital humano a los ciclos tecnológicos que ocurren a lo largo de su vida, mientras más larga sea su vida, más probabilidades tendrá de vivir un mayor número de ciclos tecnológicos que le obliguen a adecuar las características de su capital humano. Si bien, la adecuación del capital humano es un proceso que implica al individuo, no es, un problema que se resuelva exclusivamente en el plano individual, sino que también corresponde a soluciones y alternativas planteadas desde el conjunto de la sociedad que debe generar las condiciones acceso a la salud y la educación que permita a los individuos adecuar sus capacidades y habilidades a los requerimientos de los ciclos tecnológicos que cada vez son más cortos; por lo tanto, demandan adecuaciones más grandes y aceleradas en el capital humano. Las actuales circunstancias de la humanidad están poniendo en peligro los procesos de acumulación de capital humano afectando no solo la salud sino también la educación; aunque las miradas de las afectaciones económicas han estado más centradas en los efectos de la pandemia sobre aquellas actividades generadoras de empleo en el corto plazo, es necesario considerar los efectos en el mediano y largo plazo de las dificultades que se observan en el sector educativo en todos los niveles, el retraso del ingreso de los niños a los jardines infantiles puede representar una amenaza importante en el desarrollo de sus capacidades de socialización y trabajo en equipo tan requerida en el mundo contemporáneo; de igual manera la amenaza de deserción de los estudiantes en los diferentes niveles del proceso educativo al igual que el aplazamiento del ingreso al sistema de una parte importante de la población objeto de procesos de formación, se ha visto acelerada como resultado de la crisis sanitaria que se vive en la actualidad, lo cual pone sobre la mesa un problema grave cuyas consecuencias se verán reflejadas en el mediano plazo. Por esto es necesario garantizar la permanencia en el sistema educativo de los niños y jóvenes en edad escolar, pero también de aquellas personas que por las demandas propias de su inserción en el mundo del trabajo tienen la necesidad de acceder a formación posgradual; han sido muchas las promesas de apoyo que se han hecho al sistema educativo que no se han concretado, lo cual esta generando deserción de los alumnos en los diferentes niveles, con consecuencias graves en la calidad de vida de la población.

Martes, Enero 19, 2021

El concepto de entornos VUCA, proviene del contexto militar, como quiera que se empezó a usar en los años 90 del siglo XX por los soldados norteamericanos, responde al acrónimo inglés formado por los términos Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A), tal vez sea el que mejor describe las circunstancias actuales para la toma de decisiones gubernamentales y gerenciales en todo el planeta; no solo por la aceleración de las transformaciones en los paradigmas de la denominada economía del conocimiento que ha venido cambiando las formas de vivir y trabajar a una velocidad nunca vista, proceso de transformación que ya venía generando un mundo volatil, complejo, ambigüo y con altos niveles de incertidumbre; un escenario en el que las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios que atacan su programación estratégica y sus rutinas profesionales; sino también por la presencia de lo que Nassim Taleb ha denominado los cisnes negros para referirse a aquellos acontecimientos que presentan como atributos el estar por fuera de todas las expectativas, producir un gran impacto y pese a su condición de rareza, la naturaleza humana busca explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que, erróneamente, se hace explicable y predecible. La presencia del Covid-19 puede describirse como un cisne negro, aunque ya diversos prospectivistas y productores de cine habían advertido de la posibilidad de que la humanidad fuera atacada por un virus mortal, poca trascendencia habían tenido estas advertencias, considerándolos como elementos propios de la ficción; sin embargo, una vez más la realidad ha superado la ficción; de acuerdo con el desarrollo de la actual crisis se puede decir que la humanidad a pesar de todos los avances científicos no estaba preparada para hacerle frente a esta nueva realidad, lo que incrementa la incertidumbre y la complejidad de la situación. Desde la perspectiva económica se han efectuado muchos análisis como es propio de esta ciencia, tratando de anticipar el futuro con el fin de que se tomen las decisiones que contribuyan a que los peores escenarios no sucedan; no obstante el uso de sofisticadas herramientas de proyección y predicción, todos los análisis van quedando fuera de foco al incrementarse la volatilidad de las diversas variables que sirven como referentes analíticos, lo cual aumenta la incertidumbre, haciendo más difícil los procesos de planificación de la economía y de las estrategias organizacionales. En este sentido, es necesario destacar que las proyecciones de recuperación de la economía, hoy se ven afectadas entre otros elementos, por la incertidumbre con relación al comportamiento del virus, el inicio del proceso de vacunación en los países desarrollados y en algunos latinoamericanos permitiría anticipar un 2021 que empezaría a marcar la senda de la recuperación económica; sin embargo, en aquellos países dónde se ha iniciado el proceso de vacunación, están teniendo momentos difíciles en el tema de salud humana, lo cual esta obligando a los gobiernos tomar decisiones que afectan la salud de la economía, por lo cual no resulta fácil anticipar finalmente que rumbo tomarán los indicadores económicos del presente año; de esta manera, la flexibilidad en la toma de decisiones es un elemento fundamental para el futuro económico y la perdurabilidad de las diferentes organizaciones que le dan vida al sistema económico, por lo tanto, la adaptabilidad se ha vuelto un elemento fundamental en las competencias de los seres humanos y sus organizaciones En este orden de ideas es necesario replantear el uso de las herramientas con las cuales se ha venido analizando el comportamiento de la economía cuya formulación ha permitido a sus creadores obtener importantes galardones como el premio Nobel de Economía, tales como el modelo de mercados y jerarquías de Oliver Williamsom, que respondía de una manera adecuada la pregunta del también Nobel de Economía Ronald Coase sobre la naturaleza de la firma; pero que tal vez, ya no sirven más para explicar una economía altamente globalizada que usa información digitalizada y que se mueve en un mundo de volatilidad, ambigüedad, complejidad incertidumbre.

Martes, Enero 5, 2021

El incremento del 3,5% en el salario mínimo legal vigente en Colombia para 2021 como es natural ha generado diversas reacciones, todas ellas con alguna razón si se analizan desde el punto de vista tenido como referente para su análisis. De un lado, se podría decir que un incremento de este porcentaje cuando la inflación del año 2020 se espera sea inferior al 2% representa un incremento pequeño en el salario real de quienes devengan el mínimo legal, este es el punto de vista de la ANDI; resulta cierto desde la perspectiva de la diferencia entre el índice de precios al consumidor y el aumento del salario, lo que es conveniente partiendo de un año en el  que el cambio en el producto interno bruto tendrá un comportamiento negativo, por lo cual esa pequeña diferencia podría contribuir a incrementar el consumo. De otro lado, se plantea que se trata de un incremento miserable de sólo $30.723 al mes aproximadamente $1.000 diarios, lo cual no va a contribuir a la recuperación de la economía, dado que no se ha entregado capacidad de consumo a un segmento de la población que presenta una alta propensión marginal a consumir, lo cual desde la perspectiva de la teoría económica debería contribuir a incrementar el consumo y por esa vía reactivar la economía y generar nuevos puestos de trabajo entrando en un círculo virtuoso de crecimiento, tal como lo propuso Keynes como solución a la crisis económica de principios del siglo pasado. En sentido contrario se señala que se trata de un incremento que puede contribuir a generar nuevos puestos de trabajo toda vez que no tiene un impacto fuerte en los costos laborales, lo cual puede permitir que las empresas puedan no solo mantener el actual nivel de empleos, sino crear nuevos puestos de trabajo, frente a esto aparecen estudios que han indicado que la demanda de mano de obra es inelástica al precio, lo que significa que por más bajo que esté el salario no crecerá la demanda de mano de obra mientras las demás variables que afectan el mercado de trabajo permanezcan constantes. Desde el punto de vista de quienes no tienen empleo tal vez el aumento del salario mínimo no tenga ningún sentido; lo mismo que para aquellos que por sus trabajos informales ni siquiera llegan al nivel definido por el decreto gubernamental; quizá un desempleado podría haber esperado que el salario no presentara un crecimiento importante para tener una mayor esperanza de acceder a un puesto de trabajo, así sea sin disfrutar del incremento anunciado. Estos y muchos otros puntos de vista pueden aparecer y cada uno desde su orilla, sin la mirada sistémica de la complejidad del mercado laboral colombiano, tendrán razón en sus cavilaciones; en este sentido, una verdad que también puede resultar parcializada es que el pequeño empresario es el que más puede sentir los efectos directos de la decisión del gobierno, toda vez que por lo general sus negocios son intensivos en mano obra, por lo cual, una variación en el salario repercute de manera directa en su competitividad, hay que recordar que en Colombia el 90% de las empresas solo generan el 30% del PIB, pero son responsables del 65% del empleo, lo que ratifica que son intensivas en mano de obra y no en capital, esto es que tienen bajos niveles de incorporación de tecnología. En una circunstancia como las que vive el país lo que resulta urgente es proteger el empleo, con estos datos se puede hacer un mejor análisis sobre qué tan conveniente o inconveniente resulta la decisión gubernamental. A lo mejor la gran discusión y decisión de política económica en el país ni siquiera debería ser el salario mínimo, tal vez, podría resultar más conveniente discutir y decidir sobre cambios más profundos, tales como: la inversión en ciencia tecnología e innovación que permita complejizar el aparato productivo nacional y generar empleos de calidad,  reforma agraria estructural, educación pública, reformas estructurales a la administración de justicia, erradicar la corrupción, un mejor sistema de salud, un sistema tributario que no sobrecargue los niveles de ingresos medios y sobre todo que la acción del estado llegue a todos los territorios del país.

Columnas del rector publicadas en el 2020

Martes, Diciembre 1, 2020

Al aproximarse el cierre de uno de los años más díficiles para la humanidad en el pasado reciente se hacen todo tipo de balances, para el caso de la economía de un país el principal indicador de su comportamiento es el Producto Interno Bruto (PIB), indica el comportamiento de la producción al interior de las fronteras, resultado de la actividad de los diferentes sectores económicos independiente de si los propietarios de las organizaciones que generan la producción son nacionales o extranjeros, por esto los analistas, los empresarios el gobierno y en general todos los interesados en el comportamiento de la economía están pendientes de su evolución y de las proyecciones de la autoridad económica y de los analistas sobre su crecimiento para cada periodo de análisis; en este sentido, para el año 2020 se hacen estimaciones de un crecimiento negativo del PIB en un rango entre el -5,5% y  -8,5%.

Estos indicadores son el resultado del impacto económico negativo de las medidas de confinamiento para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia (covid-19), a lo cual se ha sumado la caída en los precios del petróleo que significa una disminución de los ingresos de divisas al país y al mismo tiempo genera una devaluación del peso frente al dólar estimulando las importaciones y desestimulando las exportaciones.  Las consecuencias se sintieron en el mercado laboral con una caída de 2,4 millones de ocupados, entre empleos formales e informales, equivalente al 11% de los ocupados, con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que la tasa de desempleo se elevó al 16,8%.

 El PIB del segundo trimestre de 2020 decreció un 15,7% en términos anuales, contracción que refleja el impacto de las medidas de contención de la pandemia expresado en el desplome de la producción y la demanda agregada. El desempeño de las distintas ramas se vio en mayor o menor medida afectado, según la posibilidad de realizar actividades remotas o la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación para adaptarse. Los sectores con mayor contracción fueron el comercio, la industria y la construcción, con caídas de entre un 25% y un 35%. Solamente las actividades inmobiliarias y financieras crecieron de forma modesta.

En el tercer trimestre de 2020, el PIB presentó una disminución del 9,0% respecto al mismo período de 2019, lo que indica una tendencia a la recuperación con relación al comportamiento del segundo trimestre del año, gracias a la reapertura de algunos sectores. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 8,7%, en su serie corregida de efecto estacional. Según los datos publicados por el DANE, el crecimiento observado en el Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2020 con respecto al segundo trimestre del mismo año se explica principalmente por la dinámica de sectores como las industrias manufactureras que crecieron 23,4%; el comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 22,3%; las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores creció 12,3%.

Para el año 2021 se espera que la economía colombiana inicie una senda de recuperación, se tiene la expectativa de un crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango entre el tres y el cinco punto cinco por ciento, lo cual podría llevar la economía a un nivel igual al que tenía al cierre del año 2019; la recuperación del empleo estará determinada por los sectores que estén dinamizando la actividad económica; de esta forma, se requiere por parte del gobierno la adopción de políticas de choque que contribuyan a incrementar la generación de nuevos puestos de trabajo y de esta manera el desempleo y el consiguiente bajo poder adquisitivo de las familias no se conviertan en un obstáculo al crecimiento económico.

Martes, Diciembre 15, 2020
La búsqueda del pleno empleo ha sido históricamente una preocupación de gobiernos, empresarios, trabajadores y analistas, desde diferentes orillas se proponen alternativas para orientar la política de empleo; para el caso colombiano, se han intentado varios caminos que se han expresado en las diversas reformas laborales adoptadas en diferentes momentos de la historia del país, y se siguen explorando otros; es así como en la actualidad cursa en el Congreso un proyecto para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, lo cual tendrá importantes implicaciones sobre las finanzas de las organizaciones que operan en el país, en términos reales esta reducción significa un crecimiento de los costos de producción del 16,66% toda vez que por el mismo salario se trabajarán 8 horas menos en la semana; en las actuales circunstancias, con una alta tasa de desempleo, causada en buena parte por la circunstancia especial de salud  que ha padecido la humanidad, y la otra parte estructural que ya venía antes de esta circunstancia, resulta inoportuno un incremento en los costos laborales de este tamaño; si esta medida se llegara a tomar significaría un obstáculo adicional a la recuperación de los puestos de trabajo perdidos por la pandemia, pero también un freno a la generación de nuevos empleos que permitan reducir el desempleo estructural que se traía antes de la pandemia. Un argumento que se ha presentado a favor de la iniciativa es que la gente con mayor disponibilidad de tiempo para el ocio podría tener una mayor productividad al vincularse a su jornada laboral, teniendo como argumento que países con jornadas laborales de menos tiempo tienen altos niveles de productividad; sin embargo, no se ha considerado que estos países han llegado a sus jornadas laborales reducidas por una vía diferente que es la incorporación de altos niveles de ciencia, tecnología e innovación lo que ha llevado a un incremento de la productividad que los ha hecho más competitivos, al mismo tiempo ha generado una alta demanda de nuevos puestos de trabajo y a bajos niveles de desempleo, lo cual ha permitido esas reducciones en las jornadas laborales; pero tampoco se ha tenido en cuenta que son países donde no existe el alto número de días festivos que hay en Colombia. De otro lado, se plantea que una mayor disponibilidad de tiempo de los trabajadores podría implicar un mayor consumo lo que contribuiría a dinamizar la economía; sin embargo, la mayor dinámica del consumo generalmente está de la mano de un mayor nivel de ingreso disponible de la población, y acá no está vinculada con un crecimiento importante en el ingreso disponible de la población. Otro aspecto relacionado con la vida laboral colombiana que se ha discutido tiene que ver con la coyuntura actual; en la cual, el crecimiento negativo de la economía ha implicado también una disminución de la productividad; en estos términos, esta iniciativa sería un elemento adicional para bajar el nivel de productividad del trabajo; lo cual llevaría al mismo tiempo a una disminución en la productividad total de los factores de producción; no se puede olvidar que en general la economía colombiana es intensiva en mano de obra y no en capital; por lo cual, lo que se tiene que buscar en el largo plazo es una transformación de la relación capital trabajo de tal manera que se incremente la productividad total de los factores y por esta vía generar las condiciones para poder bajar la jornada laboral; uno de los caminos por los cuales se puede llegar a esta condición es incrementando la inversión en  educación, ciencia y tecnología; de tal manera que el mejoramiento del capital humano y su consecuente incremento de la productividad sea la condición que permita la adopción de medidas como la que se viene discutiendo. Seguramente resulta muy popular y muy atractivo proponer que los trabajadores tengan más tiempo libre manteniendo el nivel de ingreso; pero también es cierto que en las actuales circunstancias del país con altos índices de desempleo, con sectores económicos que aún no logran recuperarse de los efectos del freno a la economía por la situación de salud, no resulta responsable adoptar este tipo de decisiones; tal vez el camino sea otro; más bien con urgencia se debería estar trabajando en la implementación de mecanismos que permitan a las empresas generar nuevos puestos de trabajo pero con mayor productividad, no generación de puestos de trabajo marginales por la vía del incremento de los costos laborales que al final redundarán en desestimulo a la producción y por lo tanto al empleo. 

Martes, 17 de noviembre, 2020

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contenido en el documento “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe” desde marzo del 2020, la evolución de los mercados laborales de América Latina y el Caribe ha estado asociada a la crisis sanitaria. Los mayores efectos sobre el mercado laboral se sintieron en el segundo trimestre del año, en el que se perdieron en la región aproximadamente 47 millones de empleos con respecto al mismo periodo del 2019.

Un número alto de las personas que perdieron su trabajo no han logrado un rápido reintegro laboral y en algunos casos han decidido retirarse de la fuerza laboral debido a las restricciones a la movilidad o por la dificultad para encontrar un nuevo puesto de trabajo, lo cual ha contribuido a bajar la tasa global de participación hecho que no permite una medida más clara de los verdaderos efectos de la pandemia sobre el nivel de desempleo en los diferentes países de la región.

Además de esta importante caída del empleo, muchas de las personas que conservaron su trabajo han sufrido una merma de sus ingresos, debido tanto a acuerdos con el empleador, como a la reducción de las horas trabajadas. Este choque sin precedentes ha hecho que, a través de diferentes canales, caigan considerablemente los recursos disponibles de los hogares, lo que no solo ha deteriorado su calidad de vida, sino que en muchos casos ha llevado a un mayor endeudamiento, y ralentizará la reactivación económica a causa de la debilidad de la demanda de consumo.

Otro fenómeno que se incrementó es el de los denominados ocupados ausentes de su puesto de trabajo; se consideran como tales a las personas que no han trabajado en el período de referencia, pero mantienen un vínculo laboral con su empleador y tienen una expectativa justificada de volver al mismo puesto de trabajo. En general, la mayor parte de las personas contabilizadas de esta manera se encuentra de vacaciones o tiene una licencia. En el contexto de la crisis sanitaria, muchas empresas tuvieron que cesar sus actividades por las medidas de contención de la covid-19, por lo que sus empleados no pudieron laborar, aunque no hayan sido despedidos y tienen la expectativa de volver a su puesto de trabajo. De igual manera, los datos disponibles indican que la pérdida de empleo en la región fue generalmente mayor para las personas con menores niveles de educación formal que para las personas con estudios superiores, caso similar se ha podido observar en Manizales.

La situación presentada afecta de una manera importante las posibilidades de recuperación económica de la región debido al efecto que tiene sobre la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la caída de los ingresos familiares, lo cual hace necesaria una intervención de los gobiernos desarrollando proyectos que incrementen la demanda de mano de obra. De otro lado, es un hecho que puede afectar las expectativas de incremento del salario mínimo que se debe definir en algunos países como Colombia para el siguiente año.

Martes, 3 de noviembre, 2020

La negociación del salario mínimo, un tema que tradicionalmente inicia en esta época del año, ocupa un lugar importante en la agenda del Gobierno nacional, las centrales obreras y los empresarios. En las actuales circunstancias de la economía nacional e internacional reviste una mayor importancia por las implicaciones que puede tener en el proceso de recuperación de los diferentes indicadores económicos esperada para 2021 y que seguramente estarán influenciados por la evolución que tenga los brotes y rebrotes del virus que afecta por este tiempo al planeta entero; otro factor que le da un toque especial a la decisión sobre la remuneración de los trabajadores para el próximo año, está asociado a las dificultades en los mercados internacionales y las limitaciones en el comercio exterior derivadas de los controles de bioseguridad que la mayor parte de los países han adoptado.

En esta perspectiva es necesario evaluar las implicaciones que la remuneración básica del trabajo tendrá como elemento que, por un lado contribuye a generar demanda de bienes y servicios, pero por otro lado, se convierte en un costo que afecta la competitividad de los bienes exportables, factor crítico en un momento en el que se ha vuelto imperativo encontrar nuevos mercados para la producción nacional como respuesta a las dificultades en los mercados internos; de la misma forma, se debe considerar que los costos laborales tienen un importante efecto sobre la generación de nuevos puestos de trabajo y la conservación de los existentes, especialmente en pequeñas empresas.

Desde el lado de la demanda, si el aumento del salario mínimo se ubica cercano a la tasa de inflación, lo único que hará es recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin tener un efecto positivo en el incremento del consumo, factor determinante de la recuperación de la dinámica económica interna; en este sentido, se debe considerar que los trabajadores que ganan el salario mínimo tienen lo que los economistas llaman una alta propensión marginal a consumir, esto indica que un incremento en el salario tendrá un efecto mayor en el consumo; por lo tanto, se puede convertir en un efecto multiplicador sobre la generación de nuevos puestos de trabajo y de recuperación de la economía. Por lo tanto, desde este punto de vista se esperaría que se autorice un aumento del salario mínimo superior no sólo a la inflación causada en 2020, también superior al índice inflacionario esperado para 2021.

Del lado de los costos de producción y sus efectos sobre la competitividad tanto de los bienes exportables colombianos, como también para aquellos que están dirigidos al mercado interno; se esperaría que el salario mínimo no tenga un crecimiento que pueda afectar la dinámica exportadora al encarecer la producción nacional con relación a la extranjera, no sólo dificultando la búsqueda de nuevos mercados internacionales, sino haciendo más competitiva la producción de otros países en el mercado interno, lo que necesariamente estaría facilitando los procesos de importación de bienes y servicios, afectando de manera negativa la generación de nuevos puestos de trabajo y por lo tanto la capacidad de consumo interno. De esta manera, si el incremento del salario mínimo es muy alto como lo pretenden las centrales obreras se puede generar un efecto negativo sobre las expectativas de los empresarios, quienes se verían frente a la posibilidad de buscar mercados laborales de menor costo para afrontar con una mayor competitividad la competencia propia de una economía globalizada. También es importante considerar que en una situación de altos niveles de desempleo favorece a quienes estén ocupados, pero reduce las expectativas de un puesto de trabajo para quienes están excluidos del mercado laboral.

Sin lugar a dudas, es una decisión difícil en la cual unos y otros, empresarios, trabajadores y Gobierno deben tener en cuenta las implicaciones que sobre la recuperación de la economía y la dinámica del empleo tiene el incremento del salario mínimo; pero también, es necesario considerar las implicaciones sociales que tiene el salario mínimo que se determine para el nuevo año.

Martes, 20 de octubre, 2020

Uno de los principales efectos económicos de la pandemia se ha visto reflejado en el crecimiento de la tasa de desempleo; más allá de las cifras, es importante analizar las implicaciones que tiene una caída del empleo como la que se viene observando en Colombia durante los últimos meses. El desempleo es de los principales problemas de una sociedad y se debe a que el flujo de entrada de personas a la población económicamente activa es mayor que los flujos que puede absorber el sistema productivo o, como ha ocurrido en la coyuntura actual, por la destrucción de puestos de trabajo por un factor no económico.

En el caso colombiano, la baja capacidad de absorción se encuentra asociada con las bajas tasas de inversión tanto del sector público como del privado, resultantes a la vez de la baja capacidad de generar ahorro interno. Si la inversión no aumenta significativamente, las posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo y las posibilidades de disminución de las tasas de desempleo serán reducidas. En los últimos meses esto se ha visto agravado por la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de las restricciones a la movilidad de las personas y la operación de algunos sectores de la economía grandes demandantes de trabajadores.

Además de las implicaciones económicas del desempleo; es importante analizar las consecuencias de tipo social, ya que la forma natural de vinculación del ser humano con la sociedad es el trabajo; por lo cual, se constituye en un elemento inseparable de la naturaleza humana, con una dimensión adicional, el progreso social se asocia en primera instancia con la ejecución de una ocupación útil y en segundo lugar el progreso y calificación de una labor como medio de mejoramiento de la calidad de vida y acceso a formas superiores de uso del tiempo disponible. Existe otra dimensión que no puede ser subestimada, y se ubica en el plano psicológico y espiritual. La persona no solo necesita trabajar, necesita ser necesitada; la valoración y autoestima están condicionadas por este componente central de las relaciones humanas y su subestimación puede conducir a una incorrecta valoración del costo social del desempleo.

En general, los análisis más economicistas del costo del desempleo lo vinculan con la falta de utilización en el proceso de producción de la fuerza laboral desempleada, por lo tanto, la pérdida será igual a lo dejado de producir por ésta población; el desempleo repercute con una mayor intensidad cuando se considera estructural, porque se prolonga por varios años, toda vez que puede llegar a imposibilitar a la persona para el retorno al mercado laboral, por perder el hábito y la disciplina para incorporarse a las rutinas que implica el ejercicio de un determinado empleo o mantener la concentración requerida para ejecutar un trabajo; esto no ocurre cuando el desempleo es friccional, o sea aquel que se produce cuando en la economía una parte de la población está desempleada por poco tiempo, debido a la existencia de una rápida rotación, resultante del ajuste de las empresas a los cambios del entorno en presencia de un mercado laboral muy flexible que responde a estos ajustes; también se considera desempleo friccional el resultante del proceso natural de rotación de los trabajadores de un puesto de trabajo a otro.

Las actuales cifras de desempleo en Colombia tienen dos componentes, por un lado está el desempleo estructural que se observaba antes de la pandemia, y por la otra el desempleo friccional que resulta de las medidas restrictivas de los gobiernos nacional y local a la movilidad de las personas; sin embargo si no se logra una pronta recuperación de la actividad económica, lo que hoy se puede calificar como desempleo friccional podría convertirse en desempleo estructural, por lo cual es necesario la adopción de medidas de política económica que contribuyan a recuperar los puestos de trabajo perdidos en los últimos siete meses.

Martes, 6 de octubre, 2020

En las actuales circunstancias que vive el país resulta importante hacer una reflexión en la perspectiva de la teoría institucionalista, que plantea el grado de institucionalidad como un conjunto de reglas que organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos, los grupos sociales y el estado, caben en esta órbita las políticas públicas, las distintas modalidades de asociatividad de la sociedad civil y, en general, las diversas formas de regulación de la conducta de los individuos.

En este sentido, las instituciones son un factor fundamental para la existencia de confianza en una sociedad; por lo cual, son consideradas como limitaciones o restricciones concebidas por los humanos; que estructuran una interacción política, económica y social basada en la confianza, resultado de unas reglas de juego claras y respetadas por todos los asociados, pero también con un estado fuerte con capacidad para hacerlas cumplir. Las instituciones consisten de un lado, en limitaciones informales (sanciones, tabús, costumbres, tradiciones, y códigos de conducta), y de otro lado en reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad).

En el sentido más amplio del término, las instituciones son el conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales; son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los colectivos erigen expresamente. Las instituciones en un país asumen características peculiares, de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes de una determinada economía y sociedad, y por supuesto es importante la influencia de los valores, tradiciones culturales y religiosas y, en general, de las convenciones existentes. Un conjunto cualquiera de reglas solo se transforma en institución cuando se comparte su conocimiento y se acepta su cumplimiento, voluntariamente o coercitivamente impuesto por el estado. Las instituciones, sin su correspondiente socialización, aprendizaje y transmisión, solo serian construcciones formales, pero sin viabilidad económica, política y social, porque nadie sabría siquiera de su existencia o de su operación.

En este orden de ideas, lo que estamos viviendo en el país es un desprestigio de la institucionalidad y la pérdida de capacidad del Estado para hacer respetar las reglas de juego que por medio de las costumbres y las leyes nos hemos dado los colombianos a través de un poco más de doscientos años de historia republicana; lo cual, no podría decirse que es culpa de uno u otro gobierno, sino que es el resultado de la descomposición social que se ha generado en diversas prácticas de la sociedad que incluyen el favorecimiento del enriquecimiento rápido sin apego a los valores éticos, y esto no implica solamente el narcotráfico y otro tipo de formas delincuenciales que el país ha padecido a lo largo de la historia; sino también, el aprovechamiento del Estado para el beneficio individual o de pequeños grupos; además incluye otras formas de corrupción menos visibles y tal vez menos criticadas, pero que igualmente constituyen aprovechamiento de los bienes colectivos en beneficio individual, tales como no asumir las responsabilidades derivadas de diversos contratos que se suscriben entre privados o entre lo público y lo privado; creer que las normas solo deben ser respetadas cuando es inminente la posibilidad de una sanción; no entender que el ejercicio de los derechos individuales promulgados por la modernidad también deriva en deberes para con el resto de la sociedad. Si se desea un cambio en la actual tendencia a la desinstitucionalización del país es necesario un compromiso serio de cambio en cada uno de los seres humanos que hacemos parte de él, en el sentido de respetar todo tipo de normas por simples que estas parezcan; además de respetar las instituciones formalmente establecidas.

Lunes, Septiembre 21, 2020

De acuerdo con el Boletín Económico Regional del Banco de la República, la economía del Eje Cafetero decreció durante el segundo trimestre de 2020 frente al mismo período del año anterior, esto debido al descenso en diferentes actividades, como la producción industrial, las ventas del comercio, la actividad hotelera, el transporte, y la construcción, consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas ante la covid-19. Retrocedieron también el consumo de energía, las exportaciones y las importaciones de materias primas y bienes de capital, en línea con la menor actividad industrial; además, disminuyeron las remesas recibidas del exterior, de gran importancia como fuente de ingreso de los hogares. En contraste, en la actividad agrícola se destacó la cosecha cafetera y el abastecimiento de alimentos a diferentes zonas del país. Por su parte, el desempleo aumentó a porcentajes históricos en las tres capitales de la región y su inflación se redujo, llegando a ser negativa en Pereira.

Lo anunciado da cuenta de una situación económica complicada en la cual el crecimiento del desempleo genera una disminución del ingreso disponible por de las familias, a lo cual se le suma la disminución de los ingresos por remesas provenientes del exterior, que en esta parte del país especialmente en Risaralda históricamente han representando una fuente importante de financiación del gasto familiar. Por lo tanto, las empresas no solamente se han visto afectadas por tener que seguir asumiendo los costos fijos con niveles de producción reducidos o cercanos a cero; sino también, por la menor demanda en el mercado local, nacional e internacional; esta afectación seguramente es mucho más fuerte en el sector de las microempresas que son más dependientes de los mercados locales.

La medición señalada solo tiene en cuenta datos hasta junio, es posible que en el tercer trimestre que se toma datos hasta septiembre se pueda observar una leve recuperación en los diferentes indicadores gracias a las medidas de apertura gradual de la economía que se dieron en agosto y a la ampliación de esta en septiembre, quedando solo algunos sectores con restricciones más amplias; aquellas empresas que lograron sobrevivir a la difícil situación seguramente tendrán un proceso de recuperación gracias a la disminución del empleo y con ello la capacidad de gasto de las familias.

No obstante lo anterior, es importante destacar que la recuperación no será tan rápida como la caída, en esto influyen elementos como las expectativas de los diferentes agentes económicos que toman precauciones en cuanto a control del gasto; la capacidad de los gobiernos locales y del gobierno nacional para intentar dinamizar la economía por la vía del aumento del gasto público, la cual se ha visto afectada no solo por los efectos del mayor gasto para hacer frente a los temas de salud; sino también, por menores recaudos tributarios, que según cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en el primer semestre se dejaron de recaudar 11 billones de pesos; lo que ha llevado a un crecimiento de la deuda pública por encima del 60% del PIB.

De todas formas, la recuperación de la economía regional tiene una fuerte dependencia de la dinámica de la economía nacional e internacional y de la capacidad de las empresas del territorio para recuperar sus flujos tradicionales de bienes, servicios y monetarios, de la capacidad de los gobiernos locales para gestionar nuevos proyectos de infraestructura con cofinanciación del gobierno nacional o con recursos propios. La prioridad de las administraciones públicas locales para lo que resta de su gestión y prioritario en su plan de desarrollo en el contexto actual, será impulsar con fuerza y articuladamente con las fuerzas vivas del territorio ambiciosos programas y proyectos de reactivación económica. Desde la Universidad de Manizales seguiremos haciendo seguimiento a la coyuntura económica regional con el propósito de ser faro de análisis para la sociedad y en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de lo público y lo privado.

Universidad de Manizales y Chec-EPM fortalecen proyecto que beneficia a las comunidades indígenas de Riosucio, Caldas (mira el enlace)

Informe de gestión 2020

Duván Emilio Ramírez Ospina habla del convenio de la IPS Pausa de la UManizales con Confa.

La Universidad de Manizales recibe la visita del alcalde del municipio de Arauca (Arauca) para buscar alianzas estratégicas.

Socialización de resultados del Informe cómo vamos en educación superior en Manizales

Duván Emilio Ramírez Ospina, habló en Telecafé Noticias sobre la importancia que tiene para la ciudad las obras de infraestructura que se adelantarán en el Colegio Juan XXII

Diálogos en BC Noticias – Universidad de Manizales

Duván Emilio Ramírez Ospina rector de la Universidad de Manizales en entrevista para NotiCaldas

Retos de la Universidad de Manizales Duván Emilio Ramírez Ospina, rector de la UManizales

UMFM jueves 08 de octubre

UMFM lunes 28 de septiembre

Buenos días.

Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en este recinto y a quienes nos están siguiendo de manera remota. A mí me hubiera gustado tener este auditorio lleno, hubo muchas personas que me llamaron o escribieron para estar aquí presentes, pero las circunstancias que vive el país y el mundo nos lo impiden.

Quiero saludar y agradecer a las autoridades y a las personas que me han enviado su saludo: a la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, al Gobernador de Caldas, Luís Carlos Velásquez, al señor Alcalde, Carlos Mario Marín y a todas las personas que nos han enviado mensajes: profesores de la universidad, egresados, estudiantes, administrativos.

Primero quiero agradecer a muchas personas que han tenido que ver en que yo hoy esté asumiendo este cargo, el más significativo y el más importante de mi vida profesional. Son muchas personas, no alcanzaría a mencionarlas.

Agradecer al Dios de mis padres por permitirme esta oportunidad, a mi familia: a mi padre que hoy seguramente nos acompaña desde otra dimensión, por haberme enseñado el valor del trabajo honesto y dedicado; a mi madre, que tengo la fortuna de que esté en este recinto, quien, siendo una mujer de origen campesino y sin mucha formación académica, comprendió y me enseñó el valor de la educación en la transformación de generaciones de seres humanos y de sociedades enteras. Aquí quiero contar una anécdota, una frase que todavía está en mi memoria y recuerdo hoy, cuando yo era joven y nos enfrentábamos a la dificultad propia de una familia colombiana, caldense, de bajos ingresos, campesina, para poder continuar mis estudios, para no desertar del sistema educativo. Mi madre siempre decía que haría todo lo que estuviera a su alcance para que yo pudiera estudiar porque no me quería ver a la cola de un azadón. Espero haber cumplido y haber hecho mi parte. Muchas gracias, mamá.

A mi esposa Gloria Esperanza Ospina, por ser mi compañera de viaje durante 36 años; hemos pasado momentos difíciles, muy difíciles, pero también muy buenos momentos; a mis hijas Constanza y Lorena, porque se convirtieron en la energía vital de mi vida; a mis nietos María Fernanda y Pedro, porque han representado la repotenciación de esa energía vital que me ha movido; a Nicolás el esposo de mi hija Constanza, porque con su dedicación a la familia y a los hijos cada día me ayuda a evocar la niñez de mis hijas lo cual me inspira para continuar avanzando. Con ellos también me disculpo por todas mis ausencias para atender los diferentes procesos y compromisos que me han traído hasta aquí. Este camino me ha obligado a muchas ausencias, en todos los procesos de formación que hemos tenido que emprender.

Quiero agradecer a todos mis compañeros de la Universidad de Manizales: empleados, profesores, graduados, administrativos. A mis compañeros de estudio que hoy están representados por Leonardo Orozco. Mis compañeros de estudio en la formación como economista, me dieron la oportunidad de ser su representante ante el Consejo Académico de la Universidad.

También a los demás compañeros de trabajo en la Universidad y aquí voy a contar un secreto, que ha estado guardado por más de 12 años, secreto que tenía con una compañera muy querida de todos nosotros, quien ya está retirada. María Medellín fue la primera persona que soñó que yo podría ser rector y me lo dijo. Yo le dije: no diga eso que nos echan a los dos, fue lo que se me ocurrió decirle. Ella me dijo que sería un secreto entre los dos y siempre me preguntaba cómo iba nuestro secreto… creo que ahora va muy bien. Una vez le decía yo al Dr. Guillermo Orlando Sierra que mi aspiración a la rectoría era más una aspiración de algunos amigos que mía. Y esa aspiración hoy se está concretando.

Quiero agradecerle muy especialmente a todas aquellas personas que han hecho parte de mis equipos de trabajo durante 22 años, que tuve la oportunidad de ser decano, en diferentes momentos y en diferentes facultades. Con todos ellos hemos hecho recorridos importantes y creo que eso ha sido muy representativo para este logro.

Quiero agradecerle al Profesor Guillermo Orlando Sierra, por haber confiado en mí y permitirme ser Decano durante los últimos 10 años; juntos emprendimos muchas cosas, en algunas estuvimos de acuerdo, en otras no. A todos los compañeros del equipo de trabajo de la administración que hoy termina, que han sido mis compañeros durante todos estos años, por haberse esforzado por llevar la Universidad al sitial de honor que actualmente ocupa. Un lugar muy importante de mi gratitud para los fundadores de la Universidad de Manizales, encabezados por Hugo Salazar García, que supieron interpretar los anhelos de educación de la población manizaleña de la época, que tenía pocas oportunidades de acceder a la educación superior y encontraron en esta increíble aventura esa oportunidad: yo mismo soy el resultado de ello.

Un agradecimiento eterno al Consejo Superior por haberme confiado los destinos de la Universidad; a los profesores, los tres Diegos, Hernández, Ocampo y López, Fredy Betancur; Beatriz Mejía; los estudiantes Mateo Rodríguez, Nicolás Quintero, Juliana Loaiza, Luís y Alfonso Delgadillo; a los representantes del estamento administrativo, María Isabel Urrego y Yon Alexander Salazar; a los Decanos Néstor Castaño y Gonzalo Tamayo; a los representante de los graduados Carlos Arturo Buriticá, y Arison Riascos. Dedicaré los próximos cuatro años de mi vida a honrar el compromiso adquirido cuando confiaron en mis capacidades para asumir este reto.

Finalmente, quiero agradecer al nuevo equipo de trabajo por aceptar acompañarme en este camino que hoy emprendemos; de ellos también espero su mejor esfuerzo y dedicación, las circunstancias que vive el país y el mundo así lo exigen.

Recibimos la Universidad en un momento especialmente difícil para la humanidad, que nos ha obligado a un cambio en todas nuestras rutinas y prácticas habituales, que amenaza la estabilidad de todo tipo de organizaciones, genera incertidumbre y pone en peligro permanente la vida misma; sin embargo, como miembros de una comunidad académica, tenemos confianza que finalmente la ciencia encontrara una salida.

A pesar de lo anterior, reconocemos una Universidad fuerte que lleva en su ADN la capacidad para superar la adversidad y la dificultad; no puede ser de otra forma en una organización que nace de las entrañas del movimiento cooperativo, que se ha formado en lo que en Colombia hemos llamado la economía solidaria; la cual según los planteamientos de Boff se presenta como una alternativa a la economía capitalista, aún más, como una economía pos-capitalista, porque se encuentra dentro de la era del econozoico y no solo del tecnozoico; está impulsado por los ideales éticos de preservar todo tipo de vida y crear condiciones para el bienestar de todos.

Esta Universidad que para impartir sus primeras clases necesitó aulas prestadas. Creo que la gran mayoría de quienes hemos pasado por la Universidad de Manizales, recordamos los tiempos -o por lo menos nos lo han contado-, que cuando la Universidad tenía aulas prestadas y llegaron a estudiar en la noche, encontraron que tenía candado por una decisión gubernamental. Tal vez en ese momento, no tenía la Universidad, o lo que era más un sueño de universidad, lo más elemental que las circunstancias de la época exigían como elementos básicos para poder hacer una clase e impartir una educación de alta calidad. Pero hoy, 48 años después, aquí estamos, reconocidos como una de las universidades más importantes del país, con acreditación de alta calidad, con una fuerte vocación científica, sin perder la sensibilidad social; firmes a los principios solidarios de los pioneros de Roche Dale; porque nadie puede desconocer que en la Universidad de Manizales se viven y se practican estos principios. Cómo desconocer la presencia de la democracia en una institución en la que estudiantes, profesores, graduados y administrativos pueden elegir sin ninguna interferencia a sus representantes en los diferentes órganos de gobierno corporativo; pero además, tienen diversos mecanismos para ser escuchados; la democracia en esta Institución va más allá de la mera representación, incluye múltiples formas de participación, se puede decir sin temor a equivocarse que somos también una escuela de democracia, comprometida con la formación de ciudadanos.

El principio de la solidaridad sigue estando presente en los pasillos, las aulas, cafeterías, en general en todo el campus universitario, tanto físico como virtual; pero además son una práctica corriente, presente en los diferentes beneficios que se han creado para la comunidad académica, como las becas bien, memo, deportivas, culturales y tantas otras que hoy ofrece la Universidad de Manizales a estudiantes, docentes y personal administrativo. Pero no solo podemos exhibir con orgullo las prácticas solidarias y la vida del principio de la solidaridad en los apoyos de la Universidad hacia sus estudiantes, profesores, administrativos, también en el accionar de toda nuestra comunidad; la vinculación a proyectos de ciudad, de región y de país, que buscan la inclusión de aquellos que están por fuera de las oportunidades que la modernidad nos prometió. Esto lo podemos evidenciar entre otros en los proyectos de Universidad en el campo y Universidad en tu colegio, proyectos de regionalización, educación virtual. De esta forma, además le damos vida al principio fundacional de permitir el acceso a la educación superior a los que están excluidos de ella.

Asumo el liderazgo del rectorado con la firme convicción de que vamos a continuar construyendo sobre lo construido, continuaremos la senda que los fundadores de la Universidad y otros rectores iniciaron. Trabajaremos sobre el resultado de 48 años de historia, que dejan a la Universidad de Manizales con buena solidez financiera y patrimonial, con una fortaleza académica representada en programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado, grupos de investigación e investigadores en sitiales de honor en el contexto nacional e internacional y sobre todo con un capital humano bien formado para enfrentar las dificultades que encontremos en el camino; en este sentido es importante destacar lo planteado por Theodore Schultz en su libro invirtiendo en la gente, con el que ganó el premio nobel de economía en 1979, cuando señalaba que el activo más importante que tiene una organización es su gente, pero una gente bien formada, con un estado de salud que le permita hacer uso adecuado de la formación y que esto sirva no solo para mejorar los resultados de la organización, sino también para mejorar las condiciones de vida de la humanidad.

Dedicaremos nuestro esfuerzo a seguir consolidando una universidad presente y actuante en el desarrollo de las regiones, el país y el mundo, que aporte a la construcción del conocimiento universal; con un marcado énfasis en el pensamiento latinoamericano; sin excluir tradiciones de pensamiento de otras latitudes, en la perspectiva de un conocimiento que contribuya a transformar las condiciones de vida de la humanidad. Creemos necesaria la integración social y la desamortización de polos tradicionales de desarrollo, bajo un modelo innovador, flexible y adaptativo a las particularidades de cada región, en esa lógica, pretendemos “ser universidad donde es difícil ser universidad”. Nosotros hemos sido universidad en la vereda La Mermita de Aguadas, en la vereda El Silencio, en el municipio de Samaná, en el corregimiento de Florencia, en Samaná, en la vereda Las Coles, de Pácora y así en muchas otras regiones. Seguiremos siendo universidad en los lugares más difíciles del país. Cuando voy acompañado de la profesora Dora Myriam, Cristian y Ricardo, a las veredas a entregar títulos profesionales, pertinentes para las regiones, me provoca mucha emoción, parecida a la que sentí, cuando estaba iniciando este discurso de agradecimiento a quienes me están acompañando. Cuando saludo a los graduandos y les doy la mano, siento unas manos de unos jóvenes, callosas. Los jóvenes campesinos tienen callos en las manos de estar labrando la tierra, pero que se han formado como profesionales gracias a que hemos llegado hasta allí, evoco mi pasado, mi juventud, como joven campesino de este departamento. Seguiremos siendo universidad, donde es difícil ser universidad: yo decía esta mañana que es fácil ser universidad en la carrera 7ª o en la calle 26 de Bogotá o en el barrio Campohermoso de Manizales, o en el barrio Palogrande, pero ser universidad en estos sitios que he mencionado, no es tan fácil. El mismo Ministerio de Educación en algunos casos, no ha alcanzado a comprender lo que significa ser universidad en estos territorios. Es decir, estaremos presentes en los lugares excluidos por el sistema educativo, en las comunidades marginadas de las oportunidades de educación, con las personas que han sido excluidas por las pruebas de suficiencia en el tránsito de educación media y superior, desde nuevos campos del conocimiento que requieren esfuerzos científicos y de innovación y con emprendedores e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible. Todo esto en sincronía con los pactos globales por la calidad, la Internacionalización, regionalización y globalización, el aprendizaje, la investigación e Innovación y la responsabilidad social..

Uno de los caminos que hemos identificado para lograrlo es trabajar en la generación de una cultura de la sostenibilidad que tiene varias facetas entre las cuales se incluye lo financiero, debemos como organización ser financieramente viables, también debemos ser social y ambientalmente viables; pero debemos ir mas allá de las corrientes institucionalizadas de la sostenibilidad y apostarle a la sostenibilidad de la cultura, la sostenibilidad política, la sostenibilidad de lo público, lo ético, lo estético, lo eco-sistémico; pero claro, también a lo académico, como uno de los elementos fundamentales de nuestro que hacer cotidiano.

En general debemos avanzar en la formación de un sujeto sostenible, lo que nos llevará a una universidad sostenible y a una sociedad sostenible. Como lo escribimos en el libro Aportes de Desarrollo Social y Humano a la Sostenibilidad con la Profesora Fridzia Izaguirre de la Universidad autónoma de Occidente de México: La sostenibilidad requiere de una ciudadanía educada políticamente, que entienda el sentido de urgencia de transformar las prácticas sociales que hacen parte de su tradición y que están llevando a generar una amenaza a las posibilidades de permanencia de la vida como hoy se conoce; por lo cual, no se trata únicamente de un problema de solidaridad con las futuras generaciones como se plantea desde el discurso institucionalizado dominante; sino también, de un problema de la conservación de la vida de todas las especies que habitan el planeta, incluyendo al propio ser humano. La sostenibilidad “va más allá de la preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente, implica un equilibrio del ser humano con él mismo, con el planeta y con el universo (…) se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos, como seres de sentido y donantes de sentido de todo lo que nos rodea”

De esta manera, pretendemos hacer el tránsito de una Universidad Moderna a una Universidad Sostenible; como Universidad Sostenible, no podríamos ser modernos en un sentido de progreso que denigra y devalúa lo viejo por lo nuevo, porque justamente eso implica que reconocemos los fundamentos de nuestra cultura, donde las tradiciones y la forma de organizarnos socialmente en América Latina, son diferentes y por lo tanto no las podemos volver obsolescentes. Desde la Universidad Sostenible se aboga por la defensa de lo común, no de una libertad humana emancipadora de lo colectivo y de los deberes para con los otros (todos los seres vivos), en la lógica que promueve la modernidad.

La Universidad Sostenible promueve la cultura colectiva y rompe las ligaduras con el racionalismo dialectico de las libertades individuales sin responsabilidades colectivas, para impulsar una época donde el ser humano sea llevado a la condición de sujeto colectivo, desde la lógica de ser y comportarse como humano, y solo entonces deberían intervenir la especialización y la preparación profesional.

Una Universidad Sostenible es consecuente con los pactos globales por la educación y el desarrollo, donde ésta es “la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana (…) es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza” (UNESCO, 2015, p.7). Esos retos los asume una institución que reconoce la educación como pilar de la sostenibilidad, una Universidad que atiende el llamado mundial a promover 1) la inclusión y equidad educativa, esto está en nuestros principios fundacionales 2) la igualdad de género, 3) la calidad y mejora de resultados de aprendizaje para promover el desarrollo sostenible y fortalecimiento de la ciudadanía, 4) las oportunidades de aprendizaje de calidad, 5) la garantía de enseñanza en situaciones de emergencia, conflicto, de post-conflicto y de recuperación, 6) desde una agenda y un marco jurídico común, 7) además de una mayor inversión en educación, 8) con estrategias de cooperación de todos las organizaciones sociales, estatales, empresariales y civiles. Asimismo, con propuestas evaluativas que permitan la comparación de resultados y la calidad de dicho proceso. Esto de la cooperación y de la ayuda mutua lo hemos venido plasmando en 48 años de historia y lo hemos vivido apostándole a procesos de integración, que son referentes mundiales como el proyecto SUMA.

Le apostaremos a una cultura del alto desempeño, dónde el rigor y la calidad sean parte de nuestra cotidianidad que nos mueve a obtener los mejores resultados; donde todos y cada uno de los integrantes de la comunidad se esfuercen por mejorar en el día a día para alcanzar niveles de excelencia; la Universidad ha hecho y continuará haciendo importantes inversiones en formación de su gente, invirtiendo en la gente, según lo plantea Schultz; esto debe verse reflejado en el logro de metas superiores, que van más allá de la acreditación de alta calidad tanto institucional como de programas o de las certificaciones bajo las normas ISO que hoy ostentamos; los niveles de excelencia y el alcance de metas superiores deben verse reflejados en el logro de éxitos individuales y colectivos, en la transformación de nuestras prácticas y la forma de relacionarnos con el entorno. De nuestra cultura de alto desempeño debemos derivar una importante contribución a la consolidación de una Universidad con capacidad de enfrentar los retos que las transformaciones del mundo contemporáneo nos imponen cada día; pero también nuestro aporte a la construcción de una sociedad mas equitativa en la cual todos los ciudadanos tengan la posibilidad de una vida decente.

Como un elemento fundamental de la cultura de alto desempeño se puede señalar la necesidad de la innovación entendiendo que uno de sus ejes es el proceso de transformación hacia una cultura innovadora que fortalezca y facilite la innovación incremental y la disruptiva, esperando que soporte el crecimiento futuro de la Universidad y la transformación de la sociedad. En este sentido, nuestras prácticas deben estar orientadas a fomentar la retroalimentación positiva y el reconocimiento; la confrontación asertiva y la conciliación; valoraremos los errores como fuente de aprendizajes y reduciremos la aversión al riesgo, por lo tanto impulsaremos las posibilidades de ensayar y arriesgar, aceptando que hay diferentes formas de hacer las cosas; privilegiaremos el trabajo en equipo y entendemos que los resultados son del equipo no de los individuos; nuestra decisiones deben ser coherentes con los principios y valores que pregonamos.

A la ciudad, la región y el país le ofrecemos una Universidad con altos estándares de calidad; comprometida con un adecuado uso de los recursos a su disposición y dispuesta a contribuir para que el tejido organizacional pueda avanzar también hacia el logro de una cultura del alto desempeño que le permita hacer frente a los retos que le impone una economía altamente competitiva; que pueda insertarse en los mercados globales con bienes y servicios que superen la dependencia de bienes básicos.

Lo que hasta acá hemos expuesto son sólo algunos de los temas centrales a los que dedicaremos los próximos cuatro años, tenemos otros aspectos que iremos perfeccionando con el equipo de trabajo que hemos conformado para avanzar en la construcción de una universidad que todos los días debe esforzarse por mejorar para contribuir a la consolidación de una mejor sociedad. Finalmente, agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy, esperamos seguir contando con sus valiosos aportes a la construcción de una mejor sociedad; a mis compañeros de la Universidad de Manizales una invitación a dar lo mejor de sí para avanzar en este proyecto común de construcción de lo público y lo privado.

 

Duván Emilio Ramírez Ospina

Rector

Manizales, 3 de septiembre de 2020

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