Desde la RECTORÍA

Una de las principales preocupaciones de los colombianos -sean políticos, líderes sociales y religiosos o transeúntes sensibles, y especialmente de quienes la sufren- es la pobreza crónica, enfrentada sin mayor éxito por los gobiernos de turno. Así se hayan implementado medidas paliativas, subsidios y coberturas en salud inexistentes décadas atrás, la cantidad de colombianos que viven en condiciones de pobreza, e incluso de miseria, es sobrecogedora. Y un reto mayor lo tiene el actual gobierno cuya bandera ondeada durante lustros de lucha política ha sido precisamente erradicar la pobreza enquistada en nuestra población. Tal vez la poca efectividad de los diversos programas deriva de la misma concepción del problema y de  las diferentes, mas no exluyentes, aproximaciones teóricas y metodológicas para definirla y medirla en todo el mundo, como la Línea de Pobreza (LP), el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que, sin embargo,  eluden la solución. La mayoría de programas, planes y políticas de reducción de pobreza parten de las mediciones monetarias y la ubicación de las personas pobres, sin enfrentar las causas y condiciones que propician y reproducen esta condición, y así operan casi todos los países acatando las directrices del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no siendo Colombia la excepción. La falla de estos lineamientos y estrategias radica en que se limitan al “desarrollo” dejando a un lado  las interrelaciones de la pobreza con las dinámicas sociales y políticas. Un nuevo enfoque frente a la pobreza exige resolver las condiciones para la subsistencia o medios de vida sostenibles e integrar las condiciones ecológicas, económicas, sociales e institucionales que enfrentan las comunidades; es decir, que  las personas, hogares y poblaciones una vez salgan de la condición de pobreza,  no retornen a ella o que requieran de la continua asistencia estatal. Dotar a las comunidades afectadas de capital social, económico y natural para generar sus actividades de subsistencia, lograr empoderar los hogares para promover y consolidar los medios para su manutención y, apoyarlas desde la institucionaidad y el esfuerzo privado empresarial, son estrategias que apuntan a disminuir  la pobreza y sostener nuevos niveles de bienestar. Desde la Revolución Francesa  han  surgido movimientos  político-sociales de anarquistas, colectivistas, comunistas, marxistas, revolucionarios, idealistas, utópicos, socialistas, que abogan por la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio, movidos por el sueño de superar la pobreza,  bien intencionados por cierto, pero carentes de rigor lógico  o restringiendo la libertad personal. Estas movimientos se metabolizan fácilmente en entusiastas mentes juveniles cuando aún no han recibido el baño de la realidad y de la desigual naturaleza humana  (pues nunca faltarán codiciosos que ambicionen poseerlo todo y subyugar a los demás). Los fracasos de la ex Unión Soviética, de Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta la actual España… son buenos ejemplos de cómo no afrontar la tragedia humana de la pobreza, entre otras tantas injusticias. No se enfrenta eficientemente la pobreza con subsidios monetarios, ni “castigando” a quienes generan empleos y salarios dignos, ni colocando a incapaces o deshonestos al frente de los medios de producción. Un gobernante actual, si quiere ser eficiente, debe entender que los medios y las relaciones de producción de hoy son bien diferentes y complejos de los existentes en sus años estudiantiles, de tal manera que sus estrategias económicas han de estar enfocadas en crear nuevas oportunidades para que cada adulto pueda procurarse los medios de subsistencia tanto para sí mismo como para quienes de él dependen. Propiciar la libertad económica –ya lo señaló Amartya Sen- es la mejor política social de una nación para que sus gentes pueda realizar sus potencialidades y acceder por sus propios medios a los diferentes bienes y servicios necesarios para llevar una vida digna.

Martes, Julio 5, 2022 .

El nombre de la economista italiana estadounidense Mariana Mazzucato se ha puesto de moda por estos días en Colombia, como consecuencia de la afirmación hecha por el presidente electo en una entrevista concedida a la revista Cambio, en la cual afirmó que “buscaría la asesoría de la economista mencionada”. Esta intención gubernamental nos da una idea de la orientación que podría tener la economía colombiana más allá de la presencia de José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, vale la pena considerar algunos de los principales planteamientos de Mazzucato presentes en sus escritos. En su libro “Misión Economía: Una guía para cambiar el capitalismo” publicado en 2021, destaca la importancia de destinar fondos públicos para financiar la innovación y la investigación, algo que han sido minimizado por la teoría económica  tradicional. En este sentido sería esperable entonces que el nuevo gobierno le dé un impulso mayor a la educación y a la inversión en ciencia tecnología e innovación. Respecto al tema educativo, ya le ha pedido a  los alcaldes que alisten terrenos para construir colegios y universidades. Pero “del lote al edificio hecho derecho y bien dotado hay demasiado trecho”. Está por verse la capacidad de las finanzas públicas para construir, dotar  e implementar programas en los nuevos espacios educativos anunciados. También escribe Mazzucato que el capitalismo es un sistema disfuncional, e identifica cuatro impulsores de esta situación: El cortoplacismo del sector financiero, la alta influencia de las finanzas en los negocios y el valor, la dependencia de los combustibles fósiles y los gobiernos lentos o ausentes. En este sentido, ya el presidente electo ha expresado cuál es la intención de su gobierno con relación a la exploración y explotación de combustibles fósiles. Si se implementa la idea de suspender la exploración, las consecuencias -nada gratas, por cierto- no serán de corto ni mediano plazo, sino de largo plazo, por cuanto que con los precios actuales del petróleo, este representa cerca del 50% de las exportaciones del país. Igualmente, la citada economista enjuicia la actual situación de crisis del capitalismo, y propone que al establecer y organizar la intervención del Estado en la política económica en torno a misiones y ciertos principios se puede lograr el éxito esperado. Se trata entonces de replantear el papel del Estado destacando las actividades que aportan valor y que resultan fundamentales para que los mercados puedan seguir existiendo y, también, reconsiderando su capacidad de acción, tanto respecto a establecer retos de futuro en la sociedad, como coordinando a los distintos agentes hacia la consecución de grandes objetivos sociales. En otro de sus escritos titulado “No desaprovechemos esta crisis” considera aceptable rescatar empresas, condicionando su financiación a su trayectoria y, sobre todo, a su futura actividad; indica también que las ayudas del Estado no se pueden otorgar como cheques en blanco, especialmente las ayudas orientadas a desarrollos tecnológicos de empresas privadas. En estos casos es necesario exigir un dividendo social, lo que implica cambios en las normas sobre propiedad intelectual y patentes. Igualmente, considera que se deben intervenir con cuidado los monopolios que se están estableciendo en el ámbito digital, los cuales  adquieren un papel estratégico, no sólo en sus áreas directas de la actividad sino en el resto de la economía. Contra la ortodoxia económica reciente, la economista ha planteado  la necesidad de un nuevo pacto fiscal que no busque como único objetivo el equilibro presupuestal. Esto implica recuperar el papel del Estado como inversionista, sosteniendo que los bienes públicos generados por el Estado no  son periféricos  al mercado, sino centrales en su funcionamiento. Amanecerá y… En previsiones económicas, las propuestas presentes señalan los caminos y las metas. Solo el futuro nos dirá si lo primero condujo a lo segundo.

Martes, Mayo 10, 2022,

Una de las principales preocupaciones actuales en todos los países es el cambio al alza en el índice de precios al consumidor. Es un problema que puede prolongarse más de lo esperado y las soluciones planteadas desde la política monetaria lucen poco efectivas o, peor, parecen causar males más grandes que los que se pretenden solucionar. Teniendo en cuenta que el actual fenómeno inflacionario planetario puede considerarse como una inflación de costos, las medidas de política monetaria son poco efectivas como se ha podido ver en la práctica. Sin embargo, más allá de las alternativas que se puedan plantear, es importante mirar las repercusiones en el mediano y largo plazo. Cuando se esperaba que controlada la pandemia la economía mundial volvería a sus cauces anteriores, llega la invasión a Ucrania, que altera aún más los patrones mundiales de comercio, producción y consumo, al punto que el crecimiento de los precios de la energía y de los productos básicos en los dos últimos años ha sido el mayor desde la crisis petrolera de los años 70. Así lo expone el estudio del Banco Mundial titulado “Commodity markets outlook”, el cual pronostica que los precios se mantendrán en niveles históricamente altos hasta fines de 2024. Se espera, según el mismo informe, que los precios de los productos agrícolas y de metales se incrementen cerca del 20% en 2022 y solo empezarán a moderarse en 2023 y 2024. No obstante, según las proyecciones, los precios de los productos básicos se mantendrán muy por encima del promedio quinquenal más reciente. En caso de que se prolongue la invasión o se apliquen sanciones adicionales a Rusia, los precios podrían subir aún más y mostrar más volatilidad de lo previsto en la actualidad y, en especial, el renglón de los alimentos que según el Banco Mundial mostró un aumento del 11% en el primer trimestre de 2022 y un 25% en el último año, alcanzando un récord histórico. Los subgrupos de alimentos que más crecieron los precios han sido el trigo, la cebada, el maíz y la soja, mientras que el arroz se ha mostrado crecimientos más moderados. Las causas se rastrean a las interrupciones en el comercio y la producción debido a la invasión, aumentos en los costos de los insumos, especialmente energía y fertilizantes, y la recuperación de la demanda de alimentos para animales. También los precios de las bebidas aumentaron marginalmente en el primer trimestre de 2022, y crecieron aproximadamente en un 30% en el último año, impulsados por los aumentos de los precios del café debido a déficits de producción relacionados con cambios climáticos en Brasil, lo que ha tenido un importante efecto en la oferta mundial del grano. Así las cosas, las medidas de política monetaria adoptadas en Colombia para combatir la inflación no representan una alternativa de solución, toda vez que disminuirán el consumo, sin compensar las causas externas que en el mediano y largo plazo seguirán empujando los precios al alza. Ahora bien, como toda crisis suele generar una oportunidad, este puede ser el momento para realizar un giro importante en la política económica del país y aprovechar las dificultades de abastecimiento de los mercados mundiales y el alza de precios para impulsar la producción de los alimentos que demandan los mercados mundiales mediante políticas inmediatas de estímulo al sector agrícola. Tal ha sido la estrategia en otros tiempos y naciones, que aprovechando las ventajas de los precios altos y baja oferta en los mercados internacionales se estimula la producción local para sustituir importaciones, pero también para ampliar la oferta exportable.

Martes, Abril 26, 2022

El desempleo es uno de los principales problemas de una sociedad y se debe a que los flujos de entrada de personas a la población económicamente activa son mayores que los que puede absorber el sistema productivo. En el caso colombiano, la poca capacidad de absorción se encuentra asociada con las bajas tasas de inversión tanto del sector público como del privado, resultantes a la vez de la escasa capacidad para generar ahorro interno con destino al crecimiento del sector productivo. Si la inversión no aumenta significativamente, se reducirán las posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo y, en consecuencia, las tasas de desempleo seguirán siendo más altas de lo que la sociedad necesita para aumentar considerablemente los niveles de empleo y por lo tanto el bienestar social. Además de las implicaciones económicas del desempleo, es importante analizar las consecuencias personales, porque, primero, una de las formas de vinculación del ser humano con la sociedad es el trabajo; segundo, el progreso social está asociado con la ejecución de ocupaciones útiles y, tercero, el progreso y calificación de una labor es un medio para mejorar la calidad de vida, la realización personal y el aprovechamiento del tiempo. Esta dimensión psicológica no puede ser subestimada pues el individuo adulto no sólo necesita trabajar y, preferiblemente, en una actividad que brinde satisfacción, valoración y autoestima, sino también, sentirse útil para la sociedad. En general, los análisis más economicistas del costo del desempleo lo vinculan a la falta de utilización en el proceso de producción de la fuerza laboral desempleada, por lo tanto, la pérdida será igual a lo dejado de producir por esta población. El desempleo repercute con una mayor intensidad en las personas cuando se torna estructural y se prolonga por varios años, lo cual puede limitar las posibilidades de retornar mercado laboral, al perderse el hábito, las destrezas y la disciplina para incorporarse a las rutinas que exige el ejercicio de un determinado empleo, o mantener la concentración requerida para ejecutar determinado trabajo. Esto no ocurre cuando en la economía un individuo o una parte de la población se desemplea por poco tiempo (desempleo friccional) debido al proceso natural de rotación de los trabajadores de un puesto a otro, o al ajuste de las empresas a los cambios del entorno en medio de un mercado laboral muy flexible que no es el caso del mercado laboral colombiano. Aunque la economía colombiana ha venido dando señales de recuperación y las cifras de crecimiento económico han sido revisadas al alza por diferentes organismos internacionales y por las propias autoridades económicas del país; además, se está llegando a los niveles de empleo prepandemia gracias al buen comportamiento de la economía; no obstante, los índices de desempleo y subempleo siguen siendo muy altos. El crecimiento de la economía no está generando un “crecimiento expansivo del empleo” lo cual podría revertirse con la puesta en marcha de nuevas empresas o a través de nuevas contrataciones públicas, o estimulando una mayor dinámica de la demanda interna. El hecho es que las limitantes que impiden el crecimiento del empleo están relacionadas con la incapacidad estructural de nuestro aparato productivo ante el debilitamiento de la demanda interna y, seguramente, de la poca capacidad para crear nuevos emprendimientos ligados a dinámicas de demanda internacional por exportaciones no tradicionales, toda vez que el importante crecimiento de las ventas externas de los últimos años ha estado limitado a productos primarios con bajo valor agregado; en este sentido el gran reto es el aprovechamiento de los tratados de libre comercio que ha firmado el país para diversificar la oferta exportadora como una contribución a la generación de empleo.

El mundo contemporáneo está viviendo grandes transformaciones como resultado de lo que Klaus Schwab –fundador del Foro Económico Mundial- denominó la Cuarta Revolución Industrial, antecedida por la máquina de vapor, la electricidad y la computadora. Se caracteriza por integrar tecnologías que abarcan –y afectan- las esferas físicas, biológicas, sociales y hasta personales. Una mirada panorámica a la historia de esta revoluciones deja en claro dos cosas, entre muchas otras: una –asombrosa- es el avance de los conocimientos y otra -preocupante- es el desplazamiento de la mano de obra por la entrada en escena de máquinas potentes, complejas y hasta pensantes. Que las tecnologías sean buenas o malas es un debate filosófico que no se resuelve de manera unánime sino que se abre a diferentes posturas, incluso irreconciliables. La emergencia sanitaria de los últimos dos años está siendo superada gracias a la actual revolución industrial. Años atrás era inimaginable que en tan breve tiempo se produjeran soluciones de alta complejidad que exigían el concurso de diversos métodos, ciencias, técnicas y científicos distantes unos de otros, para detener o controlar la pandemia que amenazaba a la especie humana en todos los rincones del planeta y a las actividades económicas para mantener y mejorar la calidad de vida. Pero también, los avances tecnológicos pueden crear nefastas “soluciones”… como lograr eliminar de manera inmisericorde a indefensos e inocentes seres humanos en Ucrania: que lo digan los misiles hipersónicos de Putin, sólo muy diferentes en tecnología de los aviones empleados por Hitler durante su blitzkrieg (guerra relámpago) contra los polacos para someterlos bajo cualquier justificación. Los cambios que experimentamos hoy son exponenciales; son tan grandes y veloces las transformaciones en la forma de vivir, interactuar, comunicar, pensar y de relacionarnos, que ni caemos en cuenta de ellos; estamos inmersos en una ola cuyos efectos apenas vislumbramos. Basta sentir, por ejemplo, que la actual “era de la vigilancia” desmorona preciosos valores que otrora hacían la existencia más gustosa y relajada: la confianza y las libertades. En Colombia enfrentamos el enorme desafío que implica recrear un Estado capaz de enfrentar a fondo los diversos problemas que nos preocupan: las desigualdades arbitrarias, la destrucción del medio ambiente, la falta de cohesión social y territorial, los injustificables actos de violencia, la migración forzosa, el bajo crecimiento económico, la alta concentración del ingreso, entre otros. Sin embargo, al mismo tiempo debemos liderar el avance hacia la sociedad del conocimiento, es decir, desarrollar la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con miras a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Quizás  estamos llegando tarde a la Cuarta Revolución Industrial y a incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación y la información como medios para desarrollar la capacidad de aprendizaje e innovación, así como la autonomía, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos. Debemos dejar atrás la época de los discursos demagógicos e incendiarios de quienes aspiran a la presidencia de la República. Los actuales deben bajarse de las ramas y que en sus debates le expongan al país soluciones integrales (qué hacer, cómo, con qué recursos, con cuáles efectos secundarios) en lugar de las manidas soluciones simplistas, como si miraran la realidad colombiana desde un solo ojo. El debate presidencial debería ser mucho más rico en ideas y menos en ataques personales; preocuparse más por los problemas de fondo del país que por las formas de hablar del uno o del otro, más planteamiento de soluciones viables que promesas superficiales o incumplibles. Es necesario que los votantes podamos tener claridad sobre qué futuro le espera al país según quien sea elegido.

Aunque Rusia y Ucrania son países que desde la perspectiva geográfica y cultural se encuentran a considerable distancia de Colombia (algo más de un cuarto del meridiano terrestre), se tiende a creer que las trágicas consecuencias de esa bárbara incursión de un Goliat contra un David sin cauchera estarán lejos de afectar la vida cotidiana en Latinoamérica y Colombia. Nada más lejos de la realidad presente y futura. Consecuencia del alto nivel de interdependencia de las economías de todo el mundo, debido a la globalización, eventos importantes que suceden en regiones que ni siquiera sabemos ubicar en un mapa repercuten en menor o mayor grado en el planeta entero, en especial cuando se trata del motor fundamental de la economía: la energía, hoy dependiente principalmente de los combustibles fósiles. Los habitantes de diferentes países sufrirán el incremento del precio del gas y petróleo en los mercados internacionales debido a la despiadada invasión rusa que confiamos se frene o sea frenada, porque así fue como comenzó Hitler: invadió la región de un país vecino donde se hablaba alemán –los Sudetes– y luego planeó engullirse el resto del continente. Algunos analistas proyectan que el barril de petróleo podría alcanzar los US$300, todo un récord inimaginable en la historia petrolera, como consecuencia del retiro de la oferta rusa del mercado del crudo, lo cual generará un desequilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados internacionales empujando el precio al alza. Ya se detectan tendencias en este sentido, y si el problema bélico empeora se mantendrá esta tendencia en los precios de los bienes que se transan en los mercados internacionales. Las consecuencias para Colombia son variadas y en distintas direcciones. Por un lado, con el precio del petróleo al alza se incrementarían los ingresos del gobierno, lo que contribuiría a disminuir el déficit fiscal y permitiría un aumento del gasto público favoreciendo la reactivación económica. Pero también sobrevendrían efectos adversos para la actividad económica y para la sociedad, tales como incremento de los precios de los combustibles y de los productos derivados del petróleo, afectando negativamente la economía por el incremento en los costos de producción que redundarán en alza generalizada de precios. Además, el sector agrícola colombiano depende de abonos y fertilizantes importados, con un porcentaje importante proveniente de los países involucrados en el conflicto. Esta situación incrementará sus precios y todo lo que dependa de ellos, en especial los ciclos de fertilización en el sector agrario, la disminución de las cosechas de diversos productos y la producción de alimentos. Bien sabemos que el sector agrícola es tal vez el que más ha incidido en el nivel inflacionario registrado en los últimos meses. Por otra parte, la mayor disponibilidad de dólares en Colombia como consecuencia del incremento en los ingresos petroleros podría generar una tendencia a la baja en la devaluación del peso colombiano frente al dólar, lo cual podría afectar las exportaciones de otros bienes no mineros, más otras consecuencias extensas de exponer. Y como si fuera poco, el problema logístico internacional –que explicamos en columnas anteriores– se verá agravado por las restricciones a la operación marítima y aérea como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a Rusia. Todo esto generará una nueva presión inflacionaria en todo el mundo y por lo tanto también será otro factor adicional para el incremento general de precios en Colombia, lo cual afecta el ingreso disponible de las familias, efecto que se siente con más fuerza en los hogares más pobres. Ante este repentino acontecimiento ¿qué opciones claras, completas, sensatas y realistas nos ofrecerán los dos candidatos finales en la contienda presidencial? De ellas, y no de la demagogia (como listar promesas inalcanzables) dependerá en buena parte el bienestar del pueblo colombiano.

Es un hecho histórico que los avances drásticos en el control de la naturaleza generan cambios en la sociedad y zozobra en las personas cuando sienten amenazada su forma habitual de ganarse la vida. Primero debió haber sido la rueda y milenios después la imprenta. Luego –desde Galileo- la ciencia moderna entra en acción con su hija la tecnología, y aparece la máquina de vapor. Merece recordarse el nombre de John Henry, un obrero de ferrocarriles afrodescendiente; se cuenta que en 1872 aceptó el reto de un advenedizo vendedor de taladros de vapor –lo último en la tecnología industrial de su tiempo- quien desafiaba la eficiencia de cualquier obrero frente a su máquina. Jhon la derrotó por escasos centímetros, pero colapsó y falleció en el acto. Un siglo después el elelectromagnetismo posibilitó la comunicación inmediata y los motores eléctricos, y del conjunto de varias ciencias nuestra generación ha sentido la utilidad y la amenaza del ordenador, el internet, la robótica y la inteligencia artificial. Aparte de la explicable zozobra generada, en los tiempos recientes se han visto intentos de detener el devenir histórico, no sólo desde discursos, sino con acciones destinadas a modificar leyes laborales y, lo absurdo, aunque explicable emocionalmente, a la destrucción física de equipos tecnológicos, que además de ser insensibles no tienen la culpa. De este proceso de “destrucción creativa” han dado cuenta algunos especialistas en análisis prospectivo como Andrés Oppenheimer en su libro “Sálvese quien pueda”, donde plantea que el 47% de los puestos de trabajo que se conocen en la actualidad corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial. O sea, mientras las primeras revoluciones tecnológicas devaluaron la fuerza muscular (una excavadora puede reemplazar a miles de obreros),  las recientes tienden a reemplazar las funciones mentales en labores socioeconómicas. Así los avances de la tecnología abran nuevas posibilidades de ocupación para nuevas generaciones, les demandan mayor inteligencia, esfuerzo y dedicación. La balanza “tecnología-opciones laborales” cada día se desbalancea más, y este hecho debe ser afrontado con inteligencia y pragmatismo, porque no hay mejor caldo de cultivo para una revolución primaria y destructiva –como lo fue la francesa- que la incapacidad para obtener el sustento personal y familiar de manera decente y sin perjudicar a otros. Son innegables entonces los riesgos laborales de la automatización y la transformación digital de las organizaciones, y son pocos los escritos dedicados a proponer soluciones y al análisis del potencial para crear nuevas ocupaciones y transformar las existentes. En un trabajo publicado por la Cepal titulado “Cambio tecnológico y el mercado laboral: aportes para la identificación de las ocupaciones emergentes”, Norman Simón Rodríguez plantea que esto puede deberse a que es más fácil entender los efectos de reemplazo que podrían sufrir las ocupaciones conocidas, que entender los efectos constructivos, posiblemente caóticos e impredecibles, de tecnologías cuyo alcance no se conoce aún. Los nuevos puestos de trabajo resultantes de los avances tecnológicos –llamados ocupaciones emergentes- resultan cuando los empleadores necesitan que los trabajadores tradicionales realicen oficios novedosos, que incluso ni se mencionaron durante su preparación académica. El mundo actual cambia tan rápido que resulta muy arriesgado predecir el inmediato futuro, pero sí es responsabilidad de las instituciones de educación superior estar atentas y al día sobre los nuevos cambios científicos y tecnológicos para formar creativamente a sus discentes, habida cuenta que, como dijo decano de Medicina de Harvard durante dos décadas, David Tosteson,  “resulta más difícil cambiar un curriculum que trasladar un cementerio”. Hace unas semanas nadie pensaba que se estaban abriendo las nefastas puertas de una confrontación mundial violenta, explosiva, informática y económica. El Homo Violentus se vuelve a imponer sobre el Homo Rationalis, y esto puede cambiar todas las perspectivas sobre el cambio tecnológico y el mercado laboral. A Einstein le preguntaron cómo sería la Tercera Guerra Mundial, y respondió: “No sé, pero sí sé que la Cuarta será con palos y piedras”.

El regocijo por el aumento del salario mínimo legal para el año 2022, por encima de lo que las mismas centrales obreras y dirigentes de izquierda se pudieron imaginar, ha durado muy poco. ¿Por qué? Por cuenta de los recientes incrementos en los precios de bienes y servicios de primera necesidad, hecho que deja sin un efecto real el esperado incremento de los salarios. El Banco de la República, en su más reciente informe de Política Monetaria de enero, proyectó una inflación del 4.3% para el 2022 y 3.4% para el 2023. Se tomó esta decisión teniendo como base los altos precios de los diversos bienes y servicios en los mercados internacionales que se trasladan a los costos de producción nacionales, además de la devaluación de la moneda que encarece todo tipo de productos importados, bien sea como insumos o como productos finales; en los problemas de la cadena logística internacional que no sólo encarecen los precios de los bienes como consecuencia de mayores costos de transporte sino también por la disminución de la oferta de productos importados generando un desbalance con respecto a la demanda; también se tuvieron en cuenta variables internas como el alza de los precios de los alimentos, la indexación del nuevo salario mínimo sobre los precios de los bienes y servicios producidos en el país y las mismas expectativas de inflación que pueden generar una mayor demanda hacia bienes duraderos. Otro factor inflacionario se relaciona con los alivios otorgados por el gobierno nacional para atender los gastos de la pandemia. Este escenario llevó a la Junta Directiva del Banco de la República a incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos pasando de 3% a 4%; este tipo de medidas se han venido tomando de manera recurrente toda vez que las tasas de interés pasaron de 1.75% en septiembre de 2021 a 4% en febrero del presente año. Al encarecer el crédito se espera una disminución en la presión de la demanda sobre los precios, aunque también tendrá un efecto sobre los inversionistas, que podría afectar la inversión productiva, disminuir el ritmo de recuperación de la economía y, de ahí impactar el empleo. Al parecer, estas medidas de política monetaria para controlar la inflación eluden las verdaderas causas del fenómeno inflacionario, el cual no está vinculado necesariamente al exceso de liquidez que aumenta la demanda, sino que se trata de una inflación de costos impulsada por un efecto inflacionario internacional y la dependencia del país de insumos importados para casi todos los sectores productivos. En el manejo económico –más que en otras áreas– “tapar un hueco” suele abrir otro, algunas veces más estrecho, otras más amplio. La situación descrita es difícil de resolver como quiera que no es factible en el corto plazo romper la dependencia del sector externo para abastecer los centros de producción con los insumos requeridos a menor costo.  Como medidas alternativas, diversos sectores han propuesto la reducción de aranceles a la importación de ciertos bienes, aunque esto desestimula a mediano y largo plazo la producción nacional, aumentando la dependencia de los mercados externos. También proponen el control gubernamental de precios, lo cual conduce a un gradual desabastecimiento, resultando más grave el remedio que la enfermedad. No hay que ir ni mirar muy lejos para constatar las consecuencias nefastas de un control oficial (o político) de precios. Ya lo recalcaba el economista y presidente de la república Carlos Lleras Restrepo: debemos aprender a incrementar la producción nacional, en especial de los insumos básicos, para lograr cierta soberanía del país en las cadenas de abastecimientos y no empeorar la dolorosa pobreza generalizada, por lo cual las soluciones de mediano plazo deben pasar por estímulos a la producción nacional.

Diversos organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), han coincidido en señalar que América Latina será la región con menores tasas de crecimiento en el año 2022; sus proyecciones oscilan entre el 2,1 y el 2,4%, frente a unas expectativas de crecimiento mundial del 4,4% para el mismo periodo. Los principales factores que afectarán el comportamiento de economías son: la persistente amenaza de la pandemia y sus diferentes variantes, especialmente Omicrom; las presiones inflacionarias; el incremento de los precios del petróleo; la lenta recuperación del consumo privado; el reajuste de las cadenas globales de valor y su efecto sobre los precios de las materias primas y productos terminados, entre otros cofactores. Un reciente informe de la CEPAL señala como uno de los temas económicos que merece mayor atención en la actualidad, a nivel regional y mundial, el incremento de precios de los bienes y servicios. En 2021 se presentaron presiones inflacionarias en la mayoría de los países de la región, especialmente en los sectores de alimentos y energía;  las proyecciones indican que estas se mantendrán en 2022. Los bancos centrales anticipan que los niveles de inflación estarán por encima del rango meta establecido, aunque tenderán a converger a estos hacia finales de 2022, o comienzos de 2023, frente a lo cual seguramente se tomarán medidas de política monetaria como incrementar las tasas de interés, lo cual tendrá un efecto negativo sobre la inversión y el empleo. En el caso colombiano, el Banco de la República anunció el incremento de la tasa de interés en 100 puntos básicos al pasar de 3% a 4%, considerado como uno de los aumentos más fuertes en los últimos años, además de ser el cuarto incremento desde septiembre del pasado año, cuando las tasas estaban en 1,75%. También el precio de la energía y de los alimentos en los mercados internacionales, así como el tipo de cambio, serán fundamentales para explicar la dinámica futura de los precios en los diferentes países de la región. Como bien se sabe, la inflación es un hecho multicausal, por lo tanto, las autoridades monetarias deben utilizar la amplia caja de herramientas con que cuentan para afrontar este fenómeno, entre las cuales se incluyen instrumentos monetarios y cambiarios, sin que estos le resten impulso al crecimiento y el empleo. Destaca la CEPAL la necesidad de contar con una política tributaria que permita la sostenibilidad fiscal y atender la trayectoria creciente de demandas de gasto público que se acrecentó con la pandemia y que, además, debe contribuir al cierre de brechas sociales facilitando la disminución de los índices de pobreza y el mejoramiento de indicadores de desigualdad, como el índice de Gini. Los más importantes desafíos de 2022 -entre ellos enfrentar un menor crecimiento económico,  los riesgos de mayores tasas de interés, depreciaciones cambiarias y posibles deterioros en las calificaciones crediticias soberanas- complican el manejo de la política fiscal. En Colombia se espera al menos que el crecimiento de la economía en 2022 sea el mejor de la América Latina con unas proyecciones entre 3,1 y 5%, según los diversos organismos internacionales ya mencionados. Este buen comportamiento esperado de la economía deberá contribuir  mantener la tendencia decreciente de las tasas de desempleo. Uno de los mayores desafíos internos de la economía colombiana en 2022 estará asociado al intenso calendario electoral del primer semestre que, seguramente, llevará a postergar decisiones de gasto, especialmente en bienes duraderos e inversión, además del aplazamiento de algunas inversiones estatales como resultado de la aplicación de la ley de garantías electorales.

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador más importante sobre la marcha de la economía de una nación; refleja el comportamiento de la producción dentro de sus fronteras, resultado de la actividad de los diferentes sectores económicos, sin interesar si la propiedad de los factores de producción es de nacionales o extranjeros. Por esto los analistas, los empresarios, el gobierno y en general todos los interesados en la marcha de la economía están pendientes de su evolución, y de las proyecciones de los diferentes organismos nacionales e internacionales que monitorean de manera permanente el estado de este indicador en las diversas economías. Según los informes del  Banco Mundial, se puede afirmar que la economía colombiana en el año 2021 presentó un muy buen comportamiento al crecer 9,9%, ocupando el cuarto mejor crecimiento en América Latina, después de Perú que creció un 13,2%, Chile 11,8% y Argentina 10,0%, y superior al promedio de la región cuyo crecimiento general fue del 6,7%. Un porcentaje significativo de esta cifra podría adjudicarse al efecto rebote, dada la caída observada en el año 2020 como consecuencia de la pandemia; sin embargo, también es necesario reconocer la contribución de las decisiones de política macroeconómica adoptadas tanto por el gobierno como por la autoridad monetaria, las cuales contribuyeron a dinamizar y recuperar la actividad de los diferentes sectores económicos y a contrarrestar los efectos adversos de algunas situaciones nacionales e internacionales, como fueron las dificultades en la cadena de abastecimiento internacional, que retrasaron los suministros de materias primas, y el encarecimiento de diferentes productos, generando una de las tasas de inflación más altas de los últimos años. Con estos indicadores positivos se inicia el año 2022, aunque con unas proyecciones de crecimiento económico a la baja, como es previsible, pues no se espera el efecto rebote que contribuyó al buen resultado de 2021. El Banco Mundial considera que la economía colombiana podría crecer en 2022 un 4,1% y sería la de mayor crecimiento en América Latina, lo cual puede considerarse como un buen comportamiento, dado el nivel de incertidumbre que genera un año electoral, además de las dificultades propias de este período respecto a la contratación del Estado por la ley de garantías electorales. No obstante este panorama optimista, repasemos algunos riesgos que tienen sus raíces en 2021 y que pueden tener efectos este año. Uno de los principales es el crecimiento de la inflación, que estará amenazante mientras no se logre superar el trancón en la cadena logística internacional, que según varios analistas no se solucionará en el transcurso de 2022. Esta situación golpea la capacidad de consumo de los hogares, y de mantenerse tanto a nivel interno como externo, influirá en las tasas de interés para todo tipo de créditos y en la tasa de cambio, que eleva la deuda externa pública y privada desbalanceando la estructura de costos de diferentes organizaciones endeudadas en dólares. Además también tendrá efectos fiscales. Otro riesgo que debe afrontarse es el asociado a la recuperación de los puestos de trabajo. Es urgente tomar las decisiones de política económica que contribuyan a reducir drásticamente los índices de desempleo y mejorar la distribución de la renta. No se puede olvidar que Colombia es un país muy desigual y si el crecimiento del PIB no se vincula con una reducción del índice de Gini, el riesgo país seguirá estando alto y podría afectar el crecimiento futuro de la economía. En los foros y entrevistas que se avecinan, los aspirantes presidenciales deben ser claros, concretos y precisos sobre este punto, esperando que entre ellos y los periodistas los cuestionen en profundidad, en lugar de entretenernos con liviandades y ataques personales sin importancia.

El título de esta columna corresponde al de un documento reciente publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), donde hace un llamado a los países latinoamericanos para que tomen las decisiones políticas y empresariales necesarias en orden a beneficiarse de las nuevas oportunidades derivadas de los avances tecnológicos recientes, oportunidades que se vienen incorporando no sólo en los procesos industriales, sino también en diversas actividades humanas y a escala mundial. El documento mencionado resulta muy oportuno para avanzar en la transformación de la base productiva de los países de la región y superar la actual dependencia de la exportación de materias primas básicas con bajo valor agregado, típica de nuestras economías. También resulta interesante destacar otras recomendaciones destinadas al mejoramiento tecnológico en sectores como el agrícola y avanzar hacia el logro de la seguridad alimentaria, situación que con la actual pandemia y con las dificultades en la cadena de abastecimiento mundial, ha recobrado importancia estratégica. Según la publicación, la adopción de las tecnologías avanzadas ha sido muy limitada y dispar entre diferentes organizaciones. Si bien algunas empresas han logrado aprovechar gran parte de los beneficios de las tecnologías digitales, no son menos las rezagadas, especialmente pymes y empresas dedicadas a actividades tradicionales y vulnerables, generalmente asociadas a bajos niveles de productividad y mayores niveles de informalidad. De hecho, existen marcadas diferencias entre los sectores en materia de digitalización. Algunos, como los servicios financieros, las TIC y las filiales de multinacionales, suelen incluir actividades con mayor nivel de digitalización, tanto en la región como en el resto del mundo, mientras que en otros, como la agricultura, los servicios inmobiliarios o la educación, resaltan organizaciones con notables carencias digitales y al parecer con ausencia de planes y estrategias que les permitan superarlas en el mediano plazo. La evidencia demuestra que muchas organizaciones desconocen el valor y las soluciones específicas que podrían beneficiarlas. El trabajo citado plantea la necesidad de sensibilizar y capacitar a la alta dirección de las organizaciones de la región en los diferentes sectores de la economía, sobre el potencial y las aplicaciones de las tecnologías digitales avanzadas como una condición indispensable para sobrevivir en este mundo actual tan competitivo y con el “dragón chino” detectando nichos dónde establecerse. Las medidas de concienciación desplegadas en la región se ha limitado a difundir las experiencias positivas en seminarios y congresos sobre las nuevas tendencias y el autodiagnóstico. Pero hay que dar el paso desde la preocupación y el conocimiento, hacia la decisión y la acción. Además, estas iniciativas pueden ser un terreno fértil para crear vínculos entre el sector público, el privado y la academía incorporando acciones de formación y capacitación sobre la importancia de la digitalización pero también los como hacerlo. Avanzar en el proceso de adopción tecnológica exige comprender en profundidad el contexto local y la forma de pensar y operar de las organizaciones y los consumidores con el fin de que los “efectos de demostración” sean significativos. Otro sector en el que es importante lograr avances significativos es la infraestructura desarrollando, por un parte, soluciones de fabricación inteligente y, por otra, ampliando la conectividad de las zonas más remotas y facilitando un acceso eficaz a las mismas. En este sentido, la homologación de los protocolos y la definición de los derechos y obligaciones respecto al uso y la protección de los datos son factores clave de la inversión en tecnologías emergentes. La armonización de las normas y tecnologías entre países latinoamericanos y de estos con los usos en diversos territorios también desempeña un papel fundamental, sobre todo en el ámbito del comercio regional y mundial.

De cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2022, pareciera que se están gestando tres opciones que se responden a la realidad socioeconómica que vive el mundo, a la cual Colombia no es ajena. Una del denominado centro, otra de derecha y la otra de izquierda. Aparte de poder identificar que tan de centro de izquierda o derecha son quienes manejan esta distinción o se adhieren a ella, el elector deberá saber identificar la verdadera tendencia de los candidatos a partir de los hechos, sus actuaciones, sus declaraciones pasadas y recientes, que darán cuenta de su talante para gobernar el país, mejorándolo o empeorándolo. En el proceso electoral de 2022 estará en juego el modelo económico que se ha venido aplicando durante muchos años, basado en la economía de mercado, regulada por intervenciones del Estado en determinados sectores y en diferentes grados. Si bien es cierto que la economía de mercado –derivada del modelo capitalista–­ genera varios males, entre ellos la desigual distribución de la renta, causa de la  pobreza que afecta a un amplio porcentaje de la población, desmontarla podría ser un remedio peor que la enfermedad, no haciendo a los pobres más ricos, sino generalizando aún más la pobreza y limitando libertades individuales, como ha sucedido en todos los ensayos realizados en el planeta, tal y como lo expone de manera lúcida el economista Daniel Lacalle en su libro “Libertad o Igualdad”. Multitud de estudios y evidencias empíricas han demostrado que el capitalismo proporciona más riqueza y mayores oportunidades que las economías centralmente planificadas donde todas las decisiones sobre precios y asignación de recursos resultan, no por la dinámica del mercado, sino por decisiones burocráticas de funcionarios que viven entre sueños e ilusiones, ignorando las pesadillas de sus ciudadanos. Advierte Lacalle que para avanzar hacia un modelo capitalista o de economía de mercado que mejore el bienestar general de los ciudadanos se requiere de un “capitalismo social”: un modelo que valora la responsabilidad, el mérito y la recompensa, para que el libre mercado resuelva de manera más eficiente los problemas de la convivencia y la desigualdad. En un modelo de capitalismo social, en lugar de gastar miles de millones de fondos públicos para reducir la desigualdad por medio de subsidios, lo que se pretende es estimular la iniciativa privada para crear una mayor cantidad de empresas con más libertad y menos restricciones burocráticas que les permitan generar nuevos puestos de trabajo, circular la moneda y así crecer. No de otro modo –y menos por decreto o manifestaciones– se lograría reducir la pobreza generalizada; en este caso la intervención del Estado estaría más orientada a la redistribución de la renta que a la asignación de los recursos a un determinado uso. En este sentido, ninguno de los dos extremos de pensamiento económico –el liberalismo planteado por los economistas clásicos, especialmente por Adam Smith, ni la economía centralmente planificada impulsada por Karl Marx– son la solución en las actuales circunstancias socioeconómicas, mientras el pretendido centro se tambalea sin definir cómo lograr las transformaciones que pretende. Quizás merezca estudiarse a fondo la propuesta del capitalismo social, de Lacalle. Mientras tanto, lo esperable es que cada candidato exponga su proyecto económico, asumiendo sus fortalezas y debilidades, lo que pretende lograr y cómo obtener los recursos para cumplir lo prometido sin hipotecar el futuro del país. En el mundo contemporáneo para ningún país resulta conveniente sustituir la influencia del Estado en la distribución de recursos por una lógica en la que el mercado sea la única alternativa que permita el acceso de la población a los diferentes bienes y servicios requeridos para garantizar calidad de vida; pero tampoco se debe aspirar a una economía lo mas estatalizada posible, donde no haya lugar a la expresión creativa de los mercados.

Martes, Noviembre 23, 2021

Una de las grandes preocupaciones de la economía mundial en la actualidad está relacionada con los problemas de la cadena logística internacional. Entre sus principales causas se puede mencionar el reacomodo del sector naviero, que moviliza el 90% de la carga internacional, y el retroceso económico debido a la aún no superada pandemia del covid-19. Toda esta situación se refleja ahora en las filas de barcos alrededor de los puertos en todo el mundo, que esperan poder descargar sus contenedores. La escasez de transportadores para movilizar y evacuar las cargas ha colapsado las cadenas de suministro global y esto genera incumplimientos de los compromisos adquiridos en las transacciones internacionales, reduce la competitividad de las organizaciones, presiona al alza el índice de precios al productor y la inflación mundial y pone en peligro la recuperación de la economía. Parece increíble que en pleno siglo XXI, después de haber transcurrido varios años de la caída del bloque socialista, y cuando la economía de libre mercado parecía haberse impuesto como el sistema económico predominante, el mundo pase por una de sus peores crisis comerciales que, al parecer, no tiene solución a la vista. Esto ocurre justo en momentos en que la recuperación económica se aceleraba y cuando existen sistemas de comunicaciones e información que permiten hacer transacciones en tiempo real entre compradores y vendedores ubicados en cualquier parte del planeta. Un modelo de sustitución de importaciones como el propuesto por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo entre los años 1966 y 1970, que dio origen a un importante crecimiento de la industria en el país, parece irrealizable por lo menos en el corto plazo, dada la alta dependencia de los diversos sectores económicos con relación a los componentes e insumos importados. La especialización en la producción de aquellos bienes en que los países tienen ventajas comparativas, como las llamará el economista clásico David Ricardo, ha llevado a generar una alta interconexión e interdependencia de los sistemas productivos de los diferentes países, de tal manera que, por ejemplo, las industrias localizadas en las naciones del continente americano dependen del suministro de materias primas e insumos producidos en el continente asiático. Pero esto no solo es válido para el sector industrial, sino también para los sectores primarios como la actividad agropecuaria y minera. En el caso colombiano, sectores completos dependen de suministros provenientes de China para mantener sus procesos productivos; los sectores agrícolas y pecuarios dependen de suministros importados para poder abonar los cultivos o alimentar los animales, y los desequilibrios en la balanza de pagos han incrementado el precio del dólar afectando la producción y elevado los precios al consumidor final. El principal efecto que vivirán los consumidores del país será el crecimiento del índice de precios al consumidor, toda vez que los mayores costos que se generan en el suministro de insumos para la producción y la escasez de éstos harán subir los precios de los bienes finales. Esto ya se está viendo reflejado en la inflación del presente año y amenaza con un mayor índice para el año 2022. No importa que los bienes y servicios adquiridos sean producidos en el ámbito nacional o local; casi todos los productos que se consumen en el día a día contienen algún componente importado o algún tipo de relación con los mercados externos que afectan no sólo su disponibilidad, sino también su precio. Un buen ejemplo es el pan de la panadería de la esquina: seguramente su precio se verá afectado por el aumento del precio de la harina de trigo o las margarinas, causado por la alta cotización del dólar y por las dificultades logísticas que afectan el comercio internacional.

Con las elecciones presidenciales del año 2022 a la vista, y de cara al alto nivel de polarización vivido en el país en los últimos años, que se proyecta hacia los próximos comicios, es necesario que los ciudadanos tengan claridad sobre los principales factores que deben considerar a la hora de decidir a quién le darán su voto.

Como es bien sabido, en las campañas electorales se reparten bellas promesas y buenos propósitos solo para cautivar a los votantes, pero a menudo plagados de inconsistencias y carentes de fundamentos socioeconómicos. Entre las más citadas, tenemos: crear miles o hasta millones de empleos (recordemos a Samper que prometía un millón, luego Pastrana lo subía a millón y medio, y después el contendor elevaba la cifra…) como si fueran los políticos y no los empresarios los creadores de puestos de trabajo productivo. Prometen controlar los precios de los productos básicos, como si los productores estuvieran dispuestos a producir a pérdida.

Aseguran que extirparán, o al menos controlarán la corrupción. ¿Se olvidarán de los patrocinadores de su campaña? (alguna razón tuvo Julio Cesar Turbay Ayala cuando en 1978 prometió “reducir la corrupción a sus justas proporciones”). Anuncian no presentar reformas tributarias onerosas, no aumentar impuestos y controlar la inflación, al tiempo que prometen inversiones que incrementarán el gasto público. Ilusionan a los ciudadanos con miles de viviendas, educación gratuita y de alta calidad en todos los niveles, que protegerán la biodiversidad y a las minorías… Toda una sucesión de letanías promeseras. Aunque sin duda algo harán, lo importante es detectar los grados diferenciales de los candidatos en cuanto a su seriedad, sinceridad, trayectoria, objetividad, conocimiento de la complejidad del país y de las implicaciones de sus promesas, de su carácter de estadista más que de populista. Esto es lo que deben valorar los electores.

A diferencia de un siglo atrás, hoy en Colombia todo ciudadano que desee conocer la plataforma política de un candidato puede tener acceso a ella, y debe hacerlo para que su voto sea responsable, porque cada voto cuenta. Vale recordar que la primera constitución democrática federal –la de Estados Unidos de 1787– determinó que los ciudadanos no votaran directamente por un candidato presidencial, sino por electores que los representaran en pequeños distritos de los diversos estados de la Unión, porque era imposible en ese entonces escuchar a los candidatos en todos los rincones de ese vasto país.

Además de los compromisos internacionales que el mandatario electo debe respetar, quienes los entrevisten, en lugar de ser halagadores deben ser incisivos y cuestionarlos sobre los problemas y escollos que han de superar para cumplir sus –a lo peor, fementidas– promesas de campaña. ¿Qué intereses particulares o grupales serán afectados? ¿Qué presiones políticas, sectoriales y económicas enfrentarán para atender una problemática específica? ¿Cómo balancearán el presupuesto nacional con las ayudas sociales prometidas, sin reformas tributarias “al alza” y sin incrementar la deuda pública?

En fin, lo que cada ciudadano tiene que saber antes de decidir su voto es cómo y con qué recursos podrá el candidato cumplir con lo prometido, los medios para lograrlo y los efectos colaterales que pueden tener sus medicinas para solucionar los problemas de la sociedad colombiana. De carecer de una propuesta sistémica, generará males más graves que los que pretende solucionar y, como dice la sabiduría popular “el remedio resultará peor que la enfermedad”. Cada ciudadano debe entonces comprender que con su voto estará no sólo eligiendo un candidato, sino definiendo el tipo de país en el que quiere vivir él y su descendencia, lo cual no solo se puede medir en términos de favores coyunturales sino de transformaciones sociales de mediano y largo plazo.

Hace pocos años los medios de comunicación de la capital de Caldas registraron una noticia insólita e increíble por su contenido: un ciudadano manizaleño, por medio de un documento cuyas firmas estaban autenticadas en notaría ¡vendió una calle de la ciudad! Según esto las calles de Manizales que, se supone, deben ser propiedad colectiva, podían convertirse en propiedad privada y su propietario podría venderlas, como efectivamente lo hizo.

Por absurdo que esto parezca algo semejante viene ocurriendo en la ciudad, no ya por la venta del espacio público, o por lo menos no como un hecho conocido, sino por la privatización de éste para ser explotado económicamente, privándolo de su función pública disponible para todos los ciudadanos.

Lo público, por definición, es algo que pertenece a todos, que está ahí para el servicio colectivo; todos somos formalmente propietarios, pero ninguno puede apoderarse del mismo para su uso privado. Esta modalidad de “privatización” del espacio público se observa en diferentes sectores de la ciudad. Menciono algunos casos entre tantos existentes, que quizás los lectores conocerán por su experiencia personal.

En la avenida Colón hay un sector tradicionalmente conocido como “El Tierrero”, recientemente pavimentado con dineros públicos. Es una calle amplia para el tránsito vehicular por tres carriles, que se ha visto reducida a un solo carril debido a que cada negocio ubicado a lado y lado de la vía decidió apoderarse del tramo de la calle enfrente, y colocan diversos objetos como conos, cuerdas u otro tipo de obstáculos para impedir que cualquier ciudadano no autorizado por el “propietario” de ese espacio de tránsito público pueda hacer uso de éste. Solo falta –y no sería descabellado pensarlo– que con artimañas jurídicas terminen legalizando en notaría su apropiación ilegítima, y hasta lo transfieran a un tercero para que lo administre en calidad de propietario, como ocurrió en el caso antes mencionado.

También es habitual observar en diferentes sectores de la ciudad cómo las calles y los andenes se han convertido en parqueaderos privados con la misma costumbre de ubicar obstáculos que impiden su uso para el resto de los ciudadanos. De la misma forma, el espacio público ha sido usado para construir escalas de ingreso a viviendas particulares, y el limitado número de caracteres de esta columna no permite mencionarles otras situaciones más o menos graves.

Lo peor de toda esta situación es la falta de una autoridad que haga respetar las normas e impida que la propiedad colectiva se convierta en propiedad privada. Un elemento fundamental de la convivencia ciudadana es la existencia de unas reglas de juego claras, acatadas y respetadas por todos, pero estas normas deben estar respaldadas por una autoridad fuerte que las haga cumplir cuando sea necesario. De nada sirven las normas si no hay un compromiso ciudadano en acatarlas y una decidida acción del Estado para hacerlas cumplir.

Es bien sabido que en Manizales como en el resto del país, el acceso al empleo y las oportunidades laborales se limitan cada vez más, y que la apropiación del espacio público con fines de explotación económica se ha convertido en un recurso para obtener ingresos básicos o complementarios. Ya es habitual en la ciudad escuchar: “Yo le cuido el carrito”, y con una mirada oblicua sugieren: “y si no me paga, espere el rayón”.

Falta una autoridad que haga respetar las normas sobre los bienes y la seguridad públicos, e impida que la propiedad colectiva se convierta en propiedad privada. De lo contrario, se socavan las reglas fundamentales de la convivencia ciudadana, y de ahí a la anarquía y a la destrucción, hay solo dos pasitos.

Son variadas y diversas las definiciones dadas desde el mundo académico a la palabra “competitividad”. Una de las más aceptadas hace referencia a la capacidad de los bienes y servicios producidos en un territorio para competir en los mercados internacionales, considerando como bienes y servicios competitivos aquellos que: a) tienen precios que corresponden a la franja de mercado estimada, b) cuentan con calidad certificada, c) se entregan oportunamente, c) incluyen innovación como fruto del conocimiento y la investigación tecnológica, d) responden a las necesidades del consumidor, d) garantizan la confiabilidad y duración especificadas y e) ofrecen un servicio de mantenimiento y posventa. /p>

Aunque las estrategias empresariales juegan un papel fundamental al producir bienes y servicios competitivos, las condiciones del territorio donde se establecen las organizaciones son determinantes en las posibilidades de lograr competitividad en los mercados globales. Por lo tanto, los territorios se convierten en plataformas desde las cuales se es más o menos competitivo en los mercados.

El Índice de Competitividad de Ciudades publicado recientemente por el Consejo Privado de Competitividad recoge los principales factores, pilares e indicadores de lo que podría ser un territorio competitivo, donde las empresas puedan generar bienes y servicios con capacidad de competir en los mercados globalizados. Según el informe de 2021 Bogotá, Medellín, Tunja, Cali, Bucaramanga y Manizales son las seis ciudades más competitivas del país. En el caso de Manizales y Villamaría –consideradas como Área Metropolitana para la medición­– aparecen en el sexto puesto entre 32 ciudades y sus áreas metropolitanas cuando aplica el caso, igual al ocupado en la medición de 2020. Entre las tres capitales y su área metropolitana del Eje Cafetero, Manizales-Villamaría es las mejor ubicada, toda vez que Pereira-Dosquebradas se ubica en el octavo puesto y Armenia-Tebaida ocupa el siguiente.

Uno de los pilares evaluados es la educación superior y formación para el trabajo. Manizales pasó del puesto cuatro en 2020 al primer puesto en 2021; Armenia mantuvo el sexto puesto y Pereira conservó el décimo puesto en ambos años. La mejor calificación de Manizales en este pilar se debe a que lidera el subpilar de calidad de la educación superior, gracias al notable desempeño en el indicador de cobertura de instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad.

Es importante destacar el contraste con relación a la educación básica y media, en el cual Manizales ocupa el puesto 12. Es imperioso mejorarlo con el fin de que el sistema educativo completo mejore su desempeño, como elemento fundamental para elevar la competitividad global de la ciudad y aporte en la optimización del capital humano, lo cual podrá reflejarse en un mejor entorno para los negocios.

Este informe 2021 destaca la influencia de la educación superior en la competitividad de la ciudad, toda vez que los indicadores del factor Ecosistema Innovador –que indudablemente son movidos por las universidades de la ciudad– muestran un excelente desempeño: primer puesto en registro de patentes, segundo puesto en investigación per cápita y tercer puesto en investigación de alta calidad y revistas indexadas en publindex. El punto débil se observa en productividad de la investigación científica, que se ubica en el puesto 14.

Más allá de las mediciones del índice de competitividad es necesario diseñar políticas que respondan a los retos de la globalización, enfatizando el papel de gobiernos y sectores sociales como facilitadores del aprendizaje tecnológico, y de las organizaciones como centros donde se acumula la competencia tecnológica. En el mundo actual, más globalizado y competititivo, las interacciones entre el gobierno, las empresas y las instituciones generadoras de conocimiento en la ciudad deben apoyarse, máxime cuando se reconoce su potencial en el informe citado.

Los estudiosos de las tendencias demográficas y económicas  vienen hablando de la importancia de la economía plateada, entendida como la rama de la macroeconomía que estudia lo relacionado  con el  cambio demográfico generado por el envejecimiento de la población y en las necesidades y demandas de los adultos mayores. Los países de América Latina han visto este proceso de envejecimiento de la población como una situación problemática que afecta los sistemas pensionales y de salud, especialmente en las grandes ciudades. En ellas se incrementa la demanda de servicios de prevención y manejo de enfermedades crónicas, y también los servicios de cuidado del adulto mayor por la progresiva disminución de su autonomía. Si bien es cierto que esta situación lleva a una presión importante sobre los sistemas de seguridad social y de servicios, también representan una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo derivados de estas demandas. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe continúa siendo una región relativamente joven comparada con otras regiones del mundo: las personas mayores de 60 años representan el 13% de la población, un porcentaje menor que en Europa (26%) o en América del Norte (23%). Sin embargo, se observa una marcada disparidad entre países de la región; En Barbados y Uruguay la población mayor se acerca al 20% del total, y en Colombia se calcula en 10.8%, todavía por debajo del promedio latinoamericano. En  el  Eje Cafetero, según los cálculos de Manizales Cómo Vamos, en el índice de envejecimiento para el año 2019, Manizales ocupó la primera posición de ciudades en comparación con otras 22 ciudades colombianas. Armenia  y Pereira ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente en el índice. Es decir, las tres ciudades capitales del Eje Cafetero tienen los índices de envejecimiento más altos en Colombia. Con base en lo anterior, y para considerarlo más  como una oportunidad que como un problema,  será necesario que la región adopte un modelo de desarrollo que aproveche esta particular  situación demográfica y estimule procesos de innovación y emprendimiento que contribuyan a disminuir las altas tasas de desempleo en las tres capitales del Eje Cafetero y en los municipios de los tres departamentos.  Para lograrlo, se pueden tomar como referentes las oportunidades planteadas por el BID derivadas de la economía plateada, como incrementar la oferta en  los subsistemas de los servicios de salud,   en particular en el nivel primario, incluyendo la telemedicina para el manejo de las enfermedades crónicas. También será necesario preparar personal en medicina preventiva, dietas especiales, ejercicio físico, socialización, disminución sensoperceptiva, atención burocrática, y otras capacitaciones que redunden en mayor bienestar de los adultos plateados. En la actualidad la mayor parte de esas demandas son atendidas por mujeres de la misma familia, quienes tiene que apartarse de su vida laboral, e incluso intrafamiliar, para priorizar el acompañamiento y atención a sus mayores.  Tambien se deben identificar desde ahora las oportunidades financieras para nuevos servicios y productos como  en ahorro, seguros, hipotecas inversas y pensiones, que deben proceder tanto del sector público como del privado. Algunas instituciones financieras están ajustando sus canales de servicio para los mayores mediante la entrega de servicios financieros a domicilio a través de personal especializado. Otra actividad que podría verse beneficiada de la tendencia demografica es la inmobiliaria mediante la oferta para el diseño, alquiler  o venta  de viviendas asequibles y adaptadas a las necesidades de los adultos mayores. Mejor aún, destinar áreas residenciales para proyectos de construcción pensados en función de esta población, por ejemplo, cercana al transporte público, sin escaleras, de menor tamaño (para personas solas), con experiencias intergeneracionales y con posibilidad de servicios adicionales.

En las actuales circunstancias del mundo, con grandes afectaciones a los sistemas naturales y sociales como la deforestación, el cambio climático, las migraciones forzadas e intervenciones bélicas sin resolver que pueden llegar a destruir la vida como hoy se conoce, conviene revisar diferentes soluciones teóricas propuestas desde diversos campos de la ciencia, pero ignoradas por quienes toman grandes decisiones de alcance planetario.

Una de ellas se funda en el concepto del “Bien común” acuñado por Tomas de Aquino (siglo XIII) e incorporado en el análisis económico durante el siglo XX, especialmente por Christian Felber y Jean Tirol, con la denominación de “economía del bien común”, cuyos principios son la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad, la transparencia y la participación democrática, y está dirigido a proporcionar mayor felicidad a los seres humanos. En este contexto, el producto interno bruto (PIB) como indicador típico de la economía de las naciones y los estados financieros de las organizaciones es considerado insuficiente. En su lugar, la economía del bien común propone medir la riqueza de un territorio incluyendo indicadores de carácter social y ambiental como la cohesión social, la solidaridad, la participación, la calidad de la democracia, la política medioambiental, el justo reparto de los beneficios y la igualdad de género, en lo que se ha denominado el “Producto del Bien Común”. Desde el punto de vista de las organizaciones, su éxito no depende solo de la obtención de beneficios económicos y financieros para los propietarios, sino también de su benéfico impacto social y ambiental.

El modelo de la economía del bien común es cercano a las propuestas de los pioneros del cooperativismo de Rochdale (1844), movimiento que valora a las personas por encima del capital y destaca el papel de la participación directa y la cooperación como capacidades clave en el desarrollo de las organizaciones. Destaca que la cooperación ha de primar sobre la competencia en el comportamiento de las empresas, incluyendo la participación democrática como uno de los valores que se deben fortalecer. La democracia en las organizaciones del bien común se concreta en las personas empleadas y los clientes como dos de los grupos de interés fundamentales. En ambos casos, la democracia participativa se traduce en una participación activa y directa en la toma de decisiones, uno de los principios cooperativos.

Al anterior modelo ha de añadírsele hoy el valor de la sostenibilidad de las organizaciones y del entorno en el que realizan su actividad, que contempla una triple dimensión de su negocio: económica, social y ecológica o medioambiental, conocido como triple balance o, triple resultado. El enfoque del desarrollo sostenible se basa en el equilibrio de las tres dimensiones. Entre los indicadores del modelo resultante se destacan: a) la sostenibilidad de la cadena de suministro que implica el análisis de los impactos ambientales negativos de cada producto o servicio, compra de las opciones más sostenibles y porcentaje de productos o servicios que son sostenibles; b) la sostenibilidad financiera, que incluye inversiones socialmente responsables y sostenibles; c) la promoción de la sostenibilidad entre las personas empleadas que involucra medidas de promoción de la conciencia y formación ambiental, porcentaje de alimentación ecológica y uso de medios de transporte ecológicos, d) el uso y la gestión de residuos, por medio de la medición de los impactos negativos y aplicación de medidas para reducirlos y, e) medición de impactos negativos sobre la sociedad teniendo como base las necesidades que se cubren, solución a problemas sociales y ambientales y grado de satisfacción  que generan los productos o servicios. Quizás este sea el medio para enderezar los rumbos tortuosos que parecen seguir las sociedades humanas actuales.

En el mundo actual, caracterizado por un alto y creciente déficit de empleo y pobreza generalizada, agravada por los efectos de la pandemia, es perentorio pensar, diseñar y proponer posibles caminos que contribuyan a impulsar la dinámica empresarial, porque aparte de cualquier preferencia política será sin duda un factor que mejorará las cifras de empleo y pobreza en la región.

Bien se sabe que los territorios, las naciones y las ciudades, compiten cada vez con mayor intensidad para atraer inversionistas nacionales y extranjeros, acudiendo usualmente a exención de impuestos territoriales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que este no es un modelo que permita generar sostenibilidad en el largo plazo de las inversiones realizadas, que buscan beneficiarse de estas políticas. La permanencia de las firmas en el mercado y su proceso de localización son mas bien la expresión de su nivel de productividad y competitividad en los mercados de bienes y servicios, siendo las condiciones del territorio las que determinan un porcentaje alto de esa productividad y competitividad empresarial.

Un factor que puede contribuir a mejorar la productividad y competitividad de las diferentes organizaciones presentes y futuras que operen en la ciudad y el departamento es la creación de un modelo de desarrollo de proveedores que atienda la demanda de insumos que requieran las diferentes empresas activas en Manizales y Caldas y que actualmente provienen de otras latitudes. Las empresas que aumenten su producción o que sean creadas para este fin serían una buena fuente de nuevos y duraderos empleos que subsistirían más allá de las obras públicas que se promuevan en estos tiempos en el territorio. Desarrollar proveedores locales permitiría mantener la dinámica generada a través de la obra pública.

Esto requiere de la acción conjunta de los diversos actores de la economía (empresas, niveles gubernamentales, academia, gremios, entre otros). La matriz insumo-producto es una herramienta que permite identificar el origen y las demandas de bienes y servicios por parte de las organizaciones locales para determinar qué tipo de actividades se deben incentivar para atender esta demanda generando así nuevos puestos de trabajo.

Este modelo responde al concepto de “crecimiento endógeno”, el cual asume que la acumulación de capital y el cambio tecnológico e innovación son consecuencia de decisiones de inversión tomadas por agentes económicos racionales maximizadores de ganancias en un determinado contexto histórico, que como diría Adam Smith, buscando el interés particular contribuirían a generar un beneficio colectivo representado en este caso por nuevos puestos de trabajo y una mayor dinámica de la actividad económica. De esta forma, la idea central de la nueva geografía económica es que el crecimiento regional debe obedecer a una lógica de causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de las empresas conduzcan a una aglomeración o concentración espacial de la actividad económica y de los procesos productivos para que se autorrefuercen progresivamente, generando una especie de circulo virtuoso de crecimiento económico.

Resulta interesante pensar para Manizales y Caldas en un sistema de encadenamientos productivos a partir de la actual base económica y educativa, para facilitar la acumulación de las diferentes formas de capital requeridas por los procesos de desarrollo endógeno, permitiendo generar economías de la aglomeración, y así impulsar nuevos emprendimientos e innovación en los procesos productivos que contribuyan a bajar los costos de producción, disminuir los tiempos de almacenamiento de materias primas, bajar los costos financieros. y a su vez generar nuevos puestos de trabajo de alta calidad tan necesarios por estos tiempos en la ciudad y el departamento.

De cara a las elecciones de 2022 es importante comprender el modelo de desarrollo implementado en el país, que durante los últimos 50 años ha mantenido la misma tendencia, para poder evaluar las propuestas de los diferentes candidatos y determinar sus fundamentos y viabilidad. Un nuevo rumbo es necesario para superar los grandes problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el país, acrecentados por la pandemia y el reciente paro nacional.

El modelo que ha venido orientando la actividad económica y social en Colombia se ha fundamentado en los postulados del liberalismo económico que privilegia el papel protagónico del capital privado en la provisión de la mayoría de los bienes y servicios que requiere la sociedad, y que condiciona el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de la población, al tiempo que restringe el papel del Estado a la satisfacción de las necesidades básicas de seguridad, justicia y leyes.

La política económica de los últimos gobiernos ha favorecido la inversión privada. Entre las medidas implementadas se pueden destacar: disminución de los costos laborales, eliminación de restricciones financieras, fomento del ahorro, disminución de los costos del capital originados en barreras comerciales, transparencia del Estado, apoyo a la microempresa y fomento a las exportaciones principalmente de bienes básicos y extractivos. Este modelo requiere eliminar el déficit público, canalizar el ahorro privado mediante mecanismos alternativos como los fondos de pensiones. Además, busca flexibilizar y promover la competencia en los mercados de capitales, para reducir las tasas de interés y la inflación, fortaleciendo el sector financiero como punto de apoyo para el crecimiento.

En relación con los problemas de distribución del ingreso y la pobreza, el modelo ha planteado acciones básicamente en tres frentes: El primero, descentralizar funciones y transferir recursos, entregando a las regiones la responsabilidad de garantizar la cobertura en los servicios de educación, salud y saneamiento básico. El segundo busca liberar al Estado de la carga fiscal que representa la provisión de seguridad social para toda la población, por considerar que el capital privado está en capacidad de ofrecer esos servicios con mayor eficiencia y con posibilidad de generar más empleo. En tercer lugar, en el frente social se han implementado instrumentos para orientar el gasto con la intención de que los recursos públicos tengan como beneficiarios a los grupos poblacionales pobres, aportando subsidios a la demanda.

Sin embargo, en sentido es necesario recordar que ningún territorio puede lograr altos niveles de desarrollo con base en subsidios y resulta más adecuado generar oportunidades laborales y de acceso a educación. Con relación a la infraestructura, el modelo incentiva la participación de los particulares en la construcción, administración y operación de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones por medio de concesiones, esperando así eliminar las ineficiencias en esos servicios cuando son administrados por la burocracia estatal. Frente a los grandes problemas económicos y sociales que no se han logrado resolver se podría pensar que “tenemos qué cambiar el modelo”, pero esta resulta ser una frase fácil de pronunciar, pero complicada de realizar. ¿Cómo? ¿por cuál otro? ¿acaso ya existe un modelo de desarrollo económico completo y coherente que genere equidad y satisfacción en países no ricos como el nuestro? Parece que no. ¿Cómo lograr una mayor equidad en el reparto de la riqueza? Tales son las preguntas y el reto para los candidatos presidenciales, cuyas respuestas han de orientar a los votantes más allá de los discursos populistas y las propuestas simplistas, como las que tienen al borde del colapso a varios países del continente, cuyos habitantes más pobres “ya no saben para donde echar”.

El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) presenta un análisis de las tendencias de la economía latinoamericana en el año 2021 y las perspectivas para el 2022. Destaca que, aunque en el año en curso se espera un importante crecimiento económico, este no representa un cambio destacado en la dinámica de la economía respecto del proceso de estancamiento observado en los años anteriores a la pandemia. Se puede inferir entonces que los datos positivos de crecimiento obedecen más a la caída de la actividad económica en el año 2020. No obstante, los datos esperanzadores para el 2021, no se llegará al nivel que mostraba la economía en el 2019. Las cifras esperadas para la economía colombiana serán similares al promedio regional.

Para 2021 la Cepal prevé un crecimiento económico en la región del 5,2%, y se reducirá al 2.9% en el año 2022. En Colombia se anticipa un 5,4% para 2021 y un 3,8% para 2022. En este sentido es importante recordar que antes de la crisis la región estaba prácticamente estancada: el crecimiento promedio fue de solo un 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo en el período 2014-2019. Este periodo fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro, solo comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929. Esto indica que la región estaba muy mal preparada desde la perspectiva económica para enfrentar las consecuencias de la pandemia, tanto en el sistema económico como en los sistemas de salud y bienestar social.

Un elemento que contribuye a que el crecimiento no sea suficiente para recuperar y superar el nivel de la economía de 2019 es el peso del endeudamiento externo de la región con relación al PIB, que es en promedio del 56,3%, con un servicio de la deuda del 59% según datos del Fondo Monetario Internacional. Esto reduce la capacidad fiscal de los países para adoptar medidas que permitan mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y afrontar de una manera más efectiva el problema desde el sistema de salud, todo lo cual pone en riesgo la recuperación y el crecimiento futuro. La vulnerabilidad financiera de la región se ve agravada por las calificaciones de las tres principales agencias internacionales de calificación de riesgo, lo cual dificulta el acceso al crédito externo y encarece el servicio de la deuda. 21 economías de la región, de una muestra de 27, no cuentan con grado de inversión y por lo tanto sus bonos son considerados basura, como es el caso de la economía colombiana. Estas economías fueron las que experimentaron las caídas más fuertes en 2020.

Las principales secuelas de la situación económica ocasionada por la pandemia han llevado a la pérdida del empleo y la reducción de los ingresos laborales en 2020, especialmente en los estratos de menores ingresos, lo cual se vio reflejado en el crecimiento de la pobreza extrema, que alcanza el 12,5%, mientras que el índice de pobreza se ubica en el 33,7%. Por tanto, el número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría los 78 millones en latinoamérica (8 millones más que en 2019) y el número de personas en situación de pobreza llegaría a 209 millones (22 millones más que el año anterior). En este contexto, habrá aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso, con un incremento del 2,9% en el Índice de Gini (concentración de la pobreza). Para el caso colombiano esta tendencia ya venía creciendo en los últimos 5 años, como explicamos en una columna anterior.

A simple vista reducir la jornada de trabajo puede parecer deseable desde la perspectiva de quienes cuentan con un empleo formal, por cuanto dispondrán de más tiempo para disfrutar de actividades recreacionales y familiares que mejorarán la calidad de vida, o para generar oportunidades de nuevos ingresos. Además, también se puede considerar que en diferentes países del mundo con distinto grado de desarrollo se tienen jornadas laborales mas bajas. Sin embargo es importante considerar cuáles son las condiciones propias de la economía colombiana, pues actualmente no están claras las repercusiones de esta medida. Uno de los aspectos a analizar es el del incremento en los costos laborales sin que necesariamente signifique un mayor ingreso para los trabajadores. En consecuencia no incrementará de manera directa la capacidad de consumo de los hogares que aumentaría la demanda agregada, logrando una mayor dinámica económica que pudiera generar un circulo virtuoso de mayor actividad para las empresas, que permitiría compensar los mayores costos generados sin afectar sus estados de resultados. En el corto plazo la disminución de seis horas en la jornada laboral representa un incremento en los costos laborales del 12.5%. Seguramente disminuirá el nivel de   competitividad de algunas empresas y la única forma de recuperarlo sería por medio de reconversión tecnológica,  poco factible para las microempresas colombianas (con menos de 10 trabajadores), las cuales  generan el 66.45% del empleo total. También puede tener un efecto negativo en la formalización del empleo, en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la capacidad de las empresas, especialmente las micro, para competir en una economía globalizada. Muchos pequeños negocios optarán por contratar trabajadores sin el cumplimiento de toda la normatividad laboral o incluso verse en peligro de cerrar. Un 12.5% puede estar por encima del margen de utilidad de muchos negocios que operan cerca al punto de equilibrio, por lo que esta medida los impactará de manera directa. Más allá del incremento en los costos para las empresas que se generará con una jornada laboral de 42 horas es importante analizar el verdadero beneficio para los trabajadores colombianos. Según el Dane, para mayo de 2021 en el país había 20.578.000 personas ocupadas; de ellas 9.231.000 –que representan el 44.85% de los ocupados– trabajan por cuenta propia y seguramente no tendrán el beneficio de la disminución de la jornada laboral. Además, el mismo reporte del Dane  señala que 56.2% de las personas ocupadas –11.564.836– trabajan más de 40 horas y teóricamente éstas podrían ser las verdaderamente beneficiadas. Sin embargo entre estos ocupados se puede encontrar un buen número de trabajadores por cuenta propia que no tendrían el beneficio; además,  el 27.5% –5.658.950 personas– trabaja entre 20 y 40 horas y el 16.4% –3.374.792– trabaja menos de 20 horas, es decir que estas 9.033.742 personas no tendrían ningún beneficio. Si a esto se le suma 3.792.000 desocupados que tampoco se verían beneficiados con la medida se concluye que 12.408.534 personas no tendrán el beneficio de la disminución de la jornada laboral. Además hay un número importante de empleados que ya tienen jornadas de 40 horas semanales, especialmente en grandes empresas, y en consecuencia se disminuye el total de trabajadores que efectivamente serán beneficiados por esta ley. Aunque la ley no tiene vigencia inmediata y su aplicación plena será a partir del año 2026, tendrá un efecto importante sobre la generación de empleos formales en un país como Colombia, en el que la población económicamente activa suma 40.292.000 personas de las cuales 19.825.000, que representan el 49.5%, son inactivas o desempleadas. Cabe recordar que el país ha mantenido un alto nivel de desocupación con una tasa global de participación relativamente baja, un alto nivel de informalidad y la principal preocupación debería ser generar nuevos empleos de calidad.

Con un escenario macroeconómico caracterizado por el decrecimiento económico mundial, disminución de los precios del petróleo en los mercados internacionales, una menor demanda en los mercados mundiales por las materias primas que exporta el país y una alta incertidumbre global, el gobierno nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), proyectando la política fiscal al período 2022-2032, estableciendo algunos elementos que soportarán la próxima propuesta de reforma tributaria -o Proyecto de Ley de Inversión Social- como una pieza fundamental para implementar esta estrategia, tanto en las iniciativas expansivas de corto plazo, como en las que se pondrán en marcha en el mediano plazo para asegurar la sostenibilidad fiscal. En el mediano plazo, esta iniciativa contendría cambios en los ingresos y gastos fiscales, una financiación de la cuenta corriente principalmente por flujos de Inversión Extranjera Directa, (IED) lo cual parece poco probable considerando la pérdida del grado de inversión según una de las principales calificadoras de riesgo internacionales, aunque también es importante destacar que las otras dos calificadoras aún mantienen el grado de inversión calificado al país. En este sentido, el Gobierno cree que el crecimiento económico sostenido y la confianza inversionista perfilarían la IED como la principal fuente de financiamiento externa durante la siguiente década.

Se plantea realizar un ajuste fiscal en dos etapas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. La primera etapa estará contemplada en el proyecto de reforma tributaria que permitirá incrementar los ingresos, la cual recaerían fundamentalmente sobre el sector empresarial y las personas naturales con mayores ingresos. La segunda busca reducir el gasto público y hacerlo compatible con los ingresos disponibles para financiarlo. Lo anterior es consistente con el objetivo de lograr una transición gradual desde una postura de política expansionista en el corto plazo, a una posición fiscal consolidada en el mediano plazo. Otra fuente de financiamiento sería incrementar el recaudo tributario derivado del proceso de modernización de la DIAN; esto refleja los frutos, principalmente, de la implementación de la factura electrónica desde 2020, y de iniciar el programa de modernización de la entidad. Con lo anterior se espera que a partir de 2021 se incrementen los recaudos derivados de estas políticas. Este efecto será marginalmente creciente hasta 2023, en la medida en que estas políticas fortalezcan gradualmente la capacidad de fiscalización de la administración tributaria y se logren reducciones permanentes en la evasión.

La materialización de la senda decreciente de gasto tiene un rol fundamental en la necesaria reducción del déficit fiscal, de tal manera que se estabilice y reduzca la deuda pública. Sin embargo, por los menos en lo que resta de 2021 y todo 2022 esto se podría ver limitado si no se alcanza el ritmo de recuperación de la economía esperado; la implementación de las acciones de política consistentes con la reducción del gasto público es necesaria para consolidar las finanzas públicas, dado el nivel de ingresos fiscales que se proyecta. De lo contrario, la solvencia del Estado se podría ver comprometida, pues no se podría asegurar la estabilidad de la deuda pública en el mediano plazo. Por el otro lado, si fuera necesario implementar una senda de gasto público superior a la contemplada, se estaría generando un mayor déficit fiscal que pondría en dificultades las finanzas públicas y restaría al gobierno capacidad para reaccionar frente a choques adversos.

En general, se observa que el Marco Fiscal de Mediano Plazo planteado por el Gobierno Nacional contempla los criterios expresados en esta columna meses atrás cuando se empezó a hablar de la reforma tributaria: incremento en los ingresos del gobierno especialmente por la contribución de los sectores de mayores ingresos, mejoramiento del recaudo tributario evitando la evasión y disminución del gasto público sin afectar la política social.

Libertad y orden es la leyenda que aparece en el escudo colombiano. Además, en varios artículos de la Constitución Política se menciona la palabra libertad. Uno de ellos plantea: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley….” Y de la misma forma, en el preámbulo se reconoce la libertad como uno de los elementos fundamentales del marco jurídico que rige la nación. Sin embargo, pareciera que la forma de interpretar la libertad establecida solo contempla el derecho propio, más no los derechos de los demás, lo que ha llevado a que reclamar derechos implique violar los derechos de otros ciudadanos. Como quiera que la libertad es el derecho más reclamado pero también el más violado, es importante comprender a qué se refiere. Una de las formas de interpretarlo es la planteada por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, quien concibe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de los individuos. Este enfoque considera la expansión de las libertades como el fin primordial y el medio principal del desarrollo: el papel constitutivo de la libertad está relacionado con su importancia para el enriquecimiento de la vida humana. Considera que las libertades instrumentales son fundamentales y base para expandir la libertad general de los seres humanos, que le permitan a cada uno vivir la vida que quiere vivir. En general, se consideran cinco tipos de libertades instrumentales. Primero: las libertades políticas, que se refieren a las oportunidades de los individuos para decidir quién los debe gobernar y con qué principios. Estas libertades políticas incluyen la posibilidad de investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión y la existencia de una prensa sin censura. Segundo: los servicios económicos, que tienen que ver con la libertad de acceso de los individuos a los recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios. Como quiera que los derechos económicos que tiene una persona dependen de los recursos que posea o a los que tenga acceso, a medida que se eleva la renta de un país ésta debería traducirse en el incremento de los derechos económicos de la población. Pero no basta con el crecimiento de la renta; para que la población pueda incrementar su libertad económica es necesario que existan mecanismos que permitan una adecuada distribución de los beneficios del crecimiento de la renta nacional. Esto debe verse reflejado en oportunidades para toda la población y por esto la política fiscal debería estar orientada a democratizar las oportunidades de acceso a los bienes económicos disponible en el país. Tercero: las oportunidades sociales relacionadas con la existencia de unos sistemas de educación y sanidad que implican la libertad de los individuos para vivir mejor. Estos servicios son fundamentales para llevar una vida sana, lo que les permite participar de las actividades económicas y políticas. En el mundo contemporáneo esta libertad se ha visto seriamente afectada por la presencia de la pandemia. Sin embargo, es evidente que el grado de afectación en los diferentes territorios ha estado marcado por el acceso a los servicios económicos de las diferentes naciones, evidenciando una clara interconexión entre la libertad económica y las oportunidades sociales. Cuarto: las garantías de transparencia permiten la divulgación de información necesaria, que le facilita a los individuos interrelacionarse libremente con base en la confianza; también contribuye a la realización de todo tipo de intercambios, y a la participación en la vida política del territorio. En la actualidad, a pesar de los grandes desarrollos en los sistemas de comunicación, es evidente la falta de calidad de la información disponible en la sociedad, lo cual afecta de manera negativa la libertad para interrelacionarse. Quinto: la seguridad protectora, necesaria para proporcionar una red de protección social frente a las vulnerabilidades generadas por los cambios materiales que puedan afectar de manera negativa la vida de la población. La seguridad protectora debe impedir que la población afectada caiga en la mayor de las miserias. Esta libertad material también ha sido severamente afectada en el último año y ha puesto a prueba la capacidad de los Estados para ofrecer seguridad protectora a su población.

Las agencias de calificación son organizaciones encargadas de evaluar la situación económica para determinar la capacidad o intención de pago de un deudor, lo que permite establecer la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de un país o de las empresas ubicadas en su territorio. Las de mayor reconocimiento mundial y más consultadas por los mercados financieros internacionales son Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P).

Esta última le retiró el grado de inversión a Colombia la semana pasada y es posible que las otras dos sigan el mismo camino, dada la actual coyuntura económica y social. Para mayor claridad sobre lo que esto significa es necesario conocer la escala de evaluación, que inicia en AAA, y es otorgada a los países que por su elevada solvencia no representan riesgo para los inversionistas. En la medida que se perciban algunas situaciones que puedan incrementar el riesgo, la escala empieza a bajar así: AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB y BBB-. Hasta ese punto los países tienen grado de inversión y esta última (BBB-) fue la calificación de Colombia hasta la semana pasada. La escala sigue bajando: BB+, BB y así sucesivamente. A partir de BB+ sus bonos se consideran basura por su baja calidad crediticia o mayor probabilidad de riesgo de impago se denominan también “high yield” (o de alto rendimiento) porque los países emisores con estas calificaciones deben ofrecer un tipo de interés más elevado, generalmente por encima de la media del mercado, para poder conseguir financiamiento en los mercados internacionales de dinero.

Decíamos que Colombia la semana pasada pasó de BBB- al poco honroso BB+, primer grado en la escala de bonos basura lo que implica baja calidad crediticia. Esto significa que el alto rendimiento que deben obtener los inversionistas será asumido por el p

En el reciente informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre pobreza monetaria en Colombia aparece un elemento que pasó inadvertido, pero que resulta de innegable importancia para orientar las políticas sociales y económicas. Se trata del coeficiente de Gini, uno de los indicadores sintéticos más significativos para describir la desigualdad en la distribución del ingreso y el consumo en un país. La medida se expresa entre el 0 y el 1, números teóricos de la distribución de la riqueza: el cero indicaría el paradisíaco caso donde el ingreso de una nación se distribuyera en perfecta igualdad, y el uno la situación donde una persona obtuviera todos los ingresos y los demás ninguno. Poco importa que sea  una sociedad capitalista o socialista, rica o sea pobre; lo que mide es cuán equitativa o inequitativamente está distribuida su riqueza Para entender las cifras conviene comparar varios países. Por ejemplo, en 1918 y entre 157 países analizados, el más igualitario fue Islandia (0,246), el menos Sudáfrica (0,630), el  32 la Unión Europea ( 0,308), en el medio  -78- Georgia (0,365) y  Colombia ocupó el lejano  157 escaño con el 0,508. Según los datos del Dane, el año anterior (2020) la situación empeoró: Colombia  alcanzó un Gini de  0,544, lo cual significa que estamos en una economía con un alto nivel de concentración del ingreso. Pero tal vez lo más importante es observar como se ha venido comportando el coeficiente en los últimos años en Colombia: entre 2012 y 2014 mostró cierta estabilidad, al estar en 0,539 y 0,538, y luego descendió –mejoró- al 0,508 en 2017, indicando que en ese periodo los colombianos más pobres fueron un poquito menos pobres y los más ricos un tris menos ricos. Esta sería la tendencia deseable en una economía como la colombiana caracterizada por una alta concentración de la riqueza. En desigualdad, el año anterior la peor ubicación la conservó Sudáfrica y Colombia ocupó el poco honroso décimo lugar (0,54) ¡flanqueado por Honduras y el Congo! Esta tendencia creciente se verá acentuada con los impactos de la pandemia, toda vez que los efectos han sido más graves en los sectores de menores ingresos. Aparte de la disminución en la calidad de vida, la desigualdad en la distribución de la riqueza incrementa las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios básicos, como la educación y la salud, y reduce el crecimiento de capital humano, uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico en la actual  economía del conocimiento. Los gobiernos pueden reducir la desigualdad en la renta mediante una política fiscal progresiva, luchando contra el acopio de beneficios por parte de grupos de poder, de presión, de acumulación,  y redistribuyendo el ingreso a través de la generación de oportunidades. Sin embargo, las reformas tributarias de los últimos 38 años en Colombia ha conducido a  una política fiscal que ha favorecido la concentración del ingreso, al centrarse en el recaudo en impuestos regresivos como el IVA, gravar las rentas del trabajo, y generar transferencias por medio de subsidios. Sería mucho más benéfico para el país mejorar las oportunidades de acceso a la educación y formación de alta calidad en todos los niveles e incentivar la formalización del empleo y la creación de empresas productivas, entre otras medidas de política económica y social que nos alejen progresivamente de ese reciente décimo lugar.

Martes, Abril 27, 2021

Si se cuentan las reformas tributarias en Colombia desde 1983, se puede afirmar que el país sufre de inseguridad jurídica en materia tributaria. En 38 años se han hecho 18 reformas, además de los ajustes que por la vía de decretos se han realizado al Estatuto Tributario. Si bien las distintas modificaciones han logrado aumentos en los ingresos del gobierno que permiten aliviar el déficit fiscal, ese logro es apenas transitorio, toda vez que también se presenta un aumento de tipo estructural e inflexible a la baja en el gasto público. Así las cosas, la pretensión de mantener equilibradas las finanzas públicas no se cumple, porque los ingresos tributarios dejan de crecer y el gobierno se ve obligado a llevar a cabo una nueva reforma tributaria cada dos años, en promedio. Esta inseguridad jurídica afecta especialmente a las rentas provenientes del trabajo. Esto último resulta evidente si se observan las principales modificaciones efectuadas, encontrando lugares comunes en el proceso, como que se ha venido cargando el peso de sostener al Estado a un mismo sector de la sociedad. El incremento de la tarifa del IVA y la ampliación de su base ha sido un proceso recurrente: en 1990 se pasó de una tarifa del 10% al 12% y desde entonces se han venido presentando incrementos en todos los proyectos hasta llegar a la tasa del 19% vigente hoy. Agotado el mecanismo de subir la tarifa se pasa a la ampliación de la base por medio de la inclusión de nuevos productos. Desde la reforma de 2019 se empezó a aplicar un mecanismo para mitigar la inconformidad social por el incremento en la base de productos incluidos, la promesa de devolución del IVA pagado por sectores de menores ingresos. Seguramente esta figura seguirá presente en las próximas reformas tributarias que se darán en pocos años, ya que la que se ha presentado en 2021 está lejos de resolver de una manera definitiva el problema fiscal del país. Otro tributo, creado por decreto durante la década de los noventa haciendo uso de la figura de la emergencia económica, es el impuesto a las transacciones financieras, que inició como un impuesto temporal en dos por mil, pero ya está en el cuatro por mil y a pesar de que se considera un tributo anti-técnico parece que no será posible eliminarlo en el mediano plazo. Ya con la Ley 1607 o Reforma Tributaria de 2014 se había planteado su desmonte gradual a partir de 2019, pero sigue vigente y no será fácil su eliminación. Otro tema recurrente es la ampliación de la base de declarantes y contribuyentes, que se logra bajando el monto mínimo de ingresos a partir del cual las personas naturales están obligadas a declarar y pagar impuestos de renta. En 2009 el ingreso medio gravable del decil más bajo era de $6.660.816 mensuales, en 2014 era de $3.268.750 y en el proyecto de reforma de 2021 se pretende llevar la base mínima gravable a $2.500.000 mensuales. Esta tendencia no parece conveniente, porque no favorece la equidad, en lugar de incrementar la tarifa a los niveles de ingresos superiores se amplía la base en los ingresos inferiores, lo cual es muy grave en un país como Colombia donde se observa un alto índice de desigualdad. Esto también ratifica una costumbre en los procesos de reforma tributaria, que es gravar las rentas provenientes del trabajo de las personas naturales, sin afectar, por ejemplo, de manera significativa las rentas de capital que las personas naturales obtienen, segmento donde se concentran los más altos ingresos de estos contribuyentes. De esta manera las personas que poseen más riqueza e ingresos no son las que contribuyen en mayor porcentaje al recaudo fiscal. Hay otros caminos que podrían contribuir a mejorar las finanzas públicas, pero ningún gobierno se ha comprometido con ellos. Se pueden mencionar algunos: control a la corrupción, control a la evasión, recuperación de cartera morosa en diferentes entidades estatales y reducción del gasto público en ciertos sectores que hacen pocos aportes al bienestar de la sociedad, entre otros. Entre tanto, seguimos avocados a la inestabilidad tributaria en Colombia.

Desde la perspectiva teórica de la administración de riesgos e incertidumbre, la adopción de estrategias inicia con algún tipo de análisis de la situación, es decir determinar cuales son las circunstancias actuales que afectan los resultados. La identificación de los niveles de incertidumbre ayuda a definir lo que cabe esperar a la hora de describir cada uno de los posibles futuros. El riesgo y la incertidumbre siempre han estado presentes en los procesos que involucran a los seres humanos y esto ha llevado a desarrollar diferentes herramientas para reducirlos. En este sentido se han planteado cuatro niveles de análisis dependiendo del grado de complejidad de las diversas situaciones. El primer nivel muestra un futuro suficientemente claro, en el cual por medio del análisis de la información disponible se puede determinar una previsión delimitada para apuntar hacia un grupo de objetivos estratégicos determinados. El segundo nivel habla de futuros alternativos: el proceso de toma de decisiones permite prever escenarios específicos y si bien no se puede identificar a que resultado se va a llegar, sí se pueden establecer resultados predecibles con altos porcentajes de probabilidades de ocurrencia, con menor nivel de riesgo e incertidumbre. El nivel tres permite identificar un abanico de posibles futuros definidos por un número limitado de variables esenciales: el resultado real puede situarse en cualquiera de los puntos comprendidos dentro de los límites de ese abanico, pero no se pueden identificar escenarios específicos naturales. El nivel cuatro se conoce como auténtica ambigüedad: múltiples dimensiones de incertidumbre en interacción crean un entorno altamente complejo y volátil, prácticamente imposible de prever, siendo muy difícil identificar resultados posibles. En este cuarto nivel ni siquiera es factible determinar y mucho menos prever todas las variables pertinentes que van a incidir en la definición del futuro. El mundo actual se caracteriza por altos niveles de volatilidad, ambigüedad, incertidumbre y complejidad, incrementados por la pandemia, que desde la perspectiva social, económica y política se han sentido con mucha mayor fuerza en los países de América Latina y el Caribe. El contexto latinoamericano se puede caracterizar como un escenario de nivel cuatro o de autentica ambigüedad, en el que se presentan múltiples dimensiones de incertidumbre.  Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se observan cinco canales externos a través de los cuales el covid-19 afecta a la región: el primero la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; segundo, la caída de los precios de los productos primarios; tercero, la interrupción de las cadenas globales de valor; cuarto la menor demanda de servicios de turismo, y quinto la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Estos elementos señalados por la Cepal incrementan el nivel de riesgo e incertidumbre en los procesos económicos, sociales y políticos de los diversos territorios latinoamericanos. La alta dependencia de la exportación de materias primas básicas, fundamentalmente resultado de la actividad extractiva, sin incorporación de valor agregado afecta los niveles de ingreso, especialmente como consecuencia de la disminución de la actividad económica de los principales compradores de estas materias primas en el ámbito mundial, generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda con el efecto en la caída de los precios en los mercados internacionales, lo cual lleva a un deterioro de las condiciones de intercambio y una disminución de los ingresos de los países, agravada por restricciones en el mercado mundial de dinero. Toda vez que, como consecuencia de las condiciones de ambigüedad e incertidumbre generadas por la situación mundial, se ha incrementado la aversión al riesgo de los mercados financieros mundiales, hay una disminución de la oferta de crédito en los mercados internacionales, con el consecuente incremento en las tasas de interés, en momentos en que los países de menores ingresos y menor capacidad de ahorro interno requieren de financiamiento externo para atender las demandas originadas por la pandemia. En este orden de ideas, los futuros probables de América Latina presentan un alto nivel de riesgo e incertidumbre, lo que dificulta cualquier proceso de planificación en el mediano y largo plazo.

Martes, Marzo 30, 2021

El pasado 23 de marzo el Concejo de Manizales se ocupó de analizar la influencia de la educación superior en la reactivación económica de la ciudad, en una sesión que convocó a diferentes actores del sistema educativo. Más allá de las conclusiones y decisiones que de este evento se pudieran derivar, resulta interesante destacar que la corporación se haya dado un espacio para debatir alrededor de la contribución de este sector a la economía. Con cifras contundentes sobre el aporte al Producto Interno Bruto de Manizales y Caldas se demostró que la educación tiene un peso importante en el mejoramiento de diferentes indicadores de la economía. Sin embargo, tal vez no sea ese el aporte más destacable que la educación le hace al mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio: como lo planteó el premio nobel de economía Gary Becker, la educación es un factor que puede explicar el crecimiento económico en forma de productividad, dando de este modo una nueva interpretación de los factores no observables en la economía y no dependientes exclusivamente de la cantidad sino también de la calidad y el aprovechamiento que de ellos haga la sociedad. De esta manera se puede plantear que la educación es un sector necesario no solo como sector de la economía que contribuye a promover la prosperidad económica, sino también como factor determinante de las características de una sociedad. El acceso a la educación se convierte en un factor fundamental de movilidad económica y social en cualquier ámbito. Diversos estudios han demostrado una estrecha relación entre el acceso y la calidad de la educación y el progreso de las naciones y por lo tanto resulta urgente que la sociedad se tome en serio las afectaciones que el sistema educativo está sufriendo en todos sus niveles como consecuencia de la ampliación de la brecha en acceso y calidad que se está observando no solo en Manizales y Caldas sino en todo el país entre los diferentes estratos socioeconómicos. En este sentido, resulta importante avanzar en el debate y las soluciones sobre las implicaciones que están teniendo las medidas de distanciamiento físico, que la pandemia ha obligado a tomar, sobre la brecha en calidad de la educación como consecuencia de las diferencias de acceso a los equipos de cómputo y la conectividad entre diferentes grupos poblacionales, que afecta especialmente un sector considerable de niños y jóvenes. Las consecuencias de esta situación no son observables en el corto plazo, pero se sentirán en el mediano y largo plazo cuando quienes hoy están siendo excluidos de una educación de calidad se integren a la fuerza laboral del territorio y no cuenten con el conocimiento necesario para insertarse en una economía que cada día demanda en mayor medida el aprovechamiento de los conocimientos, habilidades y destrezas en lo individual y colectivo. Como lo plantea Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional de Colombia, “….en gran medida somos lo que nuestro pasado educativo nos ha permitido ser, y vemos esperanzados un futuro, basado en gran medida en la forma como vayamos a educar a nuestros jóvenes…”, en consecuencia seguramente Manizales, Caldas y Colombia serán lo que en el presente educativo se le está entregando a la juventud, y de acuerdo con lo que está sucediendo con la educación, se está avanzando en la construcción de una sociedad más desigual y por tanto menos viable. Es urgente avanzar en el cierre de esta brecha que se ha ampliado con los acontecimientos del último año.

Martes, Marzo 16, 2021

Los diversos indicadores que miden el comportamiento de la economía, tanto en el ámbito nacional como en el local, dan cuenta de un comportamiento negativo que un año después de iniciada la pandemia no da signos de recuperación. Esto a pesar de haberse iniciado el proceso de vacunación y de existir cierta claridad con relación a que la ciencia ha encontrado una salida, que sin embargo no parece haber causado el esperado efecto psicológico en los mercados para producir una reacción importante en la actividad económica que permita revertir la tendencia decreciente de los diferentes indicadores. Esto puede tener, entre otras causas, que aún no se han superado las circunstancias que provocaron un comportamiento decreciente del ciclo económico, que ya se observaban en el contexto nacional e internacional antes de la pandemia; por lo cual no solo se trata de los efectos de la situación de salud, sino también de la acumulación de factores internos y externos con importante incidencia en la actividad económica, que se observaron durante el año 2019 y que se acentuaron con las medidas restrictivas de la actividad general de principios de 2020. No obstante que las preferencias de política económica prevalecientes en el mundo a partir de los años 80 del siglo XX hasta la actualidad han recomendado la reducción del tamaño del Estado, el fomento de la libertad económica, la no intervención del Estado en la economía y por lo tanto la privatización de las empresas estatales –cartilla que los países latinoamericanos en su mayoría siguieron con entusiasmo– dadas las actuales circunstancias se hace necesario recurrir a la historia económica del mundo y a la teoría keynesiana, que parecía desgastada pero que en estos momentos de dificultad recobra su importancia. En este sentido, resulta pertinente recordar que el economista inglés John Maynard Keynes recomendó como salida a la gran crisis económica de la segunda década del siglo XX una intervención del Estado por medio del gasto público para estimular la demanda agregada y por esta vía incrementar la producción, la inversión y el empleo. Sin embargo, en una economía globalizada como la actual no resulta pertinente aplicar los postulados keynesianos como se hizo a principios del siglo XX. Para que el gasto público tenga el efecto esperado, de acuerdo con el modelo keynesiano, es necesario que se cumplan algunos requisitos: en primer lugar, debe estar orientado a generar ingresos en las familias o personas con una alta propensión marginal a consumir, esto es, aquellos que por cada peso obtenido como nuevo ingreso tienen la tendencia a gastar el mismo volumen de crecimiento en el ingreso. En segundo lugar, se debe estimular el consumo de bienes y servicios producidos en el mismo territorio de tal manera que el mayor ingreso no se vaya a generar empleo en un territorio diferente, y un tercer elemento sería generar capacidades en los empresarios locales para cubrir mercados externos de tal forma que la producción que genera empleo local sea vendida en otros mercados. En este orden de ideas, para encontrar la senda de la recuperación de la economía sería necesaria la intervención tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales por medio del gasto público, especialmente en aquellos sectores intensivos en mano de obra. De esta manera se dinamiza la oferta de nuevos puestos de trabajo, lo que traería como consecuencia un incremento en el ingreso de las familias y por lo tanto un crecimiento del consumo inducido, es decir aquel que depende del nivel de ingresos de la población y que genera un circulo virtuoso por medio del cual, según la ley de Say, toda oferta crea su propia demanda. Pero como se trata de un problema complejo también se requiere de soluciones complejas en las cuales debe haber un compromiso de toda la sociedad. No es suficiente con la intervención del Estado, sino que también es necesaria la vinculación del sector privado asumiendo parte de la responsabilidad por medio de la inversión que contribuya a incrementar la demanda de mano de obra.

Se viene planteando un proyecto de reforma tributaria impulsado por Gobierno Nacional, con el cual se pretende, entre otros aspectos, lograr la sostenibilidad de la relación entre la deuda del Gobierno Central respecto del PIB manteniéndola por debajo del 70%, teniendo en cuenta que ha presentado un crecimiento de 17 puntos porcentuales durante la pandemia ubicándose en el 52%; también se busca contribuir a la formalización laboral desmontando 17 de 51 puntos que representan costos adicionales no laborales para las organizaciones que operan en el país. Entre los principales rubros que serán afectados se encuentra la renta a personas naturales, disminuyendo el nivel de ingresos de quienes estén obligados a declarar y tributar; en este sentido se espera que se aumente el porcentaje de recaudo a cargo de personas naturales que en la actualidad son responsables de alrededor del 20,1% de los ingresos, esto llevaría a poder  disminuir el recaudo proveniente de personas jurídicas que representa alrededor del 79,9% del total recaudado; además, se buscaría ampliar la base de productos por los que se debe pagar Impuesto al Valor Agregado, aprovechando la experiencia que se ha ganado en la devolución del IVA para las familias de menores ingresos. Si bien es cierto que el comportamiento fiscal del país indica que es necesario incrementar los ingresos del gobierno o reducir los gastos (poco probable); también es necesario considerar que esta situación se hizo más evidente con los costos no presupuestados para atender la pandemia; pero también es verdad que existen otras posibles fuentes de ingresos que podrían permitir mejorar considerablemente la situación fiscal del Gobierno Central y evitar una reforma tributaría en momentos de dificultad para los diferentes sectores de la economía. Uno de varios caminos que se podrían explorar está relacionado con mejorar el recaudo de los dineros por deudas que personas naturales o jurídicas tienen con entidades estatales cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que presentan más de seis meses de mora y que habiendo suscrito un acuerdo de pago lo han incumplido; esta información se encuentra en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) que periódicamente publica el Ministerio de Hacienda, a través de la Contaduría General de la Nación, que según el boletín No 34 de noviembre de 2020, elaborado con la información reportada por 1.696 entidades públicas, las cuales registran deudas morosas a favor del Estado por un valor de $117.061,4 miles de millones de pesos (MM) que corresponden a 1.133.097 morosos, de los cuales 956.6245 son personas naturales con deudas por un valor de $86.103,7 mil millones que representan el 73,6% de la deuda y 176.470 personas jurídicas con deudas por un valor de $30.957,6 mil millones de pesos, que representan el 26,4% del porcentaje total de la deuda. Del total de la deuda $94.789,6 mil millones de pesos son adeudados a entidades públicas del nivel nacional representando el 82% de la deuda total; el resto corresponde a entidades del orden territorial; siendo importante destacar que en lugar de tenerse un proceso de recuperación de las deudas, estás cada día presentan un incremento significativo teniendo en cuenta que en un período de dos años la deuda paso de $71.044,6 mil millones en 2018 a $117.061,4 mil millones en 2020, con un incremento del 64%. Mientras esto ocurre con las acreencias del gobierno para con los particulares se aspira a recaudar entre 15 y 20 billones que representan aproximadamente el 5% del PIB, mientras la cartera morosa equivale a un poco más del 10%. Lo anterior indica que si se hiciera un esfuerzo por recaudar sólo entre el 20 o 25% de la deuda con entidades públicas del orden nacional, se alcanzaría a recolectar el dinero que se pretende con la propuesta de reforma tributaria que esta en proceso  y que seguramente tendrá un efecto negativo sobre la actividad económica y sobre el ingreso disponible de las personas naturales; sin lugar a dudas el dinero saldrá de los contribuyentes, pero es diferente que se impongan nuevos tributos a que se recauden dineros que tanto las empresas como las personas ya deberían tener comprometidos toda vez que representan un pasivo en sus respectivas contabilidades.

Un tema de mucha importancia para el desarrollo de la región se está debatiendo por estos días en el Departamento de Caldas, tiene que ver con la conformación del Área Metropolitana del llamado Centro Sur, conformada por los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría; seguramente para el ciudadano desprevenido se trata de un tema que poco llama su atención porque no alcanza a visualizar de que forma afecta su cotidianidad, ni que efectos traerá sobre su vida. La Ley 1625 de abril de 2013 denominda Ley Áreas Metropolitanas en su artículo segundo señala que estas son son entidades administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación, coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. La conformación de este tipo de entidades busca el tratamiento de problemas comunes que afectan a las ciudades, tales como la disposción final de las basuras, el transporte intermunicipal, la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial y la integración del uso del suelo. Todo, con el fin de hacer más eficiente la gestión de sus municipios, desde el concepto de hechos o fenómenos de carácter metropolitano. Esta iniciativa, de origen gubernamental, tiene componentes de ordenamiento físico territorial, económico, social, urbanístico y ambiental, que le permitirán a los entes administrativos tener planes integrales de desarrollo metropolitano, ejecutar obras para la atención de emergencias y crear bancos inmobiliarios para promover programas de vivienda de interés social. En los próximos meses los habitantes del territorio conformado por los municipios de Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina y Neira podrían ser llamados a las urnas para manifestar sí están o no de acuerdo con que se constituya un ente administrativo denominado Área Metropolitana del Centro Sur de Caldas. Es de vital importancia que los ciudadanos participen de este proceso con su voto positivo, para poder darle luz verde a esta iniciativa que con seguridad traerá múltiples beneficios al territorio; seguramente no será un proceso fácil, toda vez que no contará con la actividad de los partidos políticos propia de las campañas electorales; en este caso le corresponde a los gremios, las organizaciones ciudadanas y los propios gobiernos departamental y municipales hacer la pedagogía necesaria para que los ciudadanos tengan perfecta información y salgan a las urnas para respaldar con su voto esta iniciativa.

La educación ha sido reconocida como uno de los principales factores que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la sociedad; desde la economía se acuñó el concepto de capital humano, entendido como un conjunto de habilidades y capacidades que contribuyen a incrementar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad y por lo tanto a mejorar sus condiciones de vida; el capital humano como cualquier otra forma de capital puede aumentar o disminuir, se forma por medio de diferentes influencias y fuentes, incluyendo el acceso a la salud, el desarrollo de actividades de aprendizaje organizado por medio de la educación en sus diferentes versiones, o por medio de entrenamiento organizado por las empresas, así como el conocimiento, las habilidades, las destrezas, las competencias y otros atributos combinados en diferentes formas de acuerdo con cada individuo y cada contexto de uso. De esta forma, la adquisición del conocimiento resultado del aprendizaje complejo en grados crecientes y un estado de salud que contribuya a la prolongación de la vida es el punto de partida de un proceso de acumulación de capital humano que tendrá que transformarse en la medida que el progreso tecnológico, económico y social se aceleran como esta ocurriendo en la sociedad del siglo XXI. El cambio estructural en los sectores económicos a nivel mundial por la acelerada incursión de las llamadas industrias 4.0 transforman la empleabilidad de las personas entendida como la capacidad para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales; por lo tanto, si una persona aspira a mantener o mejorar su empleabilidad se ve en la obligación de adecuar su capital humano a los ciclos tecnológicos que ocurren a lo largo de su vida, mientras más larga sea su vida, más probabilidades tendrá de vivir un mayor número de ciclos tecnológicos que le obliguen a adecuar las características de su capital humano. Si bien, la adecuación del capital humano es un proceso que implica al individuo, no es, un problema que se resuelva exclusivamente en el plano individual, sino que también corresponde a soluciones y alternativas planteadas desde el conjunto de la sociedad que debe generar las condiciones acceso a la salud y la educación que permita a los individuos adecuar sus capacidades y habilidades a los requerimientos de los ciclos tecnológicos que cada vez son más cortos; por lo tanto, demandan adecuaciones más grandes y aceleradas en el capital humano. Las actuales circunstancias de la humanidad están poniendo en peligro los procesos de acumulación de capital humano afectando no solo la salud sino también la educación; aunque las miradas de las afectaciones económicas han estado más centradas en los efectos de la pandemia sobre aquellas actividades generadoras de empleo en el corto plazo, es necesario considerar los efectos en el mediano y largo plazo de las dificultades que se observan en el sector educativo en todos los niveles, el retraso del ingreso de los niños a los jardines infantiles puede representar una amenaza importante en el desarrollo de sus capacidades de socialización y trabajo en equipo tan requerida en el mundo contemporáneo; de igual manera la amenaza de deserción de los estudiantes en los diferentes niveles del proceso educativo al igual que el aplazamiento del ingreso al sistema de una parte importante de la población objeto de procesos de formación, se ha visto acelerada como resultado de la crisis sanitaria que se vive en la actualidad, lo cual pone sobre la mesa un problema grave cuyas consecuencias se verán reflejadas en el mediano plazo. Por esto es necesario garantizar la permanencia en el sistema educativo de los niños y jóvenes en edad escolar, pero también de aquellas personas que por las demandas propias de su inserción en el mundo del trabajo tienen la necesidad de acceder a formación posgradual; han sido muchas las promesas de apoyo que se han hecho al sistema educativo que no se han concretado, lo cual esta generando deserción de los alumnos en los diferentes niveles, con consecuencias graves en la calidad de vida de la población.

El concepto de entornos VUCA, proviene del contexto militar, como quiera que se empezó a usar en los años 90 del siglo XX por los soldados norteamericanos, responde al acrónimo inglés formado por los términos Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A), tal vez sea el que mejor describe las circunstancias actuales para la toma de decisiones gubernamentales y gerenciales en todo el planeta; no solo por la aceleración de las transformaciones en los paradigmas de la denominada economía del conocimiento que ha venido cambiando las formas de vivir y trabajar a una velocidad nunca vista, proceso de transformación que ya venía generando un mundo volatil, complejo, ambigüo y con altos niveles de incertidumbre; un escenario en el que las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios que atacan su programación estratégica y sus rutinas profesionales; sino también por la presencia de lo que Nassim Taleb ha denominado los cisnes negros para referirse a aquellos acontecimientos que presentan como atributos el estar por fuera de todas las expectativas, producir un gran impacto y pese a su condición de rareza, la naturaleza humana busca explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que, erróneamente, se hace explicable y predecible. La presencia del Covid-19 puede describirse como un cisne negro, aunque ya diversos prospectivistas y productores de cine habían advertido de la posibilidad de que la humanidad fuera atacada por un virus mortal, poca trascendencia habían tenido estas advertencias, considerándolos como elementos propios de la ficción; sin embargo, una vez más la realidad ha superado la ficción; de acuerdo con el desarrollo de la actual crisis se puede decir que la humanidad a pesar de todos los avances científicos no estaba preparada para hacerle frente a esta nueva realidad, lo que incrementa la incertidumbre y la complejidad de la situación. Desde la perspectiva económica se han efectuado muchos análisis como es propio de esta ciencia, tratando de anticipar el futuro con el fin de que se tomen las decisiones que contribuyan a que los peores escenarios no sucedan; no obstante el uso de sofisticadas herramientas de proyección y predicción, todos los análisis van quedando fuera de foco al incrementarse la volatilidad de las diversas variables que sirven como referentes analíticos, lo cual aumenta la incertidumbre, haciendo más difícil los procesos de planificación de la economía y de las estrategias organizacionales. En este sentido, es necesario destacar que las proyecciones de recuperación de la economía, hoy se ven afectadas entre otros elementos, por la incertidumbre con relación al comportamiento del virus, el inicio del proceso de vacunación en los países desarrollados y en algunos latinoamericanos permitiría anticipar un 2021 que empezaría a marcar la senda de la recuperación económica; sin embargo, en aquellos países dónde se ha iniciado el proceso de vacunación, están teniendo momentos difíciles en el tema de salud humana, lo cual esta obligando a los gobiernos tomar decisiones que afectan la salud de la economía, por lo cual no resulta fácil anticipar finalmente que rumbo tomarán los indicadores económicos del presente año; de esta manera, la flexibilidad en la toma de decisiones es un elemento fundamental para el futuro económico y la perdurabilidad de las diferentes organizaciones que le dan vida al sistema económico, por lo tanto, la adaptabilidad se ha vuelto un elemento fundamental en las competencias de los seres humanos y sus organizaciones En este orden de ideas es necesario replantear el uso de las herramientas con las cuales se ha venido analizando el comportamiento de la economía cuya formulación ha permitido a sus creadores obtener importantes galardones como el premio Nobel de Economía, tales como el modelo de mercados y jerarquías de Oliver Williamsom, que respondía de una manera adecuada la pregunta del también Nobel de Economía Ronald Coase sobre la naturaleza de la firma; pero que tal vez, ya no sirven más para explicar una economía altamente globalizada que usa información digitalizada y que se mueve en un mundo de volatilidad, ambigüedad, complejidad incertidumbre.

El incremento del 3,5% en el salario mínimo legal vigente en Colombia para 2021 como es natural ha generado diversas reacciones, todas ellas con alguna razón si se analizan desde el punto de vista tenido como referente para su análisis. De un lado, se podría decir que un incremento de este porcentaje cuando la inflación del año 2020 se espera sea inferior al 2% representa un incremento pequeño en el salario real de quienes devengan el mínimo legal, este es el punto de vista de la ANDI; resulta cierto desde la perspectiva de la diferencia entre el índice de precios al consumidor y el aumento del salario, lo que es conveniente partiendo de un año en el  que el cambio en el producto interno bruto tendrá un comportamiento negativo, por lo cual esa pequeña diferencia podría contribuir a incrementar el consumo. De otro lado, se plantea que se trata de un incremento miserable de sólo $30.723 al mes aproximadamente $1.000 diarios, lo cual no va a contribuir a la recuperación de la economía, dado que no se ha entregado capacidad de consumo a un segmento de la población que presenta una alta propensión marginal a consumir, lo cual desde la perspectiva de la teoría económica debería contribuir a incrementar el consumo y por esa vía reactivar la economía y generar nuevos puestos de trabajo entrando en un círculo virtuoso de crecimiento, tal como lo propuso Keynes como solución a la crisis económica de principios del siglo pasado. En sentido contrario se señala que se trata de un incremento que puede contribuir a generar nuevos puestos de trabajo toda vez que no tiene un impacto fuerte en los costos laborales, lo cual puede permitir que las empresas puedan no solo mantener el actual nivel de empleos, sino crear nuevos puestos de trabajo, frente a esto aparecen estudios que han indicado que la demanda de mano de obra es inelástica al precio, lo que significa que por más bajo que esté el salario no crecerá la demanda de mano de obra mientras las demás variables que afectan el mercado de trabajo permanezcan constantes. Desde el punto de vista de quienes no tienen empleo tal vez el aumento del salario mínimo no tenga ningún sentido; lo mismo que para aquellos que por sus trabajos informales ni siquiera llegan al nivel definido por el decreto gubernamental; quizá un desempleado podría haber esperado que el salario no presentara un crecimiento importante para tener una mayor esperanza de acceder a un puesto de trabajo, así sea sin disfrutar del incremento anunciado. Estos y muchos otros puntos de vista pueden aparecer y cada uno desde su orilla, sin la mirada sistémica de la complejidad del mercado laboral colombiano, tendrán razón en sus cavilaciones; en este sentido, una verdad que también puede resultar parcializada es que el pequeño empresario es el que más puede sentir los efectos directos de la decisión del gobierno, toda vez que por lo general sus negocios son intensivos en mano obra, por lo cual, una variación en el salario repercute de manera directa en su competitividad, hay que recordar que en Colombia el 90% de las empresas solo generan el 30% del PIB, pero son responsables del 65% del empleo, lo que ratifica que son intensivas en mano de obra y no en capital, esto es que tienen bajos niveles de incorporación de tecnología. En una circunstancia como las que vive el país lo que resulta urgente es proteger el empleo, con estos datos se puede hacer un mejor análisis sobre qué tan conveniente o inconveniente resulta la decisión gubernamental. A lo mejor la gran discusión y decisión de política económica en el país ni siquiera debería ser el salario mínimo, tal vez, podría resultar más conveniente discutir y decidir sobre cambios más profundos, tales como: la inversión en ciencia tecnología e innovación que permita complejizar el aparato productivo nacional y generar empleos de calidad,  reforma agraria estructural, educación pública, reformas estructurales a la administración de justicia, erradicar la corrupción, un mejor sistema de salud, un sistema tributario que no sobrecargue los niveles de ingresos medios y sobre todo que la acción del estado llegue a todos los territorios del país.

Martes, Diciembre 1, 2020

Al aproximarse el cierre de uno de los años más díficiles para la humanidad en el pasado reciente se hacen todo tipo de balances, para el caso de la economía de un país el principal indicador de su comportamiento es el Producto Interno Bruto (PIB), indica el comportamiento de la producción al interior de las fronteras, resultado de la actividad de los diferentes sectores económicos independiente de si los propietarios de las organizaciones que generan la producción son nacionales o extranjeros, por esto los analistas, los empresarios el gobierno y en general todos los interesados en el comportamiento de la economía están pendientes de su evolución y de las proyecciones de la autoridad económica y de los analistas sobre su crecimiento para cada periodo de análisis; en este sentido, para el año 2020 se hacen estimaciones de un crecimiento negativo del PIB en un rango entre el -5,5% y  -8,5%.

Estos indicadores son el resultado del impacto económico negativo de las medidas de confinamiento para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia (covid-19), a lo cual se ha sumado la caída en los precios del petróleo que significa una disminución de los ingresos de divisas al país y al mismo tiempo genera una devaluación del peso frente al dólar estimulando las importaciones y desestimulando las exportaciones.  Las consecuencias se sintieron en el mercado laboral con una caída de 2,4 millones de ocupados, entre empleos formales e informales, equivalente al 11% de los ocupados, con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que la tasa de desempleo se elevó al 16,8%.

 El PIB del segundo trimestre de 2020 decreció un 15,7% en términos anuales, contracción que refleja el impacto de las medidas de contención de la pandemia expresado en el desplome de la producción y la demanda agregada. El desempeño de las distintas ramas se vio en mayor o menor medida afectado, según la posibilidad de realizar actividades remotas o la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación para adaptarse. Los sectores con mayor contracción fueron el comercio, la industria y la construcción, con caídas de entre un 25% y un 35%. Solamente las actividades inmobiliarias y financieras crecieron de forma modesta.

En el tercer trimestre de 2020, el PIB presentó una disminución del 9,0% respecto al mismo período de 2019, lo que indica una tendencia a la recuperación con relación al comportamiento del segundo trimestre del año, gracias a la reapertura de algunos sectores. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 8,7%, en su serie corregida de efecto estacional. Según los datos publicados por el DANE, el crecimiento observado en el Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2020 con respecto al segundo trimestre del mismo año se explica principalmente por la dinámica de sectores como las industrias manufactureras que crecieron 23,4%; el comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 22,3%; las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores creció 12,3%.

Para el año 2021 se espera que la economía colombiana inicie una senda de recuperación, se tiene la expectativa de un crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango entre el tres y el cinco punto cinco por ciento, lo cual podría llevar la economía a un nivel igual al que tenía al cierre del año 2019; la recuperación del empleo estará determinada por los sectores que estén dinamizando la actividad económica; de esta forma, se requiere por parte del gobierno la adopción de políticas de choque que contribuyan a incrementar la generación de nuevos puestos de trabajo y de esta manera el desempleo y el consiguiente bajo poder adquisitivo de las familias no se conviertan en un obstáculo al crecimiento económico.

Martes, 17 de noviembre, 2020

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contenido en el documento “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe” desde marzo del 2020, la evolución de los mercados laborales de América Latina y el Caribe ha estado asociada a la crisis sanitaria. Los mayores efectos sobre el mercado laboral se sintieron en el segundo trimestre del año, en el que se perdieron en la región aproximadamente 47 millones de empleos con respecto al mismo periodo del 2019.

Un número alto de las personas que perdieron su trabajo no han logrado un rápido reintegro laboral y en algunos casos han decidido retirarse de la fuerza laboral debido a las restricciones a la movilidad o por la dificultad para encontrar un nuevo puesto de trabajo, lo cual ha contribuido a bajar la tasa global de participación hecho que no permite una medida más clara de los verdaderos efectos de la pandemia sobre el nivel de desempleo en los diferentes países de la región.

Además de esta importante caída del empleo, muchas de las personas que conservaron su trabajo han sufrido una merma de sus ingresos, debido tanto a acuerdos con el empleador, como a la reducción de las horas trabajadas. Este choque sin precedentes ha hecho que, a través de diferentes canales, caigan considerablemente los recursos disponibles de los hogares, lo que no solo ha deteriorado su calidad de vida, sino que en muchos casos ha llevado a un mayor endeudamiento, y ralentizará la reactivación económica a causa de la debilidad de la demanda de consumo.

Otro fenómeno que se incrementó es el de los denominados ocupados ausentes de su puesto de trabajo; se consideran como tales a las personas que no han trabajado en el período de referencia, pero mantienen un vínculo laboral con su empleador y tienen una expectativa justificada de volver al mismo puesto de trabajo. En general, la mayor parte de las personas contabilizadas de esta manera se encuentra de vacaciones o tiene una licencia. En el contexto de la crisis sanitaria, muchas empresas tuvieron que cesar sus actividades por las medidas de contención de la covid-19, por lo que sus empleados no pudieron laborar, aunque no hayan sido despedidos y tienen la expectativa de volver a su puesto de trabajo. De igual manera, los datos disponibles indican que la pérdida de empleo en la región fue generalmente mayor para las personas con menores niveles de educación formal que para las personas con estudios superiores, caso similar se ha podido observar en Manizales.

La situación presentada afecta de una manera importante las posibilidades de recuperación económica de la región debido al efecto que tiene sobre la demanda de bienes y servicios como consecuencia de la caída de los ingresos familiares, lo cual hace necesaria una intervención de los gobiernos desarrollando proyectos que incrementen la demanda de mano de obra. De otro lado, es un hecho que puede afectar las expectativas de incremento del salario mínimo que se debe definir en algunos países como Colombia para el siguiente año.

Martes, 3 de noviembre, 2020

La negociación del salario mínimo, un tema que tradicionalmente inicia en esta época del año, ocupa un lugar importante en la agenda del Gobierno nacional, las centrales obreras y los empresarios. En las actuales circunstancias de la economía nacional e internacional reviste una mayor importancia por las implicaciones que puede tener en el proceso de recuperación de los diferentes indicadores económicos esperada para 2021 y que seguramente estarán influenciados por la evolución que tenga los brotes y rebrotes del virus que afecta por este tiempo al planeta entero; otro factor que le da un toque especial a la decisión sobre la remuneración de los trabajadores para el próximo año, está asociado a las dificultades en los mercados internacionales y las limitaciones en el comercio exterior derivadas de los controles de bioseguridad que la mayor parte de los países han adoptado.

En esta perspectiva es necesario evaluar las implicaciones que la remuneración básica del trabajo tendrá como elemento que, por un lado contribuye a generar demanda de bienes y servicios, pero por otro lado, se convierte en un costo que afecta la competitividad de los bienes exportables, factor crítico en un momento en el que se ha vuelto imperativo encontrar nuevos mercados para la producción nacional como respuesta a las dificultades en los mercados internos; de la misma forma, se debe considerar que los costos laborales tienen un importante efecto sobre la generación de nuevos puestos de trabajo y la conservación de los existentes, especialmente en pequeñas empresas.

Desde el lado de la demanda, si el aumento del salario mínimo se ubica cercano a la tasa de inflación, lo único que hará es recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin tener un efecto positivo en el incremento del consumo, factor determinante de la recuperación de la dinámica económica interna; en este sentido, se debe considerar que los trabajadores que ganan el salario mínimo tienen lo que los economistas llaman una alta propensión marginal a consumir, esto indica que un incremento en el salario tendrá un efecto mayor en el consumo; por lo tanto, se puede convertir en un efecto multiplicador sobre la generación de nuevos puestos de trabajo y de recuperación de la economía. Por lo tanto, desde este punto de vista se esperaría que se autorice un aumento del salario mínimo superior no sólo a la inflación causada en 2020, también superior al índice inflacionario esperado para 2021.

Del lado de los costos de producción y sus efectos sobre la competitividad tanto de los bienes exportables colombianos, como también para aquellos que están dirigidos al mercado interno; se esperaría que el salario mínimo no tenga un crecimiento que pueda afectar la dinámica exportadora al encarecer la producción nacional con relación a la extranjera, no sólo dificultando la búsqueda de nuevos mercados internacionales, sino haciendo más competitiva la producción de otros países en el mercado interno, lo que necesariamente estaría facilitando los procesos de importación de bienes y servicios, afectando de manera negativa la generación de nuevos puestos de trabajo y por lo tanto la capacidad de consumo interno. De esta manera, si el incremento del salario mínimo es muy alto como lo pretenden las centrales obreras se puede generar un efecto negativo sobre las expectativas de los empresarios, quienes se verían frente a la posibilidad de buscar mercados laborales de menor costo para afrontar con una mayor competitividad la competencia propia de una economía globalizada. También es importante considerar que en una situación de altos niveles de desempleo favorece a quienes estén ocupados, pero reduce las expectativas de un puesto de trabajo para quienes están excluidos del mercado laboral.

Sin lugar a dudas, es una decisión difícil en la cual unos y otros, empresarios, trabajadores y Gobierno deben tener en cuenta las implicaciones que sobre la recuperación de la economía y la dinámica del empleo tiene el incremento del salario mínimo; pero también, es necesario considerar las implicaciones sociales que tiene el salario mínimo que se determine para el nuevo año.

Martes, 20 de octubre, 2020

Uno de los principales efectos económicos de la pandemia se ha visto reflejado en el crecimiento de la tasa de desempleo; más allá de las cifras, es importante analizar las implicaciones que tiene una caída del empleo como la que se viene observando en Colombia durante los últimos meses. El desempleo es de los principales problemas de una sociedad y se debe a que el flujo de entrada de personas a la población económicamente activa es mayor que los flujos que puede absorber el sistema productivo o, como ha ocurrido en la coyuntura actual, por la destrucción de puestos de trabajo por un factor no económico.

En el caso colombiano, la baja capacidad de absorción se encuentra asociada con las bajas tasas de inversión tanto del sector público como del privado, resultantes a la vez de la baja capacidad de generar ahorro interno. Si la inversión no aumenta significativamente, las posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo y las posibilidades de disminución de las tasas de desempleo serán reducidas. En los últimos meses esto se ha visto agravado por la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de las restricciones a la movilidad de las personas y la operación de algunos sectores de la economía grandes demandantes de trabajadores.

Además de las implicaciones económicas del desempleo; es importante analizar las consecuencias de tipo social, ya que la forma natural de vinculación del ser humano con la sociedad es el trabajo; por lo cual, se constituye en un elemento inseparable de la naturaleza humana, con una dimensión adicional, el progreso social se asocia en primera instancia con la ejecución de una ocupación útil y en segundo lugar el progreso y calificación de una labor como medio de mejoramiento de la calidad de vida y acceso a formas superiores de uso del tiempo disponible. Existe otra dimensión que no puede ser subestimada, y se ubica en el plano psicológico y espiritual. La persona no solo necesita trabajar, necesita ser necesitada; la valoración y autoestima están condicionadas por este componente central de las relaciones humanas y su subestimación puede conducir a una incorrecta valoración del costo social del desempleo.

En general, los análisis más economicistas del costo del desempleo lo vinculan con la falta de utilización en el proceso de producción de la fuerza laboral desempleada, por lo tanto, la pérdida será igual a lo dejado de producir por ésta población; el desempleo repercute con una mayor intensidad cuando se considera estructural, porque se prolonga por varios años, toda vez que puede llegar a imposibilitar a la persona para el retorno al mercado laboral, por perder el hábito y la disciplina para incorporarse a las rutinas que implica el ejercicio de un determinado empleo o mantener la concentración requerida para ejecutar un trabajo; esto no ocurre cuando el desempleo es friccional, o sea aquel que se produce cuando en la economía una parte de la población está desempleada por poco tiempo, debido a la existencia de una rápida rotación, resultante del ajuste de las empresas a los cambios del entorno en presencia de un mercado laboral muy flexible que responde a estos ajustes; también se considera desempleo friccional el resultante del proceso natural de rotación de los trabajadores de un puesto de trabajo a otro.

Las actuales cifras de desempleo en Colombia tienen dos componentes, por un lado está el desempleo estructural que se observaba antes de la pandemia, y por la otra el desempleo friccional que resulta de las medidas restrictivas de los gobiernos nacional y local a la movilidad de las personas; sin embargo si no se logra una pronta recuperación de la actividad económica, lo que hoy se puede calificar como desempleo friccional podría convertirse en desempleo estructural, por lo cual es necesario la adopción de medidas de política económica que contribuyan a recuperar los puestos de trabajo perdidos en los últimos siete meses.

Martes, 6 de octubre, 2020

En las actuales circunstancias que vive el país resulta importante hacer una reflexión en la perspectiva de la teoría institucionalista, que plantea el grado de institucionalidad como un conjunto de reglas que organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos, los grupos sociales y el estado, caben en esta órbita las políticas públicas, las distintas modalidades de asociatividad de la sociedad civil y, en general, las diversas formas de regulación de la conducta de los individuos.

En este sentido, las instituciones son un factor fundamental para la existencia de confianza en una sociedad; por lo cual, son consideradas como limitaciones o restricciones concebidas por los humanos; que estructuran una interacción política, económica y social basada en la confianza, resultado de unas reglas de juego claras y respetadas por todos los asociados, pero también con un estado fuerte con capacidad para hacerlas cumplir. Las instituciones consisten de un lado, en limitaciones informales (sanciones, tabús, costumbres, tradiciones, y códigos de conducta), y de otro lado en reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad).

En el sentido más amplio del término, las instituciones son el conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales; son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los colectivos erigen expresamente. Las instituciones en un país asumen características peculiares, de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes de una determinada economía y sociedad, y por supuesto es importante la influencia de los valores, tradiciones culturales y religiosas y, en general, de las convenciones existentes. Un conjunto cualquiera de reglas solo se transforma en institución cuando se comparte su conocimiento y se acepta su cumplimiento, voluntariamente o coercitivamente impuesto por el estado. Las instituciones, sin su correspondiente socialización, aprendizaje y transmisión, solo serian construcciones formales, pero sin viabilidad económica, política y social, porque nadie sabría siquiera de su existencia o de su operación.

En este orden de ideas, lo que estamos viviendo en el país es un desprestigio de la institucionalidad y la pérdida de capacidad del Estado para hacer respetar las reglas de juego que por medio de las costumbres y las leyes nos hemos dado los colombianos a través de un poco más de doscientos años de historia republicana; lo cual, no podría decirse que es culpa de uno u otro gobierno, sino que es el resultado de la descomposición social que se ha generado en diversas prácticas de la sociedad que incluyen el favorecimiento del enriquecimiento rápido sin apego a los valores éticos, y esto no implica solamente el narcotráfico y otro tipo de formas delincuenciales que el país ha padecido a lo largo de la historia; sino también, el aprovechamiento del Estado para el beneficio individual o de pequeños grupos; además incluye otras formas de corrupción menos visibles y tal vez menos criticadas, pero que igualmente constituyen aprovechamiento de los bienes colectivos en beneficio individual, tales como no asumir las responsabilidades derivadas de diversos contratos que se suscriben entre privados o entre lo público y lo privado; creer que las normas solo deben ser respetadas cuando es inminente la posibilidad de una sanción; no entender que el ejercicio de los derechos individuales promulgados por la modernidad también deriva en deberes para con el resto de la sociedad. Si se desea un cambio en la actual tendencia a la desinstitucionalización del país es necesario un compromiso serio de cambio en cada uno de los seres humanos que hacemos parte de él, en el sentido de respetar todo tipo de normas por simples que estas parezcan; además de respetar las instituciones formalmente establecidas.

Lunes, Septiembre 21, 2020

De acuerdo con el Boletín Económico Regional del Banco de la República, la economía del Eje Cafetero decreció durante el segundo trimestre de 2020 frente al mismo período del año anterior, esto debido al descenso en diferentes actividades, como la producción industrial, las ventas del comercio, la actividad hotelera, el transporte, y la construcción, consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas ante la covid-19. Retrocedieron también el consumo de energía, las exportaciones y las importaciones de materias primas y bienes de capital, en línea con la menor actividad industrial; además, disminuyeron las remesas recibidas del exterior, de gran importancia como fuente de ingreso de los hogares. En contraste, en la actividad agrícola se destacó la cosecha cafetera y el abastecimiento de alimentos a diferentes zonas del país. Por su parte, el desempleo aumentó a porcentajes históricos en las tres capitales de la región y su inflación se redujo, llegando a ser negativa en Pereira.

Lo anunciado da cuenta de una situación económica complicada en la cual el crecimiento del desempleo genera una disminución del ingreso disponible por de las familias, a lo cual se le suma la disminución de los ingresos por remesas provenientes del exterior, que en esta parte del país especialmente en Risaralda históricamente han representando una fuente importante de financiación del gasto familiar. Por lo tanto, las empresas no solamente se han visto afectadas por tener que seguir asumiendo los costos fijos con niveles de producción reducidos o cercanos a cero; sino también, por la menor demanda en el mercado local, nacional e internacional; esta afectación seguramente es mucho más fuerte en el sector de las microempresas que son más dependientes de los mercados locales.

La medición señalada solo tiene en cuenta datos hasta junio, es posible que en el tercer trimestre que se toma datos hasta septiembre se pueda observar una leve recuperación en los diferentes indicadores gracias a las medidas de apertura gradual de la economía que se dieron en agosto y a la ampliación de esta en septiembre, quedando solo algunos sectores con restricciones más amplias; aquellas empresas que lograron sobrevivir a la difícil situación seguramente tendrán un proceso de recuperación gracias a la disminución del empleo y con ello la capacidad de gasto de las familias.

No obstante lo anterior, es importante destacar que la recuperación no será tan rápida como la caída, en esto influyen elementos como las expectativas de los diferentes agentes económicos que toman precauciones en cuanto a control del gasto; la capacidad de los gobiernos locales y del gobierno nacional para intentar dinamizar la economía por la vía del aumento del gasto público, la cual se ha visto afectada no solo por los efectos del mayor gasto para hacer frente a los temas de salud; sino también, por menores recaudos tributarios, que según cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en el primer semestre se dejaron de recaudar 11 billones de pesos; lo que ha llevado a un crecimiento de la deuda pública por encima del 60% del PIB.

De todas formas, la recuperación de la economía regional tiene una fuerte dependencia de la dinámica de la economía nacional e internacional y de la capacidad de las empresas del territorio para recuperar sus flujos tradicionales de bienes, servicios y monetarios, de la capacidad de los gobiernos locales para gestionar nuevos proyectos de infraestructura con cofinanciación del gobierno nacional o con recursos propios. La prioridad de las administraciones públicas locales para lo que resta de su gestión y prioritario en su plan de desarrollo en el contexto actual, será impulsar con fuerza y articuladamente con las fuerzas vivas del territorio ambiciosos programas y proyectos de reactivación económica. Desde la Universidad de Manizales seguiremos haciendo seguimiento a la coyuntura económica regional con el propósito de ser faro de análisis para la sociedad y en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de lo público y lo privado.