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Ricardo Andrés Rivera Muñoz

Esperanza y abandono:

¿De qué manera las comunidades gestionan y prosiguen luego de un conflicto?, ¿cuáles sonlasherramientas que tienen para avanzar a pesar de la ausencia estatal y de las dificultades? Estas son solo dos de las preguntas queintentaronresponderinvestigadores de la UManizales en Tolima, Risaralda y Caldas.

En Palocabildo, Tolima, existe un conflicto asociado a la exploración, impacto y aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.Enestemismodepartamento, Cajamarca ha sido el epicentro de debates socio-ambientalesacercadel futuro de la mina La Colosa y el papel de la comunidad en la toma de decisiones. En Quinchía, Risaralda, las problemáticas están relacionadascon la inequidad en la distribución de los recursos económicos producto de la explotación minera y la degradación de los recursos naturales. Finalmente, en Manizales, Caldas, el Macroproyecto de la Comuna San José ha sido un escenario de diferencias por la forma y el fondo de la iniciativa que desplazó a unas 25.000 personas.

Fue precisamente en estos lugares donde tres investigadores de la Universidad de Manizales, adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas, se sumergieron para conocer de primeramanolastensionesterritoriales, ambientalesyeconómicasysurelación con las comunidades jóvenes, dentro del proyecto Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eco-región Eje Cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular.

“Lo que nos interesaba allí era estudiar los derechos en contextos de vulnerabilidad”, explica Rodrigo Giraldo Quintero,profesor e investigador.

La percepción de vulneración

Para los jóvenes de estos municipios la falta de oportunidades laborales, la imposición de nuevos modelos que van encontra de sus tradiciones y costumbres, además del desplazamiento a otros entornos, hacen parte de lo que ellos consideran como vulneración de sus derechos.

Claudia Alexandra Munévar Quintero, profesora e investigadora, describe como el contexto social, familiar y educativo influye en esta categoría: “No es la misma situación de vulnerabilidad que vive la juventud de la Comuna San José en Manizales, donde muchos han crecido en medio de la violencia, la drogadicción y la barreras invisibles; muchachos que concluyeron sus estudios de secundaria, pero no tienen acceso a la educación superior y cuyo proyecto de vida se ve impactado directamente por el Macroproyecto, dado que deben abandonar su territorio y migrar a otras zonas de la ciudad”.

Mientras que los chicos de Quinchía, inician a laborar mucho antes de lo permitido por la ley; son campesinos con tradición minera que se identifican como agrodescendientes, ingresan a esta actividad desde jóvenes y desean mantenerse allí como una herencia familiar, un legado. Ellos ven en el oro el futuro.

“Yo si digo que aquí hay que buscar como tal un potencial fuerte en oro y solamente para dar una buena recuperacióntienequehaberinversión, no digo extranjera, cualquiera. De todas maneras cuando hay empleo (...), todo mundo tiene dinero, empieza el flujo, eso es desarrollo”, comenta uno de los jóvenes de este municipio, entrevistado en 2015.

En la Comuna San José de Manizales surgió el Centro de Atención Jurídico Comunitario, liderado por la Universidad de Manizales, con el apoyo de la Fundación Escuela Contra la Pobreza, donde se asesora a la comunidad zonal y a quienes han sido trasladados a la Comuna Ciudadela del Norte.

Finalmente, en Cajamarca, el interés de los jóvenes es continuar con las actividades agrícolas y no permitir que se entreguen sus tierras a empresas extranjeras para explotación minera. Allí se encontró una relación distinta entre la comunidad y la tierra.

“Como yo nací en este territorio, uno se siente orgulloso de defenderlo, y bueno, con las comunidades nos estamos capacitando para tener más fortaleza, más poder constitucional porque al Estado hay que llenarlo de argumentos”, dice uno de los jóvenes de este municipio.

Pensar a América Latina se ha convertido para Germán en uno de sus caballos de batalla, siempre con un espíritu académico, no panfletario. Esta lógica ha llevado a que el conocimiento producido por el Centro de Estudios en Conocimiento y Cultura de América Latina –Ceccal, que él lidera, tenga resonancia en Argentina, México, Brasil y España, y cuente con convergencias con centros de pensamiento como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO y el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina – IPECAL.

En contraste, en Palocabildo, la misma población considera que este es un municipio expulsor, dado que no hay oportunidades laborales, ni educativas para quienes terminan sus estudios de bachillerato y por ello deben migrar.

Mientras que en algunas comunidades el ingreso de una mulinacional o la explotación minera significan progreso, en otros espacios hay tensión más fuerte acerca de la identidad y de la relación con la tierra. En Cajamarca no solo piensan en territorio como construcción humana sino como patrimonio de todos, manifiesta Carlos Dávila Cruz, investigador y docente.

Los investigadores distinguen dos tipos de vulnerabilidades: una natural y otra artificial. La primera es a la que estamos todos expuestos –con el medio ambiente por ejemplo-, pero la pesquisa se centró en la segunda. Allí, se crean estas condiciones por el desarrollo de un proyecto de interés social, un conflicto minero o el contexto económico, argumentó Munévar Quintero.

(Re)existir en el territorio

La resistencia es un concepto común entre los jóvenes que hicieron parte del proyecto.

“Cada quien resiste, lo hace a su manera; por ejemplo, los chicos de Cajamarca son campesinos con formación universitaria, tienen unos niveles de concientización política y de movilización muy altos, mientras que los de Quinchía y la Comuna San José están encasillados en la re existencia”, es decir, buscan construir una forma de vida diferente a la que les tocó, señaló Giraldo Quintero.

Por ejemplo, una circunstancia abordada fue el papel del fútbol para romper barreras invisibles y generar espacios de convivencia en el Macroproyecto San José. Un torneo deportivo se convirtió en catalizador de acciones positivas que mitigan conductas violentas.

A partir de estos hechos, los investigadores encontraron que en todos los casos estudiados hubo desatención del Estado, frente a cómo la ley se impone, cómo la ley marginaliza; posturas que fueron expresadas por los mismos jóvenes, quienes consideran que les expropiaron sus casas, los desplazaron de sus espacios, no les brindan oportunidades o no son importantes para la toma de decisiones.

Víctor Alfonso Caicedo Espinosa, director de la Fundación Escuela Contra la Pobreza, que trabaja con comunidades jóvenes de San José, dijo: “Con esta labor académica nos ayudaron a visibilizar problemáticas y dinámicas de nuestro contexto, con ejercicios como monografías, reconocimiento del territorio, talleres de formación sobre mecanismos básicos para ejercer el derecho”.

La mirada de este proyecto mutó hacia el constitucionalismo popular, es decir, al acercamiento participativo de las comunidades. Principalmente, eneste“caminar”conestosmovimientos sociales, se vieron involucrados jóvenes, quienes en sus distintos roles resignifican sus territorios, escenarios laborales y contextos de agrodescendencia, bien sea enalteciendo el trabajo desde sus fuerzas productivas, como también en la resistencia activa de cara a los derechos que como miembros pertenecientes a un lugar y a una causa común poseen.

Uno de los productos de este proyecto de investigación es la publicación De los conflictos socioambientales a las resistencias territoriales, donde los investigadores plasman que uno de los principales hallazgos es el abandono estatal en las cuatro localidades estudiadas. Abandono relacionado con la salud, la educación, las oportunidades laborales, entre otros.Sinembargo,tambiéndejanclaro que la esperanza se ve reflejada en las lógicas juveniles organizadas mediante asociaciones, movimientos y juntas de acción popular.

En caso particular de la capital de Caldas, durante el proyecto de investigación se adelantó un Foro Tribunal Simbólico en el que participaron juristas en calidad de jueces, la comunidad y representantes de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales – ERUM. La sentencia determina que los habitantes de los 11 barrios de la comuna San José, afectados por el macroproyecto, tienen la calidad de víctimas. “Darle esta condición a un ciudadano, así sea en un foro tribunal de carácter simbólico, es muy importante porque estamos ratificando que allí ha existido una vulneración de derechos individuales, sociales, colectivos, entre otros”, argumenta Giraldo Quintero.
Título de investigación:

Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eco-región Eje Cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular”, uno de los 12 proyectos Programa de investigación “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá: un camino posible de consolidación de la democracia,la paz y la reconciliación mediante procesos de formación ciudadana”.

Investigadores: Claudia Alexandra Munévar Quintero, Carlos Dávila Cruz y Rodrigo Giraldo Quintero, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Programa de Derecho, grupo de investigación Derechos Humanos y Conflicto.

Cofinanciación: Colciencias – Contrato No. 0959-2012. Consorcio “Niños, niñas y jóvenes constructores de paz: Democracia, Reconciliación y Paz”, conformado por: Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE, Universidad de Manizales y Universidad Pedagógica Nacional.

Periododelainvestigación: Entre el 2014 y 2018